Por Redacción Política
07 Abril 2005
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Las cosas cambiaron rotundamente para el diputado nacional Esteban Jerez (Recrear). Cuando era fiscal anticorrupción, solía impulsar numerosas investigaciones. Pero ahora pretende que la Cámara Penal dicte su sobreseimiento y que declare la extinción de la acción que promovió en su contra, en noviembre de 2003, el juez de Instrucción de la I Nominación, Alfonso Zottoli. Este lo querelló por supuestas injurias (desacreditar o deshonrar a otro), porque cuando Jerez era funcionario judicial lo había acusado de formar parte de una quinta columna que trababa sus actuaciones.
El parlamentario invocó la polémica Ley 25.990, promulgada en enero pasado, que acortó el plazo para la prescripción de la acción penal. "El último de los hechos denunciados como presuntamente injuriante fue cometido, según surge de la demanda, el 18 de marzo de 2003... Durante el transcurso de la presente causa no se sucedió ninguno de los hechos, establecidos en forma taxativa por la norma penal, que tuviera virtualidad interruptiva", aseveró.
Jerez insistió en que toda persona tiene derecho a un pronunciamiento judicial en un plazo razonable. "Urge liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito mediante una sentencia que establezca, de una vez para siempre, su situación frente a la ley penal", subrayó.
El titular de Recrear destacó que la prescripción de la acción penal tiene los efectos de una sanción por el retardo en la resolución de la investigación. "Mal puede otorgarse a los propios órganos estatales encargados de la persecución penal la posibilidad de prolongar arbitrariamente los plazos; todo esto, en desmedro de la seguridad jurídica", afirmó.
El pasado, pisado
Más allá del argumento jurídico que utilizó (prescripción de la acción), Jerez aclaró que no actuó con ánimo de injuriar contra nadie en forma concreta. "Por aquellos tiempos me encontraba desempeñando una función pública, durante la cual, en todo momento, antepuse el interés público por sobre el particular. Por esta razón no resulta del caso, y menos en esta instancia, ahondar en aquellos hechos referidos como injuriantes", dijo.
El parlamentario invocó la polémica Ley 25.990, promulgada en enero pasado, que acortó el plazo para la prescripción de la acción penal. "El último de los hechos denunciados como presuntamente injuriante fue cometido, según surge de la demanda, el 18 de marzo de 2003... Durante el transcurso de la presente causa no se sucedió ninguno de los hechos, establecidos en forma taxativa por la norma penal, que tuviera virtualidad interruptiva", aseveró.
Jerez insistió en que toda persona tiene derecho a un pronunciamiento judicial en un plazo razonable. "Urge liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito mediante una sentencia que establezca, de una vez para siempre, su situación frente a la ley penal", subrayó.
El titular de Recrear destacó que la prescripción de la acción penal tiene los efectos de una sanción por el retardo en la resolución de la investigación. "Mal puede otorgarse a los propios órganos estatales encargados de la persecución penal la posibilidad de prolongar arbitrariamente los plazos; todo esto, en desmedro de la seguridad jurídica", afirmó.
El pasado, pisado
Más allá del argumento jurídico que utilizó (prescripción de la acción), Jerez aclaró que no actuó con ánimo de injuriar contra nadie en forma concreta. "Por aquellos tiempos me encontraba desempeñando una función pública, durante la cual, en todo momento, antepuse el interés público por sobre el particular. Por esta razón no resulta del caso, y menos en esta instancia, ahondar en aquellos hechos referidos como injuriantes", dijo.
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