La voracidad fiscal

Es la última oportunidad. La frase suena trillada, pero aún se sostiene en el pensamiento de los funcionarios al hablar sobre los planes que pretenden desarrollar este año en materia de impuestos. Cuando se conocieron las cifras del gasto previsto para el presente ejercicio, la pregunta de los académicos, de los legisladores y hasta del más común de los ciudadanos fue la siguiente: ¿de dónde sacará el Estado dinero para financiar los aumentos en las erogaciones?
La tendencia en materia de ingresos es creciente. El Gobierno nacional está girando mensualmente cientos de millones de pesos que, por ahora, pueden sostener al aparato estatal tucumano. Pero el oasis fiscal en algún momento se secará y el Estado no tiene la suficiente reserva dineraria para afrontar los compromisos con sus acreedores. La estrategia, lógica por cierto, fue apelar al recupero de viejas acreencias. En ese contexto se inscribe la profundización del plan de fiscalización tributaria que la Dirección General de Rentas instrumentará desde esta semana y hasta fines de diciembre.
Las 5.300 industrias, empresas y comercios, detectadas como morosas, pueden contribuir a mejorar el perfil de ingresos. En el Ministerio de Economía afirman que los efectos de la crisis económica de fines de 2001 se están diluyendo y que la mayoría de los grandes contribuyentes, que tienen el rótulo de incumplidores, está en condiciones de regularizar sus obligaciones impositivas. Desde esa orientación aparece aquella frase de la última oportunidad. El plan de facilidades de pago, a 60 meses, que elaboró Rentas, y Economía tiende a recuperar parte de los $ 250 millones, que es la deuda histórica de los contribuyentes con el Estado. Ese programa será puesto mañana a consideración por el ministro Jorge Jiménez a los legisladores que integran la comisión de Hacienda y Presupuesto.
De mínima, para este año, el Gobierno pretende recuperar entre $ 30 millones y $ 45 millones de esa deuda histórica. El resto, según la evaluación de la Casa de Gobierno, seguirá por los carriles legales, es decir, mediante la reactivación de las ejecuciones judiciales. Pero también es una realidad que gran parte de aquella deuda se perderá en el camino, por la quiebra o la desaparición de muchas empresas. En ese aspecto, el Ministerio de Economía cree que del monto total de la deuda, unos $ 50 millones podrían computarse como incobrables.

El ritmo de la economía
Sin dudas, las esperanzas del recupero están centradas en los pequeños contribuyentes que adeudan boletas de los impuestos Inmobiliario y Automotor. Los grandes contribuyentes, en tanto, están preocupados porque, según sostienen las entidades que los representan, los intereses y las multas que cobra Rentas a la hora de regularizar la deuda siguen siendo elevados. A tal punto que, de acuerdo con las opiniones de los hombres de negocios, llegan a duplicar el monto de la deuda.
En ese contexto, se reitera el reclamo de una fuerte disminución de las cargas adicionales para que el ritmo de la economía no decaiga. Eso, sin dudas, generaría un efecto no querido por el Estado y que los empresarios lo sintetizan con una ecuación: a mayor presión fiscal, menor actividad y, por ende, menores ingresos para la provincia. Por eso, ponen el grito en el cielo ante tanta voracidad fiscal. Muchos de ellos afirman que, periódicamente, toman medidas a costa de su rentabilidad para que el poder adquisitivo de los tucumanos no se resienta frente el rebrote inflacionario. Dan como ejemplos los acuerdos con el Gobierno por las canastas básicas de alimentos o de útiles escolares.
Con todo esto, la responsabilidad fiscal debe dejar de ser una excusa oficial, para convertirse en una realidad. De otra manera, el fantasma del déficit seguirá sobrevolando Tucumán.