El Concejo removió a Juárez, mientras estaba en prisión

"Fredy" soportó su peor pesadilla. Estaba en la celda de la Dirección de Investigaciones cuando se enteró de que había perdido su banca de concejal. César Alfredo Juárez (PJ) fue removido ayer, oficialmente, de la función pública, debido a que continúa en prisión y, por ende, no asiste a cumplir sus obligaciones desde hace más de un mes.
Los restantes nueve concejales realizaron una sesión (quinta consecutiva del año) en la que se declaró la cesantía del dirigente justicialista detenido en la causa denominada "Sacapresos". El único que no votó fue el concejal Ricardo Antonio Martín (PJ), que alegó razones personales para abstenerse.
En la misma resolución se autorizó a la mesa de conducción del cuerpo a que efectúe las tramitaciones correspondientes para cubrir la vacante de Juárez. Esto significa que solicitarán a la Junta Electoral Provincial que informe quién fue segundo candidato del sublema. Ya lo saben, es la esposa de Juárez, Stella Maris Aballay, pero deben cumplir el trámite formal. La mujer del policía en uso de licencia no asistió al edificio del Concejo Deliberante, como lo había hecho en algunas sesiones anteriores. Algunos de sus colaboradores explicaron que no estaba de ánimo, por la situación de su marido.
La expulsión de Juárez del Concejo Deliberante se basó en los artículos 13 y 20 de la Ley 5.529 (Carta Orgánica municipal) y en el artículo 18 del reglamento interno de ese cuerpo.
Esas normas establecen que se podrá declarar cesantes a aquellos concejales que injustificadamente no concurran a cuatro reuniones consecutivas.
Otra vez el edificio fue custodiado por policías de la provincia, ante las amenazas que habían recibido algunos ediles para que no asistan a la sesión. La concejala Teresa Jorrat (FR) detalló que antes de salir de domicilio recibió varias llamadas telefónicas intimidatorias. Lo mismo ocurrió con la concejala justicialista Norma del Valle Zalazar.

Otro caso
En Las Talitas ya existe un antecedente de un concejal que fue removido del cargo. En 1997, el entonces edil Carlos Soria había sido acusado por estafa por unos 200 vecinos de esa ciudad. Estos le habían pagado varias cuotas para una supuesta refacción de sus viviendas a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPVyDU).
En aquel momento, el reclamo creció tanto que Soria no podía ni siquiera salir de su casa por temor a ser agredido. Luego desapareció de la zona y hasta ahora no se conoce su paradero. Ayer, varios ediles recordaron el caso. Incluso la concejala Zalazar reconoció con resignación que ella fue una de las víctimas. "Perdí $ 2.500", precisó.

Ediles reclaman a Pucharras que rinda cuentas
La falta de rendición de cuentas sobre los gastos del municipio profundizó la disputa que mantienen los concejales y el intendente de Tafí Viejo, Javier Pucharras. Los ediles reclaman al titular del Departamento Ejecutivo el envío de las ejecuciones presupuestarias de 2004 y el proyecto de gastos para este año.
"Estamos cansados de que no responda a nuestros pedidos. Es nuestra obligación controlar sus acciones y es su deber darnos los detalles de los gastos", disparó el concejal José Juárez (PJ).
El justicialista puso en tela de juicio la transparencia de la gestión de Pucharras al frente del municipio. "Si todo está claro, no veo por qué no remitir los informes y menos aún por qué enojarse. Ya no sabemos qué pensar: está mal asesorado o ignora a los concejales. Debe entender que no es nuestro jefe y que necesitamos conocer todos los datos del municipio", se quejó.
El Ejecutivo de esa ciudad trabaja con los datos del presupuesto 2002. Pucharras se hizo cargo del municipio en octubre de 2003, pero nunca elevó al Concejo el proyecto de presupuesto 2004. Según los ediles, tampoco respondió a los innumerables pedidos de informes sobre la ejecución de gastos. En la última sesión, el cuerpo deliberativo sancionó cuatro resoluciones intimando al intendente a enviar el detalle de los gastos.
Ante el planteo de los concejales, Pucharras intimó por nota a su secretario de Hacienda, Pedro Sánchez, a remitir la documentación solicitada. "Reconozco nuestra falta, pero no hay números que nos sirvan de parámetro, porque durante el cambio de mandato se llevaron todos los papeles", justificó. Según Sánchez, el desorden administrativo que reinaba al asumir le impidió cumplir con el pedido del Concejo. "No tengo tiempo, pero no se oculta nada. Si quieren, los concejales pueden venir a mi oficina; tienen toda la documentación a su disposición", expresó el funcionario.

Desorden
El legislador y ex intendente de Tafí Viejo, Alejandro Martínez (PJ), calificó de insólito que Pucharras se escude en su gestión ante las críticas de los ediles. "Es una barbaridad. No puede justificar su inoperancia con la supuesta falta de nuestros presupuestos. Si cuando asumió todo era un desorden, como dice, pues su trabajo era ordenar la administración", aseveró.
Finalmente, el parlamentario deslizó que el actual intendente aún no hizo nada por el municipio. "Sólo pagó los sueldos con plata de la provincia. Y si no envía las rendiciones es porque algo trata de ocultar", concluyó Martínez.

Hablan de represalias
Desde el Concejo Deliberante de Tafí Viejo afirmaron que el intendente Pucharras comenzó a tomar represalias ante los cuestionamientos. Los ediles justicialistas Ricardo Alvarez y José Juárez expresaron que ayer el jefe municipal adoptó medidas que perjudicaron a empleados identificados con ellos. "Las adscripciones de trabajadores que había solicitado fueron rechazadas", dijo Juárez.