No habrá voto electrónico si los comicios son simultáneos

Los miembros de la Legislatura no se resignan a tener que esperar dos años para aplicar el voto electrónico. Ayer, le pidieron al presidente de la Junta Electoral Provincial y vocal de la Junta Electoral Nacional, Alfredo Carlos Dato, que agote las posibilidades para que el sistema sea chequeado en los comicios de octubre, en forma experimental en una o dos urnas computarizadas.
Dato concurrió al despacho del vicegobernador Fernando Juri en una visita protocolar, como flamante presidente de la Corte Suprema de Justicia. Allí lo esperaba, también, una docena de legisladores de distintas bancadas, que le solicitaron una prueba piloto del sistema sancionado en la ley electoral votada hace nueve días. "Hay que ver cómo se va adaptando y poniendo en práctica, con casos testigos en distintas zonas, tal como figura en la ley", adujo Juri.
Pese a los planteos, Dato reiteró que, si el Gobierno convoca a elecciones de constituyentes y de intendente de la Banda del Río Salí en forma simultánea a las de diputados nacionales, es imposible pensar en una experiencia de voto electrónico. "No se la puede aplicar porque la única autoridad será la Junta Electoral Nacional, y todo el mecanismo quedará regido por las normas nacionales, ya que habrá una subordinación de la provincia. Si son comicios separados, se puede evaluar el pedido, pero a la decisión debe tomarla el gobernador José Alperovich", dijo.
El magistrado aclaró que la reglamentación del Gobierno nacional sobre las internas abiertas para designar a los candidatos a diputados no se podrá aplicar en la selección de convencionales constituyentes. Estos últimos, afirmó, están regidos por la ley provincial 1.279.

Pronunciamiento cercano
Dato confirmó que la próxima semana habría un pronunciamiento de la Corte sobre los planteos de los justicialistas Víctor Arias y Carlos Posse contra la reforma constitucional y en defensa de la Ley de Lemas para elegir convencionales. "Confío en que se emita un acuerdo final sobre el trámite, aunque todavía no habría fallo sobre el fondo de la cuestión", anunció. Se refirió a que el tribunal se expedirá primero sobre su competencia para actuar en las presentaciones, y luego sobre los planteos en sí. Juri señaló que el camino elegido por Arias y Posse excede su voluntad política. "Sancionamos leyes, que pueden judicializarse o no. No preguntamos sobre el contenido que tendría el fallo, porque hubiese significado avanzar sobre otro poder", remarcó.

Alternativa para jueces que quieran retirarse
Magistrados y vocales de Cortes Supremas de Justicia de todo el país gestionan ante el Ministerio de Trabajo de la Nación un nuevo régimen previsional para jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios jerárquicos. Pretenden que la edad para jubilarse sea 60 años (tanto para varones como para mujeres) y que, reciban el 82% de los haberes que percibían cuando estaban en actividad. Además, afirman que esa suma debe ser móvil, según los incrementos que reciba la clase pasiva.El objetivo de las modificaciones es lograr un régimen económicamente más atractivo para los magistrados que hayan superado la edad mínima y decidan retirarse, siempre en forma optativa. Actualmente, un juez jubilado cobra casi la mitad de lo que percibe quien está trabajando.
La opción, de implementarse, significaría una renovación profesional de los tribunales. En la Federación Argentina de Magistrados (FAM) calculan que unos 400 miembros del Poder Judicial dejarían sus cargos. En Tucumán, con las nuevas reglas, habría unos 40 magistrados en condiciones de alejarse de los despachos, aparte de los secretarios.
Ante los legisladores, el titular de la Corte, Alfredo Carlos Dato, deslizó ayer la posibilidad de crear nuevos despachos y de dar de baja a otros siempre que se produzcan vacantes. "Hay que pensar en la necesidad de modificar algunos fueros, como el del Trabajo o el Contencioso Administrativo, para que haya una primera instancia. Trataríamos de que no implique un aumento presupuestario, sino hacerlo mediante una reasignación de fueros y de personal", concluyó.

Tres salidas
La alternativa que analizan para introducir las modificaciones es la ampliación del ámbito de la Ley 24.018, que rige para los magistrados y funcionarios nacionales. La discusión gira alrededor del instrumento legal que permitiría concretar los cambios en las 10 jurisdicciones que transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación durante la década del 90. Las opciones son un decreto de cada provincia, una resolución del ministro Carlos Tomada, o una ley.
El tema sería tratado durante la reunión del lunes de la Junta Federal de Cortes, a la cual concurrirá Dato.