El municipio deberá evaluar los planos del centro de convenciones

La Municipalidad de la capital deberá ahora autorizar la instalación del futuro centro de convenciones en avenida Belgrano y Camino del Perú. Luego de conseguir el aval del sector empresarial, la Caja Popular de Ahorros (CPA) enviará esta semana el proyecto de la empresa Casino Club al Departamento Ejecutivo que conduce el intendente Domingo Amaya.
La obra, propuesta por la empresa patagónica a cambio de la explotación de 1.000 máquinas tragamonedas en el Hipódromo, consiguió el 23 de marzo el visto bueno de la Federación Económica de Tucumán (FET). Luego de una reunión entre el interventor de la CPA, Osvaldo Jaldo, directivos de Casino Club y representantes de la Cámara de Turismo, se acordaron modificaciones al proyecto original. De esta forma, el predio tendrá capacidad para 2.500 personas, con lo cual se convertirá en uno de los más importantes del país.
Realizados los cambios requeridos por los distintos factores, la Caja Popular estará en condiciones de remitir los planos de la obra al municipio. Allí, deberá sortear las exigencias de construcción establecidas en el Código de Planeamiento Urbano.
El intendente Amaya consideró que, por la zona en donde está prevista la edificación, no habría inconvenientes para su aprobación. En caso de que se respeten los lineamientos del municipio, el proyecto ni siquiera será evaluado por el Concejo Deliberante. "Por el lugar elegido y el tipo de obra, creo que está todo en orden y no hace falta la aprobación de los concejales", consideró el ex secretario de Turismo.
Amaya explicó que, una vez en el municipio, el expediente será girado directamente a la Dirección de Catastro. "El tratamiento se efectuará con la misma celeridad con la que analizamos cualquier obra nueva, porque redundan en beneficios para la comunidad", vaticinó.
De no mediar inconvenientes, la autorización de los planos demandaría unos 15 días, según estimó el secretario de Obras Públicas, Fernando Insaurralde. "Por la envergadura de los trabajos, seguramente deberá tener un estudio de impacto ambiental", consideró. Justamente, el mayor obstáculo que presenta el inicio de la obra es la falta del estudio del impacto ambiental que debería presentar la empresa. También, está pendiente un fallo judicial sobre el recurso de amparo presentado por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán.
Estos aspectos no sólo retrasan la concreción del centro de convenciones, sino también la instalación de las 1.000 máquinas de pulso en el Hipódromo que proyecta Casino Club.

Sangenis pide que caiga la concesión del Hipódromo
La polémica por la posible instalación de 1.000 máquinas tragamonedas nuevas en el Hipódromo revivió en los debates parlamentarios. El legislador opositor Alejandro Sangenis (Movimiento Peronista 3 Banderas) exigió que se traten los distintos proyectos de ley que existen sobre este tema, y anunció que presentará una iniciativa para que caduque la concesión del predio del parque 9 de Julio al Jockey Club.
"Con el Hipódromo, el Jockey pierde plata desde hace 10 años. Desde el Estado no tenemos ningún motivo para seguir subsidiándolo. Sí podemos apoyar a la actividad hípica y a los empleados y familias que viven de ella, para lo cual la Caja Popular de Ahorros se debe hacer cargo de ese espacio", sostuvo.
Sangenis fustigó el proyecto de la empresa patagónica Casino Club de habilitar 1.000 tragamonedas. "Es un emprendimiento corrupto y sospechado, de un grupo de bandidos que traen la mafia a Tucumán", dijo.

Jaldo espera
El interventor de la Caja Popular, Osvaldo Jaldo, aseguró que no avanzará en ningún aspecto sobre la instalación de máquinas de pulso en el Hipódromo hasta tanto no se pronuncie la Justicia sobre un planteo. "El canon será fijado una vez que se resuelva el litigio judicial", sostuvo.
La denuncia de una organización ecologista se sustancia en la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La entidad había presentado una acción de amparo para frenar la instalación de la sala de juegos. La Justicia hizo lugar al planteo y requirió a los funcionarios que se abstuvieran de agravar la situación existente o, en su caso, que suspendieran los efectos del acto impugnado. La federación ambiental había reclamado que no se afecte a uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.