Tiempo de falsificaciones

Como hemos informado, en el área de la Secretaría de Educación de la Provincia se han formulado graves denuncias sobre supuestas irregularidades en la documentación que sustenta las designaciones docentes. Se trata de certificaciones de cursos y títulos que serían falsificados, y que la Junta de Clasificaciones detectó cuando revisaba los legajos para confeccionar nuevos padrones. Asimismo, en la Escuela Técnica de Famaillá, también aparecieron presuntas falsificaciones en las firmas de los expedientes de nombramientos. Cabe recordar que estas adulteraciones distan de ser las únicas. Todavía está en trance de investigación el escándalo de los exhortos judiciales falsos en los tribunales de esta ciudad, mediante los cuales fueron liberados detenidos.
Ni qué decir respecto de la gravedad que entrañan situaciones como las referidas. Se supone que en los instrumentos públicos, tanto los textos como las firmas y los sellos, son insospechablemente auténticos. Si sucede que, de pronto, esa característica esencial empieza a desaparecer, se vulnera seriamente la regularidad de las decisiones que los organismos oficiales adopten en base a tales instrumentos. Ello, aparte de cundir una incertidumbre general respecto de la fidelidad de los escritos administrativos y judiciales del Estado.
Hasta hace no pocos años, semejantes anormalidades eran prácticamente impensables. Es como si hubiera existido, entonces, un generalizado nivel de probidad en quienes podían estar en contacto con esos documentos. Pero los tiempos han cambiado. Asistimos a la deplorable difusión de prácticas corruptas, consumadas con una audacia que parece en constante crecimiento. Estos lamentables hechos son su resultado.
Frente a ellos, es evidente que el Estado tiene el deber básico de proteger su tarea y de proteger a la sociedad. Si pueden perpetrarse falsificaciones es porque no existe, en los encargados de cada área, esa celosa vigilancia de la autenticidad de los papeles que debiera ser tarea normal. Puede ocurrir que no tengan directamente la culpa en la ejecución directa del fraude; pero sí la tienen por no haber ejercido el control que constituía su obligación. Por otro lado, es sabido que maniobras como las que nos ocupan, no pueden ser consumadas, por regla general, por una sola persona, sino que son el resultado de una red de complicidades, directas o indirectas.
Así las cosas, resulta indispensable, en primer lugar, que se realice la más exhaustiva investigación, para establecer las responsabilidades de cada agente, por encumbrada que sea la posición que ocupe. Responsabilidades que, por cierto, deben incluir tanto al autor del ilícito, como a todos aquellos que, por acción u omisión, hubieran facilitado de algún modo la maniobra. Las investigaciones deben llegar a un resultado concreto, que individualice a autores y que los dé a conocer a la opinión pública, con su correspondiente y rigurosa sanción. Sería la manera de dar respuesta a la legítima inquietud de la comunidad.
Al mismo tiempo, puesto que este tipo de delito se ha instalado en las prácticas de la burocracia estatal, en no pocos niveles, será necesario que, en todos los organismos, exista personal dedicado exclusivamente a enfocar la más despierta atención sobre estos aspectos de la papelería.
Aspectos que antes, como decíamos, no eran tenidos en cuenta, por aquella presunción general de honestidad que ya no puede seguirse invocando. Si no se procede así, las actuaciones escritas del Estado estarán siempre bajo un perturbador manto de sospecha.