Pronunciamiento contra la Ley de Lemas

El intento judicial de hacer renacer la Ley de Lemas para aplicarla a los comicios de convencionales constituyentes que reformarán la Constitución provincial chocó ayer contra la opinión del ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri. El funcionario judicial aconsejó al alto tribunal que rechace la demanda del ex legislador peronista Víctor Arias y del dirigente Carlos Posse, y consideró que la pretensión fue interpuesta fuera de plazo.
De Mitri ratificó la legalidad de la ley 7.435, sancionada el año pasado, por la cual fueron sepultados los sublemas. En su escrito, Arias y Posse habían afirmado que la ley violaba artículos de la Carta Magna provincial vigente, ya que imponía un régimen electoral para elegir convencionales constituyentes diferente al usado para votar a los legisladores.
Aunque su opinión no es vinculante, el ministro fiscal afirmó: "la derogación (de los sublemas) no infringe la norma constitucional y tampoco genera una cuestión constitucional nacional, porque el sistema reconoce su reglamentación por medio de la ley".
Los accionantes habían planteado, además, que las alternativas parlamentarias habían causado incertidumbre sobre la ley que debía regir los próximos comicios y pidieron a la Corte que se expida sobre cuál régimen debe aplicarse. Ambos puntos fueron también objetados por el jefe de los fiscales.

Plazo vencido
"La pretensión de que la Corte determine el sistema electoral vigente para convocar a elecciones de convencionales remite a un requerimiento consultivo que no es propio de la jurisdicción del tribunal. El caso judicial se presenta cuando en la relación jurídica sea demostrado algún perjuicio o lesión, pero no cuando se le reclama una decisión sobre una materia atribuida a los otros poderes del Estado", advirtió. Más allá de las consideraciones jurídicas sobre el fondo de la cuestión, De Mitri afirmó que en el caso operó la caducidad del plazo máximo para interponer cualquier acción contra la ley, ya que el planteo en la Justicia ingresó después de los 60 días corridos desde la publicación de la norma (cuestionada) en el Boletín Oficial, que se realizó el 17 de setiembre del año pasado. El escrito fue presentado en marzo de este año.

Reunión de los jueves
Pese a sus objeciones, el ministro fiscal consideró que la Corte es competente para entender en el caso. Argumentó que se trata de un acto presuntamente lesivo de los intereses de los accionantes (pretenden ser convencionales) emanados de los poderes Legislativo y Judicial. Agregó que sobre este aspecto hay una votación dividida en el tribunal.
El pronunciamiento del funcionario ahora deberá ser ahora analizado por el plenario del tribunal que preside Alfredo Dato. El cuerpo aún tiene que resolver la primera denuncia de Arias y Posse sobre la constitucionalidad de la ley que habilitó la reforma. Sobre este tema, la Corte se pronunciaría mañana, ocasión en la que resolverá si es competente o no. En caso afirmativo, remitirá las actuaciones a la Fiscalía de Estado y a la Legislatura para que ejerzan su derecho de defensa en juicio.

Podría haber una proliferación de nuevos partidos políticos
La caída de la Ley de Lemas implicaría el nacimiento de nuevos partidos políticos, que podrían ser el lugar de contención para dirigentes de segunda y tercera línea que no quieran competir en las internas de las fuerzas tradicionales. Esta alternativa electoral tendría su bautismo durante los comicios de convencionales constituyentes que el Gobierno podría convocar para el 23 de octubre, cuando la Provincia renueve cuatro bancas de diputados nacionales.
Hasta el momento, en la Junta Electoral tucumana están habilitados 35 partidos provinciales o distritales (son los reconocidos por la Justicia Electoral Nacional), que son los que podrán presentar candidatos a convencionales. Además hay otras 18 fuerzas, cuyo funcionamiento se restringe sólo a comunas o municipios y, por lo tanto, no podrían presentar listas para convencionales (reformarán la Constitución) en toda la provincia o en una sección electoral completa.
La cantidad puede incrementarse considerablemente por la creación de nuevas estructuras, ya que la ley vigente (5.454 y sus modificaciones) no exige que los partidos tengan una determinada antigüedad para presentarse a las elecciones.Para evitar sorpresas, en la Legislatura comenzaron a analizar una ley que imponga un plazo de existencia de dos años como mínimo para poder postular candidatos. Esta iniciativa está circulando tibiamente entre los legisladores oficialistas, pero no tendría aún suficiente consenso para ser aprobada. La principal reserva está vinculada a la posibilidad de que esa norma sea cuestionada judicialmente.
Los trámites para legalizar un partido demoran normalmente entre dos y tres meses. Comienzan con una nota a las autoridades electorales provinciales, que debe ir acompañada con las copias de la carta orgánica y con la documentación que acredite el cumplimiento de todos los requisitos fijados en la ley 5.454.

Requisitos exigidos
La petición debe estar suscripta por las autoridades promotoras y por el apoderado, y debe contener el acta de fundación y constitución; el nombre y domicilio del partido; la declaración de principios y bases de acción política; la Carta Orgánica y el aval de 400 electores.
A partir de entonces, la Junta inicia el trámite para el otorgamiento de la personería política, y los promotores pueden comenzar con las afiliaciones. El reconocimiento definitivo debe ser gestionado al acreditar que afiliaron a no menos del 4 por mil del padrón provincial. Luego se le corre vista del pedido al fiscal electoral, y hay que celebrar audiencias públicas frente a la posibilidad de alguna impugnación. Si no hay anomalías, corresponde aprobar lo actuado y otorgar un reconocimiento provisorio.
Durante los 45 días siguientes deben rubricarse los libros y, antes de los dos meses posteriores al reconocimiento, corresponde la elección de la mesa de conducción definitiva.En cambio, la constitución de una alianza debe ser puesta en conocimiento de la Junta Electoral con no menos de 60 días de anticipación al de la elección en la que se proponga intervenir.En los comicios de 2003 ya hubo una considerable proliferación de pequeños partidos, en particular por desprendimientos del PJ y de la UCR. Muchos de ellos (más de 60) fueron dados de baja por diversas causas, entre ellas falta de designación de autoridades definitivas, sea por consenso o mediante internas.

CON LOS PAPELES EN REGLA
Afirmación para una República Igualitaria (ARI).
Acción por la República.
Acción Provinciana.
Cambio 2000.
Cambio Democrático.
Ciudadanos Independientes.
Corriente Patria Libre.
De la Independencia.
Defensa Provincial Bandera Blanca.
Del Frente Grande.
Democracia Cristiana.
Federal.
Fuerza Republicana (FR).
Humanista (PH).
Intransigente (PI).
Justicialista (PJ).
Laborista de Tucumán.
Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).
Movimiento de Participación Ciudadana.
Movimiento Independiente (MI).
Movimiento Peronista Tres Banderas (MP3).
Movimiento Popular Tucumano (MPT).
Nuevo Partido.
Partido Obrero (PO).
Partido Acción Regional.
Partido de los Trabajadores (PT).
Partido Izquierda Unida (IU).
Partido Surgimiento Innovador (SI).
Partido Voluntad Objetiva de Servir (VOS).
Propuesta Popular.
Pueblo Unido (PU).
Renovación Democrática.
Socialista Popular (PSP).
Unión Cívica Radical UCR).
Vanguardia Provincial.

Fuente: Junta Electoral Provincial