Juárez, el edil preso de Las Talitas, faltó a otra sesión y perdió la banca

Mientras el Concejo Deliberante de Las Talitas realizaba ayer la cuarta sesión consecutiva del año, el edil César Alfredo Juárez (PJ), cumplía 34 días de detención en una celda de la Dirección de Investigaciones, en la causa denominada "Sacapresos". Por esa razón perdió su banca, y ahora sería reemplazado por su propia esposa, Stella Maris Aballay, que fue la segunda candidata de su sublema.
En el recinto de sesiones había más policías que concejales durante los 35 minutos que duró el debate. La presidencia del cuerpo solicitó la presencia policial ante las amenazas que habían sufrido algunos miembros de ese cuerpo para que no asistan a la reunión. La concejala Teresa Jorrat (FR) fue acompañada por un patrullero desde que salió de su domicilio hasta que llegó al Concejo Deliberante. Su par Nora del Valle Zalazar (PJ) también admitió sus temores por una llamada telefónica intimatoria. "El (por Juárez) perdió la banca. Esto es un hecho real. Ahora pediremos a la Junta Electoral que nos informe quién sigue en la lista de candidatos para reemplazarlo. Todos sabemos que es la esposa, pero tenemos que cumplir los pasos formales y estudiar su diploma", explicó Zalazar.
Juárez había presentado un certificado médico aduciendo que estaba bajo tratamiento psiquiátrico, y pidió una licencia de 30 días, pero el cuerpo rechazó el planteo por su condición de detenido.
Al momento de la votación, ocho ediles se pronunciaron en contra. En tanto que el concejal Roberto Martín (PJ), que tiene una causa en la Justicia por tenencia de drogas, se abstuvo de emitir su voto. Este último no quiso hacer declaraciones. Igual actitud adoptó el presidente del cuerpo, Marcos Kristal (PJ), aunque adujo dificultades para hablar a raíz de una operación quirúrgica.
Nerviosismo y tensión fueron las características de la sesión en la que algunos vecinos pidieron reiteradamente a los ediles que alcen la voz para poder escuchar el debate. "La decisión que se ha tomado es la correcta, porque hemos esperado un tiempo más que suficiente. Antes podríamos haber aplicado otros artículos del reglamento interno para definir el caso de Juárez", remarcó Jorrat.

Piden la ejecución de gastos de Tafí Viejo
El Concejo Deliberante de Tafí Viejo intimó al intendente Javier Pucharras a presentar la ejecución de gastos de 2004 y a elevar al cuerpo el proyecto de presupuesto para el año en curso.
En la última sesión, el órgano deliberativo aprobó cuatro resoluciones, mediante las cuales insta al jefe municipal a cumplir con ese procedimiento administrativo. El Departamento Ejecutivo trabaja con los datos del presupuesto 2002, que alcanzó los $ 27 millones. "No está sancionado el de 2003 ni tampoco el de 2004", se quejó el concejal Ricardo Alvarez (PJ).
Según Pucharras, la demora se debe a que no cuenta con los gastos de 2003. "Buscamos los antecedentes, pero no hay nada de la gestión anterior. De todas maneras, intimé al secretario de Hacienda, Pedro Sánchez, a que normalice esa situación", expresó. Sánchez, en tanto, coincidió en que la tarea se dificultó por el desorden administrativo con el que recibieron el municipio. "De todas formas, el Concejo tampoco presentó sus presupuestos", dijo.

La Municipalidad reconoció la deuda con la 9 de Julio
Ya está listo el decreto, y para la Municipalidad de la capital no hay más discusión. La deuda con la empresa 9 de Julio por la recolección de los residuos es de casi $ 17 millones. Sin embargo, ya se pagó una parte, por lo que ahora resta abonar un monto cercano a los $ 14 millones.
La bonificación no se hará en efectivo, sino en bonos de Conversión y Saneamiento de Empréstitos Públicos (Consadep). Esos títulos se pagan a 16 años, con un interés anual del 2%, ajustado por el Coeficiente de Actualización de Referencia (CER).
El decreto que firmó el intendente, Domingo Amaya, establece que la deuda corresponde al período comprendido entre noviembre de 1998 y enero de 2004, según lo explicó el secretario de Hacienda municipal, Roberto Luis Sollazzi.
El caso tuvo una larga y controvertida etapa de negociación con fuertes discusiones sobre el monto definitivo. El municipio había creado una comisión técnica integrada por tres miembros para determinar la deuda. Ese grupo de trabajo fijó un mínimo de $ 7 millones y un monto máximo de $ 16 millones.
En base a ese informe, el 17 de diciembre de 2004, el Concejo Deliberante autorizó a Amaya a pagar $ 16 millones a la empresa privada, en concepto de deuda, con 11 votos a favor y seis en contra.
En aquella sesión, los ediles peronistas Armando Cortalezzi y Juan Carlos Mamaní defendieron ese monto. Ambos habían coincidido en que la deuda con la firma recolectora de residuos era de $ 41 millones y que pagar $ 16 millones era un buen negocio para el municipio. En cambio, la concejala peronista Carolina Vargas Aignasse se distanció de los ediles amayistas al votar en contra. Incluso, en sus fundamentos había advertido que, en el futuro, la ordenanza afectaría el erario municipal.
Los radicales Raúl Pellegrini, Gustavo Usandivaras, José Luis Avignone y Federico Romano Norri (UCR) también rechazaron en el recinto la postura oficialista. A ellos, además, se sumó el concejal Eduardo de Zavalía (Frente Anticorrupción).

Mochila pesada
Con el decreto ya firmado, ahora resta notificar a la empresa 9 de Julio y esperar que el Gobierno provincial disponga del pago en títulos públicos. Sollazzi admitió que la vieja deuda de arrastre era una mochila pesada para la actual gestión. "Se reconoce la deuda y se trata de pagarla. Este trato no es sólo con esta empresa, sino con todas las deudas que tiene el municipio. Por supuesto que vamos de a poco, porque son muchas, pero bajo la premisa de que el Estado debe pagar sus deudas", remarcó.