Restituyeron los decretos rechazados en el Congreso

Por medio de los decretos 627/2025 y 628/2025, publicados ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la restitución de normativas que habían sido modificadas mediante cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente Javier Milei en el marco de las facultades delegadas. Dichas medidas fueron rechazadas por el Congreso el mes pasado e involucraban cambios en organismos como Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

“Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos“, señala el primer documento oficial. Las resoluciones restituidas corresponden a decretos mediante los cuales el Poder Ejecutivo había introducido cambios en la conformación de distintos organismos. En su momento, el Gobierno los había calificado como “ineficientes”.

Entre las modificaciones ahora canceladas figuran: la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeano con el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas (Decreto 345/25); la incorporación del Banco Nacional de Datos Genéticos como organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Decreto 351/25); la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) (Decreto 461/25); y la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) (Decreto 462/25).

El segundo decreto, en tanto, ordena reponer los objetivos originales del Teatro Nacional Cervantes (Decreto 531/25), la estructura organizativa del INTA (Decreto 571/25) y las facultades de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Decreto 583/25). También establece el restablecimiento de las funciones del Director Ejecutivo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (Decreto 584/25) y de las obligaciones de la Secretaría de Hacienda (Decreto 585/25).

Incertidumbre jurídica

En los considerandos, el Ejecutivo argumentó que el rechazo parlamentario había generado un escenario de “incertidumbre jurídica que afecta la seguridad y previsibilidad del ordenamiento legal, dificulta la implementación de políticas públicas, limita la actuación y habilita interpretaciones contradictorias o discrecionales en desmedro de la previsibilidad que reclama la sociedad en su conjunto”.

“Es responsabilidad del Poder Ejecutivo garantizar el adecuado y continuo funcionamiento de la Administración Pública, máxime en circunstancias que comprometen el ejercicio de funciones de notoria relevancia, a través de la toma de decisiones que salvaguarden el orden jurídico y garanticen la continuidad operativa de sus instituciones en protección de aquel interés”, explicó. Por esa razón, el Gobierno sostuvo que la manera más “prudente” de alcanzar un marco de “certidumbre y estabilidad” es restituir la vigencia de las disposiciones previas. “Es necesario a fin de despejar cuestionamientos e interpretaciones contradictorias que pudieran afectar los actos que se dicten al amparo de la nueva normativa”, añadió. Cuando se habían publicado los decretos originales, la Casa Rosada había fundamentado los cambios asegurando que buscaba “optimizar las funciones y recursos de los organismos del Estado“.

Por su parte, el líder del bloque libertario, Ezequiel Atauche, defendió las medidas al señalar que “la Ley Bases no habla de cierres, sino de reorganizaciones”. Y criticó el aumento de empleados en los organismos en los últimos años al apuntar: “Nosotros conservamos las funciones y corremos a los militantes que no trabajan. Y no estoy hablando de todos“.