01 Abril 2005 Seguir en 
LA PAZ.- Un grupo de abogados demandó ante la Justicia la nulidad de 76 contratos vigentes suscritos en 1997 por el Ejecutivo con empresas petroleras extranjeras. Según Juan Carlos Lezcano y Santiago Berríos, voceros del equipo jurídico, los contratos pactados durante el primer gobierno del presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) son nulos de pleno derecho.
El Tribunal Constitucional se había pronunciado hace dos años por la legalidad de los contratos suscritos por el gobierno con las firmas Repsol YPF, Chaco, Andina, Transredes y Petrobras. "Esos contratos no existen para la vida jurídica del país porque adolecen de requisitos fundamentales y esenciales previstos en la Constitución", argumentó Lezcano. Además, anunció que en caso de prosperar el contencioso, presentarán otra demanda de indemnización al Estado por la explotación ilegal del gas y del petróleo.
La querella fue entregada a la Corte Superior de La Paz en momentos en que el gobierno discrepa con los consorcios extranjeros acerca de la propiedad de los hidrocarburos que, según la Constitución, es de dominio del Estado. En tanto, la demanda agudiza una fuerte disputa en torno de un proyecto de ley de hidrocarburos, que polarizó al país y llevó a renunciar al presidente Carlos Mesa, dimisión que no fue aceptada por el Congreso.
Al igual que las petroleras, Mesa se opone frontalmente a la fórmula parlamentaria de aplicar una regalía del 18% y un impuesto directo e inamovible del 32%. El Senado, cuya comisión de Desarrollo Económico analiza la ley, tiene la posibilidad de incorporar ajustes a la versión aprobada este mes por Diputados, que obligaría a que la legislación sea considerada por el Congreso en pleno. Bolivia produce 54,9 trillones de pies cúbicos de gas natural y es la segunda potencia gasífera sudamericana después de Venezuela. (AFP-NA)
El Tribunal Constitucional se había pronunciado hace dos años por la legalidad de los contratos suscritos por el gobierno con las firmas Repsol YPF, Chaco, Andina, Transredes y Petrobras. "Esos contratos no existen para la vida jurídica del país porque adolecen de requisitos fundamentales y esenciales previstos en la Constitución", argumentó Lezcano. Además, anunció que en caso de prosperar el contencioso, presentarán otra demanda de indemnización al Estado por la explotación ilegal del gas y del petróleo.
La querella fue entregada a la Corte Superior de La Paz en momentos en que el gobierno discrepa con los consorcios extranjeros acerca de la propiedad de los hidrocarburos que, según la Constitución, es de dominio del Estado. En tanto, la demanda agudiza una fuerte disputa en torno de un proyecto de ley de hidrocarburos, que polarizó al país y llevó a renunciar al presidente Carlos Mesa, dimisión que no fue aceptada por el Congreso.
Al igual que las petroleras, Mesa se opone frontalmente a la fórmula parlamentaria de aplicar una regalía del 18% y un impuesto directo e inamovible del 32%. El Senado, cuya comisión de Desarrollo Económico analiza la ley, tiene la posibilidad de incorporar ajustes a la versión aprobada este mes por Diputados, que obligaría a que la legislación sea considerada por el Congreso en pleno. Bolivia produce 54,9 trillones de pies cúbicos de gas natural y es la segunda potencia gasífera sudamericana después de Venezuela. (AFP-NA)







