Daniel Abad: “La gestión provincial no le pone la soga al cuello al sector privado”

Durante 19 meses, la administración del presidente, Javier Milei, cambió la cara de la economía nacional. El drástico ajuste, con la motosierra libertaria como principal motor para el recorte del gasto público, ha posibilitado que la Casa Rosada muestre al mundo que la Argentina está dispuesta a hacer los deberes y a corregir el rumbo macroeconómico. La primera meta se cumplió: hubo superávit en las cuentas públicas y, con eso, el Gobierno mostró su principal ancla: el equilibrio fiscal. Para alcanzar esa meta, la Nación recortó las transferencias a las provincias, descentralizó la mayor parte de la gestión y, lo más preocupante para el interior, frenó la obra pública. Eso implicó menos trabajo en cada distrito, que no pudo ser compensado con otras actividades por la desaceleración de la economía. Hoy el Gobierno se asienta en sostener a la baja a la inflación, en un momento de tensiones cambiarias. En ese contexto, el ministro de Economía, Daniel Abad, indicó a LA GACETA que “Tucumán no está contenida en ese modelo, en el programa económico nacional” y que la jurisdicción gobernada por Osvaldo Jaldo no puede ser considerada como una de las más mimadas por Milei, aunque reconoce que hay un diálogo institucional fluido para el intercambio de proyectos y de iniciativas para la consolidación de la gestión de Gobierno. Esta es la entrevista que Abad concedió a nuestro diario.

- Generalmente, por su condición de provincia dialoguista, se dice que Tucumán es una de las más favorecidas por la Nación. ¿Es así?

- Tucumán no entra en el modelo de ellos. Como pasa con otros distritos subnacionales, no está contenida por el programa económico nacional. En ese plan hay que separar lo financiero de lo monetario y la economía real. Hay un modelo que se asienta en la energía, en los minerales como el litio, que son recursos que Tucumán no cuenta, como tampoco el resto de las economías regionales. En nuestro caso, la apertura económica que impulsa la Nación y el enfriamiento de la actividad nos golpea mucho por el lado del consumo. Ahora bien, puntualmente si Tucumán es de las más favorecidas, diría que se trata de una provincia que tiene buen feedback con la Casa Rosada, basado en el diálogo. Entregó cosas y recibió otras. No fue unilateral la situación. Tucumán acompañó leyes fundamentales para el Gobierno nacional. A cambio recibió acciones que facilitaran la concreción de determinadas obras. Naturalmente, no dejamos de reconocer que fue clave la refinanciación oficial de la deuda que se acumuló cuando asumimos la actual gestión de la provincia. Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que nos giraron fueron para cuestiones concretas y específicas, como la reparación en el dique El Cadillal. En el medio, sostenemos las obras con recursos propios.

- ¿Cómo encuentra a Tucumán este programa de estabilización macroeconómica, con la baja de inflación como otra ancla para este año?

- Hay que mirar el escenario en su totalidad. Preocupa que todavía haya reservas negativas en el Banco Central. Vemos, en ese contexto, que se incrementa el valor del dólar, pero bajan los bonos. Hay más Riesgo País y, en cierta medida, esto tiene que ver con las medidas que se vienen tomando para evitar la suba del dólar y que aumente la tasa de interés. Eso es tremendamente perjudicial para una provincia como la nuestra?

- ¿Por qué?

- Porque si ponemos como ejemplo la principal actividad nuestra, a la zafra azucarera le falta financimiento; también las pequeñas y medianas empresas necesitan créditos que hoy es prohibitivo acceder para capital de trabajo. Nos golpea mucho por ese lado. Y el discurso de la baja de impuestos que le endilgan a las provincias es falso. Nos genera una puja distributiva a nivel local. El Gobierno nacional bajó las retenciones al campo, pero no la eliminaron. Fue un anuncio sectorial, porque no hubo reducción general. Además, nos desató una puja distributiva en el que todo el mundo se abalanza sobre el equilibrio fiscal que tiene la provincia y también sobre el fondo anticíclico que generamos desde antes que Milei fuera electo y luego asumiera como presidente de la Nación. La gestión del gobernador Jaldo ha propiciado siete revisiones salariales para que los empleados públicos no pierdan frente a la inflación, con una mejora en el poder adquisitivo de sus salarios, además de la tarea cotidiana de brindarle servicios a la ciudadanía toda, como los de seguridad o los de salud pública. Entonces, nos encontramos que hay sindicalistas que nos esgrimen que debemos usar el fondo anticíclico para pagar más sueldos. Y también algunos empresarios que reclaman una rebaja de Ingresos Públicos y de Salud Pública y, si no fuera por aquel Fondo Anticíclico, sería complicado mantener el equilibrio financiero provincia. Veo mucho idealismo en aquellos que nos reclaman eliminar o reducir Ingresos Brutos, pero no le piden a la Nación que coparticipan las retenciones. Quieren que eliminemos Salud Pública, que es el que mantiene la inversión en hospitales y el resto del sistema a través de un impuesto específico, pero no le reclaman al Gobierno nacional que baje las contribuciones patronales.

- ¿Por qué cree que hay una línea de pensamiento diferencial entre los empresarios?

- Es una paradoja, más aún de aquellos que mandan a sus empleados y a sus obreros a los hospitales públicos. En otras palabras, observo una parcialidad ideológica en los planteos, ya que Ingresos Brutos no resolverá los problemas del mercado. Una prueba de que estamos amparando algunas situaciones puntuales, por efecto de la política de apertura económica, es el sector textil que está exento de Ingresos Brutos y de Salud Pública, pero tiene complicaciones debido al ingreso de mercadería importada. Quiero decir que, en el día a día, nosotros estamos administrando la puja distributiva. Tiene tanto derecho aquel que pide una mejora en el salario, como el que reclama por un pozo de agua. También esa franja de la sociedad que pide que se le haga un camino para que los chicos lleguen a la escuela sin embarrarse cuando llueve como el empresario o el industrial que pide mejoras en los caminos y en las rutas para trasladar su producción. Entonces, si bien la baja de las retenciones puede favorecer sectorialmente los precios de algunas producciones, me pregunto: ¿qué pasa con la inflación de costos? Más aún cuando no menos del 50% de los precios en la Argentina están referenciados por el dólar. En consecuencia, somos un país bimonetarista, tal como lo pregona el presidente Milei. Y vamos a otro punto: aumenta el dólar y aumentan los precios por la dudas. Esto se intenta justificar por los costos que conlleva esa dolarización.

- ¿Qué siente cuando le comunican que Scania debe paralizar su producción, que Papelera Tucumana está e problemas, que las textiles se hunden o que los ingenios miran con dificultad el precio del azúcar?

- Angustia, porque no está en nuestras manos poder resolver esos problemas. La apertura indiscriminada del comercio no le dio tiempo para que esos sectores se acomoden a la nueva realidad. Así quedan en riesgo, los 4.500 puestos de las plantas textiles, los 400 de la papelera o los 30.000 de las zafras azucareras y citrícolas. Frente a estas cuestiones, no sentimos que estemos dentro del proyecto político y de economía nacional en este momento. Estamos afuera.

- ¿Y qué esperan?

- Todo está condicionado por el panorama electoral. Esperamos que se despliegue alguna política que le permita a la actividad económica, y a la economía real en particular, levantar vuelo. La industria, el comercio y la construcción tienen que reactivarse. A todas las afecta de distinta manera. Por ejemplo, la industria está sintiendo de lleno la política de apertura. A tal punto que las autoridades de la Unión Industrial Argentina le han transmitido al Gobierno nacional que, cada mes, ese sector se queda con entre 1.000 y 1.500 empleos menos. En el caso de la construcción, el freno total de la obra pública las golpeó de frente. A su vez, el comercio está perdiendo paulatinamente no solo ventas, sino posibilidades de financiamiento por estas altas tasas. Por eso digo que no alumbro esperanzas, en el corto plazo, de que todo esto cambie en la medida que no se modifiquen las políticas nacionales.

- Durante este año, una discusión se focalizó: la redistribución de los ingresos. ¿Qué pasó con eso y con la recaudación de impuestos?

- Creo que la economía seguirá enfriándose y, por lo tanto, caerá la recaudación de impuestos. La única política que se está desplegando es la monetaria, de suba de tasas y de contención de la oferta monetaria. En abril se modificó el esquema cambiario. El dólar flota entre bandas, pero, hasta ahora, no está dando los resultados esperados. Un instrumento como las tasas de interés congela enormemente a las economías regionales, más aún en plena zafra. Hay cierto unitarismo en algunas medidas que se toman.

- ¿Por ejemplo?

- El caso del bioetanol, que se determinan precios con una fórmula, cuando debería estar más alto. Sin embargo, eso no se respeta y se actualiza a un ritmo del 1,5% al 2%, en el que Tucumán ha sido una de las provincias productoras que planteó al Gobierno nacional que había que hacerlo regularmente todos los meses. Vuelvo al tema de la recaudación. El problema del momento es que no se vende y, por lo tanto, no se factura. Ingresos Brutos se paga cuando se devenga. En otras palabras, no es impuesto el culpable, sino que no hay plata en la calle. De todas maneras, el Gobierno provincial ha contribuido a sostener las actividades productivas. Se destinan alrededor de U$S 40 millones anuales en gasto tributario, es decir, para que algunos sectores paguen menos o no paguen impuestos por la coyuntura que atraviesan y para preservar la fuente laboral. Esto va desde las actividades productivas, pasando por los servicios y hasta el comercio mismo. La gestión provincial no le pone la soga al cuello al sector privado. Eso está idealizado. Algunos nos piden que bajemos Ingresos Brutos, pero no venden por cuestiones de mercado. La gente no entra a comprar.

- ¿Cómo se sostiene una política de equilibrio fiscal con ese escenario?

- Conteniendo mucho más el gasto público. Sin embargo, no se le puede poner un límite en algunos, por ejemplo el gasto social; no podes recortar las raciones de alimentos a aquellos sectores que hoy lo necesitan. Tampoco podes dejar de equipar a la Policía, y así bajaron algunos índices delictivos, y menos recortar los insumos a los hospitales. Por el contrario, se los refuerza por la alta demanda de una fracción de la sociedad golpeada por los ajustes nacionales. Es claro que la política monetaria, cambiaria y fiscal va a una velocidad, mientras que la economía real va a otra. Las economías regionales están en el pozo y no creo que vayan a salir en el corto plazo si persisten estas medidas. En el caso de las cuentas públicas, algunos critican que los gastos suben más que los ingresos. Pero no toman en cuenta por qué crecen las erogaciones. Porque aumentaron los salarios de manera interanual, porque las provincias usan el excedente de fondos para no parar las obras y sabíamos que esto podía pasar, por eso creamos el Fondo Anticíclico y creo que no nos equivocamos.

- ¿Cuánto tiempo más se puede prolongar el ajuste en el país?

- Dependerá de las elecciones porque en la Argentina se juegan dos modelos en octubre. Estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal y fuimos pioneros en este sentido. Es lo único que manejamos, porque la política monetaria y cambiaria depende de la Nación. También el achique del Estado en aquello que no era imprescindible. Pero la gran diferencia entre el ajuste que instrumentó el Gobierno nacional respecto de Tucumán es que nosotros lo hicimos con la gente adentro.

- ¿Se puede tolerar más ajuste?

- No, porque hay ajustes que son inelásticos a estas alturas, como por ejemplo, los medicamentos en los hospitales o las raciones de comida para los más necesitados. No se puede achicar más. No hay que perder de vista, por ejemplo, que el retiro voluntario ha sido un éxito. Alrededor de 2.000 agentes han dejado sus puestos en la administración pública y, de allí, pudimos incorporar unos 1.600 agentes para el servicio Penitenciario, y dotar de personal a Benjamín Paz. Visto desde esta perspectiva, no hay un problema de gastos, sino de ingresos, más allá de que algunos sostengan que las erogaciones crecieron un 42% interanual, pero no dicen que fue por el gasto de Capital, porque se mejoraron las rutas, El Cadillal, la cárcel, las alcaidías en Las Talitas o en Delfín Gallo, la compra de 100 colectivos para mejorar el sistema de transporte público en la provincia o el equipamiento para mejorar la prestación del servicio policial. Es una inversión, no un gasto corriente.

Compensación

De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Economía de la Provincia, en el marco de la compensación de deudas y de créditos recíprocos, Tucumán aún tiene a su favor un saldo de unos $ 15.000 millones. Sin embargo, el titular de esa área, Daniel Abad, aclaró que todavía resta efectuar un análisis respecto del esquema de compensaciones, ya que el Gobierno nacional había ofrecido inmuebles a la provincia como parte de pago. Uno de ellos fue el predio donde funciona el Ferrocarril Mitre. En este sentido, Abad expresó que no hay posibilidad, en el corto plazo, de tomar posesión de esos terrenos, ya que el Gobierno nacional renovó los contratos de concesión tanto para el Belgrano Cargas como para el funcionamiento del servicio de trenes de pasajeros. “Estuvo en la mesa de negociación, pero no se pudo avanzar”, dijo Abad.