Por Nahuel Toledo
14 Agosto 2025
INICIATIVAS. La oposición reunión los votos para dictaminar los proyectos sobre ATN y combustibles líquidos.
La presión de los gobernadores sobre sus legisladores y el envión del kirchnerismo funcionó. El proyecto de ley que prevé el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hacia las provincias recibió dictamen este miércoles en la Cámara de Diputados.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, se debatió en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el oficialista José Luis Espert, que se abrió tras ser emplazada en la última sesión. La propuesta va de la mano con otro, reclamado también por los mandatarios provinciales, que tiene que ver con la distribución de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos.
De los 46 legisladores presentes en la comisión, 27 diputados de Unión por la Patria (UxP), Democracia para Siempre, Encuentro Federal e Innovación Federal suscribieron el despacho de mayoría, que ratifica la media sanción. Pero hubo además tres de minoría. La Libertad Avanza (LLA) junto a sus aliados del Pro y algunos radicales presentaron un dictamen propio. También fueron con sus respectivos despachos la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.
El dictamen de mayoría prevé que estos recursos se repartan respetando los porcentajes de la Ley de Coparticipación e indica que “la redistribución procederá en forma diaria y automática. Y que los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable”.
En tanto, la propuesta del oficialismo establece que la redistribución “procederá en forma mensual una vez cerrado el ejercicio fiscal anual en que se generaron”. La novedad fue que el texto del oficialismo no planteaba un rechazo total del proyecto sino que propuso otra forma de reparto de los fondos. Fue interpretado como un intento del Gobierno de abrir una negociación con las provincias.
Para llevar adelante su idea, la propuesta libertaria estipula la incorporación de un artículo que señala que “los recursos remanentes de distribución de cada ejercicio fiscal que fueran ingresados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias creado por el artículo tercero de la Ley 23.548 serán redistribuidos, considerando los porcentajes reconocidos a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Por último, establece que la redistribución “procederá una vez cerrado el ejercicio fiscal anual en que se generaron”.
Más fondos en danza
La oposición también pudo dictaminar el proyecto, que vino con media sanción del Senado, y modifica la lógica del reparto de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos.
La iniciativa establece la eliminación de varios fideicomisos y fondos nacionales: Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (Decreto 1381/2001), Fideicomiso de Infraestructura de Transporte (Decreto 976/2001), Fideicomiso Sistema Vial Integrado (Decreto 1377/2001), Fondo Compensador del Transporte (Decreto 652/2002), Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (Ley 15.336) y Fondo Nacional de la Vivienda (Ley 21.581).
Los recursos de estos fondos, exceptuando aquellos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos se redistribuirán conforme a los criterios fijados en la Ley 23.548.
Además, el proyecto redefine la distribución del producido del Impuesto a los Combustibles Líquidos: un 14,29% para el Tesoro Nacional, 57,02% para las Provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad. Y aclara que la distribución de los fondos correspondientes a las provincias se hará de la siguiente manera: 25% en partes iguales entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 75% según los índices de participación establecidos por la Ley 23.548, incluyendo el prorrateo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Tierra del Fuego.
En los fundamentos del proyecto se resalta que los fondos eliminados “no afectan las finanzas nacionales”, ya que se trata de recursos con afectación específica que deben ser redistribuidos según las necesidades locales.
Al igual que ocurrió con el proyecto para repartir los ATN, el Gobierno hizo una contrapropuesta a las provincias en relación a la distribución de los fondos. De esta propuesta se desprende que los fondos se repartirían en un 32% para el Tesoro Nacional, 40% para las Provincias y 28% para el Sistema Único de Seguridad.
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