Envían a la Legislatura un proyecto para crear un régimen general de beneficios fiscales

Tucumán se apresta a crear formalmente un Régimen de Promoción a la Inversión, con el fin de otorgar beneficios fiscales a empresas nuevas que se radiquen en la provincia o para aquellas que efectúen ampliaciones o inversiones productivas y turísticas. El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley donde establece las pautas específicas para acogerse a exenciones en el pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos, Salud Pública y de las remuneraciones de nuevos trabajadores directos que se incorporen.

La iniciativa llegó con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad. En el texto se establece que para acceder a los beneficios se deben realizar inversiones por un monto mínimo de U$S 5 millones (exención de Ingresos Brutos de un 25%), incorporando mano de obra local. Se precisa en el articulado que los beneficios crecerán a medida que sean mayores los desembolsos de los privados. Por ejemplo, si la inversión es igual o superior a U$S 30 millones, la exención alcanzará el 100%.

“El plazo para ejecutar la inversión proyectada no podrá exceder los 12 meses, contados a partir de la aprobación del proyecto de inversión, el que podrá ser prorrogado por la autoridad de aplicación mediante acto administrativo fundado. Además, prevé el momento a partir del cual deberán ser incorporados los trabajadores directos y su forma de acreditación a los fines del impuesto para Salud Pública. En caso de incumplimiento parcial o total de los requisitos establecidos, quedarán sin efecto los beneficios otorgados”, se fundamentó.

La propuesta indica en su artículo sexto que los beneficios previstos tendrán una vigencia de 10 años y que se otorgarán de manera escalonada, conforme los montos efectivamente invertidos que certifique la autoridad de aplicación (el Ministerio de Economía y Producción).

Hasta ahora la Provincia contaba solo con una partida presupuestaria destinada para estos fines, pero cada empresa debe solicitar una ley específica para cada caso. Este procedimiento despertó críticas de la oposición por no haber un régimen general y tener que tratar leyes “con nombre y apellido”, como mencionaban en el recinto.