Cuando un magistrado tucumano se retira del cargo, cobra como jubilación un máximo de $ 3.100 por mes. Este monto es notoriamente inferior al sueldo que percibe en actividad, lo que implica una desmotivación para dejar el despacho en los tribunales.
Actualmente, un juez de Primera Instancia registra ingresos mensuales de bolsillo del orden de los $ 5.000. Para un camarista, en tanto, en la boleta de sueldo aparece impreso que cobra unos $ 6.500, con una antigüedad promedio de 10 años. Desde la comparación, el techo previsional de $ 3.100 impuesto por las leyes nacionales es entendido como una suerte de castigo, en especial porque no rige para los magistrados de la Justicia Federal, quienes perciben el 82% del salario que tenían cuando estaban activos.
Superar esa diferencia de retribuciones es el objetivo de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), que realiza gestiones ante la Nación para unificar a todos los jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios en un mismo régimen, reglado por la ley 24.018.
Aparte del monto salarial, la norma faculta a jubilarse optativamente a los 60 años. La edad tope fijada por la Constitución nacional para ser juez es de 75 años. Si se acepta el pedido, se podría producir un cambio generacional en los Tribunales.
Los magistrados niegan que la ley nacional implique un régimen de privilegio. Por el contrario, resaltan que los jueces federales realizan un aporte extra para sostener el sistema, del 12% de su sueldo. Ese porcentaje pasaría a ser abonado también por los jueces provinciales, si se concretara la unificación. Actualmente aportan el 11% si están en el sistema estatal de reparto, o entre el 7 y el 9% si están en el de capitalización, según la AFJP.
Además, la Nación exigiría que se cumpla con un plazo mínimo de aportes, de entre 10 y 15 años. Según la cantidad de períodos cubiertos, los jubilados acceden a determinados beneficios, en forma creciente.
En 2004, la FAM mantuvo diversas reuniones con el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada, y con el jefe de Gabinete de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, Walter Arrighi, que fueron calificadas por la entidad como hitos favorables a su pedido. Hace tres semanas, la Federación debatió su planteo con Elsa Rodríguez Romero, asesora de la Secretaría nacional de Seguridad Social, con quien avanzaron en el armado técnico de la unificación del sistema previsional, para abarcar a todas las provincias que transfirieron a sus jubilados durante el menemismo.
El mismo reclamo realizan los miembros de la Cancillería argentina, ya que sus ingresos como miembros de delegaciones diplomáticas son muy superiores al techo jubilatorio.
Actualmente, un juez de Primera Instancia registra ingresos mensuales de bolsillo del orden de los $ 5.000. Para un camarista, en tanto, en la boleta de sueldo aparece impreso que cobra unos $ 6.500, con una antigüedad promedio de 10 años. Desde la comparación, el techo previsional de $ 3.100 impuesto por las leyes nacionales es entendido como una suerte de castigo, en especial porque no rige para los magistrados de la Justicia Federal, quienes perciben el 82% del salario que tenían cuando estaban activos.
Superar esa diferencia de retribuciones es el objetivo de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), que realiza gestiones ante la Nación para unificar a todos los jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios en un mismo régimen, reglado por la ley 24.018.
Aparte del monto salarial, la norma faculta a jubilarse optativamente a los 60 años. La edad tope fijada por la Constitución nacional para ser juez es de 75 años. Si se acepta el pedido, se podría producir un cambio generacional en los Tribunales.
Los magistrados niegan que la ley nacional implique un régimen de privilegio. Por el contrario, resaltan que los jueces federales realizan un aporte extra para sostener el sistema, del 12% de su sueldo. Ese porcentaje pasaría a ser abonado también por los jueces provinciales, si se concretara la unificación. Actualmente aportan el 11% si están en el sistema estatal de reparto, o entre el 7 y el 9% si están en el de capitalización, según la AFJP.
Además, la Nación exigiría que se cumpla con un plazo mínimo de aportes, de entre 10 y 15 años. Según la cantidad de períodos cubiertos, los jubilados acceden a determinados beneficios, en forma creciente.
En 2004, la FAM mantuvo diversas reuniones con el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada, y con el jefe de Gabinete de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, Walter Arrighi, que fueron calificadas por la entidad como hitos favorables a su pedido. Hace tres semanas, la Federación debatió su planteo con Elsa Rodríguez Romero, asesora de la Secretaría nacional de Seguridad Social, con quien avanzaron en el armado técnico de la unificación del sistema previsional, para abarcar a todas las provincias que transfirieron a sus jubilados durante el menemismo.
El mismo reclamo realizan los miembros de la Cancillería argentina, ya que sus ingresos como miembros de delegaciones diplomáticas son muy superiores al techo jubilatorio.
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