Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario

Luego de 15 años de investigación y de 15 meses de juicio, la Justicia condenó ayer al ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) Juan Alberto Cerisola en la causa en la que se analizó el destino que se les dieron a los montos millonarios recibidos de utilidades mineras de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).

Luego de escuchar las últimas palabras de los imputados, durante las cuales el ex rector aseguró que no era un corrupto, el tribunal integrado por los jueces subrogantes Jorge Alejandro Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, entregó el veredicto al secretario Hugo del Sueldo Padilla, quien lo leyó ante la presencia de todos los imputados, de sus defensores y de los representantes del Ministerio Público Fiscal. El fallo determinó la responsabilidad penal del ex rector Cerisola, de la ex directora de Construcciones Universitarias, Olga Graciela Cudmani, y del ex director de director de Inversiones y Contrataciones Osvaldo Venturino, mientras que otorgó la absolución por el beneficio de la duda al ex subsecretario administrativo, Luis Fernando Sacca.

El tribunal rechazó en primer lugar los planteos de prescripción y nulidad presentados por las defensas. Así despejó el camino para resolver sobre el fondo de la acusación: las irregularidades en la administración de recursos millonarios destinados a obras universitarias. Según la acusación, las obras habían sido objeto de sobreprecios y manejos que no se ajustaron a las normas de transparencia que deben regir en la función pública.

El fallo fue contundente contra Cerisola. Si bien los fiscales Pablo Camuña, Agustín Chit y Lucía Doz Costa habían pedido seis años de prisión, los jueces lo condenaron a tres años y seis meses, inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos, y lo declararon coautor del delito de defraudación contra la administración pública en perjuicio de la UNT. También se lo halló culpable de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La sentencia lo obliga además a afrontar, junto con Cudmani, el pago solidario de más de 39 millones de pesos —actualizados por inflación desde 2012—, suma que el tribunal estableció como el perjuicio económico causado por las maniobras.

Cudmani recibió una pena de tres años y dos meses de prisión, además de la misma inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Su condena la alcanza en calidad de coautora de la defraudación. El tribunal determinó que también debe responder junto a Cerisola por los 39 millones y, adicionalmente, en forma solidaria con Venturino, por otro monto de 717.000 pesos, también actualizable, vinculado a una readecuación financiera irregular de una de las obras investigadas.

Por su parte, Osvaldo Venturino fue condenado a dos años de prisión en suspenso. El tribunal consideró su rol en las maniobras defraudatorias, aunque le otorgó una condena menor, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta: fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Internos y Liberados, y abstenerse de cometer nuevos delitos. La inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos también le fue aplicada, lo que lo aparta definitivamente de la función estatal.

Luis Fernando Sacca, en cambio, fue absuelto. Los jueces aplicaron el principio de la duda razonable y consideraron que no había elementos suficientes para probar su participación en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación. Su absolución marca un contraste fuerte con las condenas impuestas a los otros imputados, aunque el tribunal mantuvo el embargo general de sus bienes hasta que la sentencia quede firme.

Los cuatro imputados mantuvieron la calma durante la lectura del fallo, pero los tres condenados afirmaron personalmente o a través de sus abogados que esto está lejos de terminar.

El fallo ordenó además el decomiso de los efectos del delito y dispuso que los responsables indemnicen a la UNT, subrayando la gravedad de los sobreprecios de obra detectados. Este punto tiene una gran relevancia simbólica y práctica, porque implica el reconocimiento judicial de que la universidad pública fue víctima de un perjuicio económico directo.

Durante el juicio, que comenzó en mayo del año pasado y que contó con numerosos testigos y peritajes, se ventilaron las distintas responsabilidades y se expusieron los mecanismos que llevaron a encarecer obras clave de la UNT. La Fiscalía había sostenido que el caso se trataba de un ejemplo paradigmático de corrupción en la gestión de fondos públicos universitarios, mientras que las defensas insistieron en la legalidad de los procedimientos. Las defensas, representadas por Silvia Peyrachia y Rosa Luz Casen en el caso de Cerisola, Víctor Taleb, por Sacca, Alfredo Falú por Cudmani y Mariano Galleta y Pamela Tenreyro (ambos del Ministerio Público de la Defensa) de Venturino, habían rechazado todas las imputaciones y pidieron la absolución lisa y llana de sus defendidos.

Basbús, Farías y Lilljedahl, sin embargo, inclinaron la balanza hacia la tesis acusatoria.

La causa, a pesar del paso del tiempo, aún está lejos de definirse. Es que todas las partes, incluida la defensa de Sacca, ya adelantaron que lo apelarán. Es que al menos en el caso del ex subsecretario administrativo, Taleb no se mostró conforme en cuanto a que se mantengan los embargos.

Los jueces definieron que se conocerán los fundamentos del veredicto en aproximadamente 10 días. Con esto tanto los representantes del Ministerio Público como los defensores podrán hacer un análisis y preparar la apelación.

La causa: una ciudad universitaria

El caso se remonta a 2010, cuando el arquitecto Ramón Eudal (ya fallecido) y el abogado Oscar López denunciaron ante la Justicia Federal supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). Por ley, la UNT debía destinar el 40% de las utilidades a la construcción de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier. Sin embargo, en diciembre de 2007 el directorio de YMAD declaró concluida esa obra y redujo el porcentaje al 20%, liberando la otra parte de los fondos. En enero de 2008, Cerisola firmó el acta que oficializó la medida y abrió la puerta a un esquema especial de contrataciones que, según los investigadores, se apartó de la Ley de Obra Pública. Con ese dinero, en vez de terminar lo que se conoce como “La ciudad universitaria de San Javier” se inició una serie de obras relevantes en las dependencias del gran San Miguel de Tucumán.

Cerisola: “no soy un corrupto”

En el tramo final del juicio por el destino de los fondos de YMAD, el ex rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, habló, antes de la sentencia, por última vez ante los jueces. Lo hizo tras 15 años de proceso y más de un año de audiencias. “Tengo la tranquilidad de conciencia de no haber sido un corrupto”, aseguró en medio de su alocución.  “Estoy demasiado grande, demasiado cansado y agotado después de soportar este proceso penal”, dijo, antes de remarcar que “no cometimos ninguna acción que motivara esta acusación”. El ex rector cuestionó con dureza la postura de los fiscales: “Si los miembros de un Ministerio Público acusan sin pruebas, nuestro país se convierte en una patria democráticamente inviable”. Además negó haber tenido un enriquecimiento ilícito: “Nunca tuve empresas, ni cuentas, ni bienes ocultos. Mis declaraciones patrimoniales fueron investigadas y no se halló nada”. Cerisola calificó de “escalofriante” la comparación de su caso con los juicios de lesa humanidad: “Esa analogía traspasó todos los límites y resultó impactante para toda la sociedad tucumana”. También sostuvo que fue blanco de una imputación selectiva: “Muchas otras personas que ejercieron cargos de responsabilidad nunca fueron llamadas ni siquiera a declarar”. Al cerrar, se dirigió a la comunidad universitaria: “Si miro mis 50 años como profesor y mis ocho como rector, creo que valió la pena. Recuperamos el Canal 10, fundamos la editorial universitaria y ampliamos la infraestructura. Eso no se dijo en este juicio”. Con la voz quebrada, concluyó: “Estoy en paz, sostenido por mis afectos y con la memoria de cada paso de mi vida. Muchas gracias”.

Cudmani: “No cometí delitos”

En sus útlimas palabras, la ingeniera Olga Cudmani se defendió con firmeza y apuntó contra la fragilidad de las acusaciones en su contra. “Me acusan de hechos que nunca hice, de cálculos que no me correspondían y de sobreprecios que jamás existieron”, señaló. Recordó que las decisiones cuestionadas estuvieron “avaladas por toda la estructura jerárquica de la Universidad” y advirtió que las imputaciones partieron de un informe de Gendarmería “lleno de errores, sin rigor técnico y utilizado durante más de una década para bastardearme mediáticamente”. Conmovida, afirmó: “Desde 2009 estoy bastardeada, dañada en mi nombre y en mi carrera, solo por haber trabajado”. La ex funcionaria relató el costo personal que atravesó: “Me suspendieron sin sueldo, me dejaron sin cobertura médica, y dos de mis hijos tuvieron que dejar la universidad para salir a mantener a la familia”. Dirigiéndose al tribunal, enfatizó: “El daño que me hicieron ya está hecho. Me sacaron de Construcciones Universitarias como si fuera una delincuente”. Pese a ello, sostuvo con orgullo: “Estoy muy orgullosa de mi trabajo: más de 100 obras de alta calidad, al menor precio del mercado, hoy siguen siendo útiles para la comunidad universitaria”. Finalmente agradeció a su familia, colegas y al personal del juicio: “Solo espero que apliquen el derecho al dictar sentencia. Estoy de pie gracias a mis afectos y al orgullo de lo que hice”.

Venturino: “Nunca tuve autoridad para imponer pagos”

En el cierre del juicio por el destino de los fondos de YMAD, Osvaldo Venturino, ex director de Inversiones y Contrataciones de la UNT, utilizó sus últimas palabras para remarcar su inocencia. “Estoy de acuerdo con todo lo referido por la defensa. Yo fui personal no docente, sin potestad para dictar resoluciones ni autoridad para imponer pago alguno”, expresó ante los jueces. Explicó que su participación se limitó a un trámite puntual: “Solo elaboré, por orden de la Unidad de Auditoría Interna, un cálculo relacionado con la obra 533”, y subrayó que “ese trabajo fue avalado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y por la Auditoría Interna”. Venturino insistió en que siempre actuó dentro de la legalidad: “Procedí con responsabilidad, legalidad y legitimidad”. En su mensaje final, defendió su trayectoria dentro de la Universidad: “A lo largo de 44 años ininterrumpidos en la Dirección de Construcciones, nunca tuve una sanción ni un llamado de atención”. Visiblemente emocionado, concluyó con gratitud hacia el tribunal: “Esto es lo que podía decir. Les agradezco a todos ustedes”.

Sacca: fue el único que no habló antes de la sentencia

El ex subsecretario administrativo Luis Sacca no quiso hacer uso de su derecho procesal y declinó decir sus últimas palabras ante los miembros del Tribunal Oral Federal. Resultó absuelto por el beneficio de la duda en la acusación de las colocaciones financieras, pero el tribunal resolvió mantener el embargo y la inhibición general de bienes de Cerisola, Cudmani, Venturino y Sacca.

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En las afueras del Tribunal Oral Federal, sobre las veredas de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco, hicieron guardia durante la mañana hasta que terminó el juicio el gremio Adiunt y organizaciones ambientalistas para protestar contra la megaminería.