Por Juan Manuel Montero
27 Agosto 2025
“Son todos corruptos”. La frase se suelta libremente, y cada vez con mayor frecuencia, en cualquier ámbito de la sociedad. Nos hemos acostumbrado a afirmar que, sobre todo los que están en la esfera del poder, como manejan dinero público, ante la más mínima sospecha, son deshonestos. Sin dudas que la historia política del país nos da ejemplos de sobra con condenados en todas las instancias, desde presidentes para abajo. Pero una cosa es decirlo, y otra muy distinta es probarlo. Ahí están las estadísticas para eso: sólo el 2% de los procesados por corrupción llegan a una condena, con el abuso de autoridad y la violación de deberes de funcionario público como los delitos más investigados en casi 2.200 causas abiertas hasta ahora. Es que investigar estos delitos es más complejo de lo que parece. El ejemplo del juicio por el destino de los fondos que la Universidad Nacional de Tucumán le dio a los fondos provenientes de YMAD es concreto. Debieron pasar más de 15 años para que se arribe a una condena (o tres para ser más específicos) ¿Puede considerarse que se hizo Justicia, entonces? Un purista dirá que al menos Juan Alberto Cerisola, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino fueron condenados y deberán pagar por las irregularidades que cometieron. ¿Qué pasa con Luis Sacca? Estuvo todo ese tiempo procesado, él mismo dijo que lo mataron profesionalmente en vida y ahora, 15 años después de haber sido acusado, es absuelto por el beneficio de la duda. ¿Qué quiere decir esto? No es que no había pruebas en su contra, o una inexistencia de evidencia para demostrar por lo que se lo acusaba, sino que los jueces consideraron que había una duda razonable sobre su culpabilidad, por lo que debía prevalecer, como lo dice la ley, la interpretación más favorable para su persona.
En Argentina no existe el delito de corrupción como tal. Pero hay figuras que se relacionan con esto. Se define corrupción como el abuso del poder confiado para obtener beneficios privados. Puede ser dinero, o no. Pero uno de los delitos que se vincula definitivamente con la corrupción es el fraude en perjuicio de la administración pública (artículo 174, inciso 5 del Código Penal), y fue por ese delito que se condenó a Cerisola, a Cudmani y a Venturino. Lo dijo el propio fiscal Pablo Camuña en parte de su alegato al desmenuzar la causa: “Hablamos de un caso grave de corrupción estructural en el ámbito de la Universidad Nacional de Tucumán. Cerisola defraudó a sabiendas los intereses de la UNT a él confiados y le ocasionó un perjuicio de al menos $ 53.400.973.261,18, por lo que deberá responder penalmente”.
La sentencia también sienta un precedente importante en el ámbito judicial tucumano y nacional: muestra que incluso en instituciones académicas, tradicionalmente alejadas de los grandes procesos de corrupción, pueden darse maniobras de defraudación que ameriten sanciones ejemplares. El énfasis en la inhabilitación perpetua para cargos públicos refleja la decisión del tribunal de impedir que los condenados vuelvan a ocupar posiciones de poder.
Fuerte debate
Desde que se iniciara la investigación en 2010, el caso Cerisola generó un fuerte debate en la provincia. Hubo marchas, reclamos gremiales y denuncias sobre la transparencia en la UNT.
El impacto de este fallo trasciende a los protagonistas. La condena recuerda que la administración de recursos públicos exige un estándar máximo de honestidad y que los posibles desvíos no queden impunes. La Universidad, como símbolo del conocimiento y la formación ciudadana, se vio sacudida por un proceso que ahora tendrá consecuencias jurídicas y patrimoniales para sus ex autoridades. En diciembre del año pasado, el actual rector de la UNT fue tajante: “Me pone de mal humor que digan que la UNT es corrupta”, afirmó. Pero el ejemplo siempre debe venir de los que tienen mayor peso en las decisiones.
Está más que claro que no todos son corruptos, y que la administración de bienes públicos no siempre está reñida con la moral. La condena a Cerisola y sus funcionarios representa un mensaje claro sobre las responsabilidades de los administradores en distintos ámbitos. Y la Justicia debe activar todos sus recursos para que las causas no deambulen por los escritorios durante décadas. Se sabe, una justicia lenta no es justicia.
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