El chiste de la reforma

Las desconfianzas entre los líderes del oficialismo.

07 Abril 2005
Por Alvaro José Aurane

Durante estos días, una humorada divierte a algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia local. Consiste en que habría dos sistemas electorales vigentes en la provincia.
El chiste, que a estas alturas es bastante serio, tiene dos partes. En la primera, advierte que cuando la Legislatura votó la ley que habilita la reforma parcial de la Carta Magna, en diciembre pasado, estableció que la elección de constituyentes debía realizarse según el régimen de la vieja ley 1.279. Esto fue ratificado el mes pasado, cuando fue aprobado un nuevo esquema electoral (lista única e internas abiertas), que aún no rige. El razonamiento de los legisladores del PJ decía: muerta la Ley de Lemas y con la nueva norma sin promulgar, volvió a la vida el vetusto sistema que en los 80 era llamado de "lista sábana".
Aquí, justamente, empieza la segunda parte del cuento. El artículo 139 de la Constitución provincial (repite de memoria un vocal) dice: "en tanto no se dictare la nueva ley electoral, regirá lo establecido en la ley 1.279". La norma no dice "en tanto no se promulgue". El verbo "dictar" es lo suficientemente vago como para que alguien haga el entorpecedor planteo de que la mera sanción de la nueva ley electoral ya ha dado por cumplido el artículo. Y que, en consecuencia, hay que elegir a los constituyentes no mediante la ley 1.279, sino con la que los legisladores acaban de aprobar.
La Real Academia Española de la Lengua en nada esclarece la cuestión. Según su diccionario, cuando se trata de leyes, fallos y preceptos, "dictar" significa dar, expender, pronunciar.La broma, en síntesis, no consiste en divertirse con los intríngulis semánticos en los que pueden derivar ciertas imprecisiones léxicas, capaces de convertirse en lagunas del Derecho. Lo que el chiste hace aquí es denunciar que, en el subtrópico, hasta las reformas constitucionales se encaran con poca seriedad.

Póquer de tres
En el oficialismo, nadie está mirando el contenido de la futura Constitución. Todos los ojos están puestos en una partida de póquer político que juegan José Alperovich, Fernando Juri y Julio Miranda. Desconfían del gobernador, porque creen que -si puede- habilitará la reelección para las actuales autoridades y, además, no pondrá plazos. Temen que, al estilo San Luis, fije la renovación consecutiva e indefinida de mandatos.
Desconfían del senador, justamente, porque olfatean que nada le impide pronunciarse, en plena reforma, a favor de la reelección, pero para las autoridades que asuman en 2007. Claro que sus allegados admiten que para que esa aventura sea al menos posible, ningún partido de la oposición debería transar con el Gobierno, lo que estiman imposible.
Y desconfían del vicegobernador porque Juri juega su propio partido. Nadie sabe qué quiere el titular de la Legislatura. Y él sólo contesta que espera, porque le sobra tiempo. Entonces, aparece abatiendo la Ley de Lemas para espanto peronista, pero a su vez es garante de la habilitación de la reelección, lo que tranquiliza a oficialistas y a opositores.
Por lo pronto, habrá una pelea sin cuartel por los espacios en la lista del peronismo. Y aunque se habla de que las tres cabezas van a consensuar las postulaciones, el reparto equitativo de candidaturas es un desafío. Porque por ahora, ninguno de los tres referentes luce feliz sabiendo que por cada hombre de confianza propio, los otros contendientes estarán sentando dos.
Mientras tanto, el esmero en conseguir una mejor Constitución no aparece. En el oficialismo sólo enumeran institutos que no saben muy bien cómo incorporar. Total, la actual Carta Magna reboza de pautas jamás instrumentadas. El mismo artículo 139 dice que la actual distribución de bancas legislativas regirá "hasta tanto se verifique un nuevo censo poblacional". Desde 1991, cuanto el nuevo digesto entró en vigencia, pasaron dos. Y según el último, la sección Capital debería tener 16 escaños en lugar de 18; el Oeste debería sumar 15 en vez de 11; y el Este debería tener 9 y no 11.
No importa si se promulgan, se sancionan o se dictan: en Tucumán, las normas a menudo no se cumplen. Por estos días, como hace décadas, ese chiste no les hace gracia a las instituciones.

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