La Justicia Federal investiga la muerte del dueño del Pozo de Vargas

Una veintena de avisos fúnebres publicados ayer por LA GACETA sacudió la causa penal sobre la existencia de restos de detenidos desaparecidos (durante la última dictadura militar) en el Pozo de Vargas (avenida Francisco de Aguirre al 4.000).
Las participaciones hacían referencia al fallecimiento de Antonio Manuel Vargas, el dueño del predio donde la Justicia Federal realizó excavaciones y encontró huesos humanos. La novedad motivó al juez federal Felipe Terán a que concrete una serie de medidas urgentes para determinar fehacientemente la identidad de aquél.
Pese a que aún esperan que les contesten los oficios judiciales, en los tribunales federales creen que efectivamente es la misma persona. Los nombres de la esposa e hijos (de Vargas) coinciden con los existentes en el expediente, así como la nacionalidad (española) y la edad que habría tenido (aproximadamente 78 años).
LA GACETA pudo constatar que Vargas falleció el domingo cerca de las 22 en su casa. Días antes había estado internado en la habitación 226 del Sanatorio Rivadavia de esta capital. Sus restos fueron velados en la empresa Flores y, posteriormente, fueron enterrados en el Cementerio del Norte.
Durante las vacaciones, Vargas había sufrido una quebradura de fémur en Mar del Plata. Lo trasladaron a Tucumán, pero nunca logró recuperarse.
No obstante, la abogada Laura Figueroa, de organismos defensores de los derechos humanos, exigió una autopsia para establecer la causa del fallecimiento.
"Quiero que se practiquen pruebas fehacientes que determinen las causas del deceso. Fui víctima de atentados, robos y persecuciones, porque en la provincia está intacto el poder criminal impune de otras décadas", afirmó la letrada que asesora a familiares y amigos de detenidos y desaparecidos.
Tanto Figueroa como el fiscal federal Emilio Ferrer habían pedido al juez que cite a Vargas para que preste declaración indagatoria (y lo detenga), como partícipe necesario de la desaparición forzada de personas durante la década del 70. Sus planteos se sustentaron en testimonios vertidos en la causa.
Durante 2002, Vargas declaró, pero trascendió que se habría mostrado reacio a colaborar con la pesquisa. La abogada de los organismos de derechos humanos recordó que dio datos erróneos sobre la ubicación del pozo a propósito, presuntamente para dificultar la acción judicial.