El primer trimestre de este 2005 transcurrió signado por números y cifras que desnudan la realidad nacional y tucumana. El canje de la deuda pública, que cerró a fines de febrero con un 76% de aceptación por parte de los bonistas, fue tal vez la noticia más alentadora para un país que busca imperiosamente abandonar el default. Pero las complicaciones continúan para la administración del presidente Néstor Kirchner.
La inflación no da tregua. Se estima que, durante el primer trimestre de este año, el costo de vida subiría más de tres puntos. Pese a los acuerdos alcanzados entre los principales proveedores y el Gobierno nacional, los precios de los alimentos crecieron considerablemente en ese período.
Algunas asociaciones de consumidores hablan de aumentos de entre el 10% y el 25%, según los productos. En esto, puede decirse que existe un divorcio al comparar los índices de costo de vida con las subas de precios. Y en esto, una de las razones que esgrimen los expertos es el cambio de conducta de los consumidores para abaratar los costos hogareños, prescindiendo de artículos de primera necesidad por segundas o terceras marcas. Es decir, hay un cambio en los usos y costumbres de la población.
En Tucumán, una familia tipo (cuatro integrantes) necesita $ 820 mensuales para no caer por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, en el aglomerado Gran Tucumán-Tafí Viejo hay más de 400.000 personas que sufren los efectos de la pobreza (en el país suman unos 15,6 millones) y, de ese total, unos 150.000 son indigentes (a nivel nacional son 3,5 millones).
En el mercado laboral, hay indicadores que son alentadores si se los compara con igual período del año pasado. Por ejemplo, la desocupación cayó un 3% y, actualmente, afecta a 38.000 tucumanos, según las cifras oficiales. Pero ese indicador no contempla a los beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar que, en la provincia, totalizan unos 69.300 habitantes (el 4,4% del total del país). Más de la mitad de esa población subsidiada reside en el Gran San Miguel. Tucumán es la quinta provincia en el reparto de esos planes, sólo detrás de Buenos Aires, Chaco, Córdoba y Santa Fe. Al abrir hoy el 100º período ordinario de sesiones de la Legislatura, el gobernador José Alperovich dirá que esos indicadores no podrán desaparecer como por arte de magia. Pero tal vez defienda su gestión, afirmando que está en el camino correcto para revertir esos indicadores socioeconómicos, potenciando la obra pública que generaría, en el corto plazo, unos 30.000 puestos laborales.
Más grave es la situación del empleo en negro. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el último trimestre de 2004, Tucumán registró el más elevado porcentaje del país sobre el trabajo no registrado. El 60,2% de los asalariados no cuenta con aportes jubilatorios, ni goza de los beneficios de la obra social. En el Gobierno reconocieron que faltan medios para controlar esta problemática.
Una discusión permanente
Para lo que queda del año, el Gobierno tiene varias materias pendientes. Una de ellas, potenciada en los últimos días a raíz del aumento del costo de la canasta básica de alimentos, es la discusión salarial. Las centrales sindicales quieren que el Estado reconozca la suba de la canasta y que el sueldo sea equiparado a esos costos. El Gobierno nacional ofrece un salario mínimo de $ 510 mensuales. Y las provincias rezan para que, en caso de aprobarse esa medida, la Nación financie el aumento, que, en el caso de Tucumán, alcanzaría a $ 4,2 millones mensuales más en la planilla salarial.
Sólo así, declaran, desde Alperovich hasta el resto de los funcionarios, podrán cumplirse las metas de contención del gasto pactadas con la adhesión a Ley de Responsabilidad Fiscal. Todo un dilema para un año electoral.
