El empresario tucumano Manuel Alberto Courel vendió (no informó a quién) las tierras que integran los lotes desafectados de la reserva natural de General Pizarro, Salta, que habían sido rematadas por el gobernador Juan Carlos Romero en 2004. La operación había sido el eje de una polémica, en la que intervino la ONG Greenpeace.
"El 23 de marzo, las firmas a las que represento, Courel S.A. y Ganadera Caburé S.A., vendieron las fracciones identificadas con los números 1, 3, 4 y 6 de los lotes fiscales 32 y 33 ubicados en General Pizarro, departamento Anta. Estos habían sido oportunamente vendidos por el gobierno salteño mediante licitación pública y habían sido adquiridos en forma legítima por mis representadas".
Así reza el primer párrafo de la carta documento que Courel dirigió a Greenpeace.
El ejecutivo destacó que ya no está vinculado al Gobierno salteño. "Por tal motivo, intimo a ustedes a que cesen en la campaña de agresión en contra de mi persona o contra las empresas a las que represento. Hago reserva expresa de accionar penal y civilmente por los perjuicios causados", advirtió Courel.
"Esto demuestra, una vez más, el desacierto del Gobierno salteño de haber loteado una reserva natural y ratifica la necesidad de establecer un modelo productivo que resguarde los bosques nativos y el patrimonio ambiental", expresó Emiliano Ezcurra, coordinador de la campaña de biodiversidad de Greenpeace.
La polémica ley de desafectación del área y la controversia entre Romero, expertos de la Universidad de Salta, Greenpeace y la Fundación Vida Silvestre, había hecho que dos empresarios desistieran de su intención de adquirir las tierras. Courel, en cambio, siguió adelante en su afán de cultivar cítricos y soja, pero ahora también dio marcha atrás.
"El 23 de marzo, las firmas a las que represento, Courel S.A. y Ganadera Caburé S.A., vendieron las fracciones identificadas con los números 1, 3, 4 y 6 de los lotes fiscales 32 y 33 ubicados en General Pizarro, departamento Anta. Estos habían sido oportunamente vendidos por el gobierno salteño mediante licitación pública y habían sido adquiridos en forma legítima por mis representadas".
Así reza el primer párrafo de la carta documento que Courel dirigió a Greenpeace.
El ejecutivo destacó que ya no está vinculado al Gobierno salteño. "Por tal motivo, intimo a ustedes a que cesen en la campaña de agresión en contra de mi persona o contra las empresas a las que represento. Hago reserva expresa de accionar penal y civilmente por los perjuicios causados", advirtió Courel.
"Esto demuestra, una vez más, el desacierto del Gobierno salteño de haber loteado una reserva natural y ratifica la necesidad de establecer un modelo productivo que resguarde los bosques nativos y el patrimonio ambiental", expresó Emiliano Ezcurra, coordinador de la campaña de biodiversidad de Greenpeace.
La polémica ley de desafectación del área y la controversia entre Romero, expertos de la Universidad de Salta, Greenpeace y la Fundación Vida Silvestre, había hecho que dos empresarios desistieran de su intención de adquirir las tierras. Courel, en cambio, siguió adelante en su afán de cultivar cítricos y soja, pero ahora también dio marcha atrás.
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