01 Julio 2025
La Coalición Cívica (CC-ARI) denunció este martes al titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, por resolver que no hubo "ninguna falta ética" del presidente Javier Milei en el caso de la criptomoneda $Libra.
La presentación judicial, que fue hecha por los diputados cívicos Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, sostiene que la OA no investigó, no contrastó y no verificó nada.
“Solo convalidó un relato”, afirmaron. Además, piden que se investigue la posible injerencia política en la resolución del organismo público. Apunta contra el propio Milei, Karina Milei, Guillermo Francos, Luis Caputo y Manuel Adorni.
Entre las deficiencias en la investigación que le marcaron a la OA, se encuentra la no valoración del rol institucional del Presidente en la promoción de $Libra. Sostienen que no analizaron el impacto económico y simbólico de su posteo del 14 de febrero donde celebró la aparición de la criptomoneda, cuyo supuesto objetivo sería apoyar las empresas y PyMEs argentinas.
FOTO TOMADA DE X/@MAXIFERRARO.
$Libra: la jueza de EEUU ordenó congelar U$S280 millones y dudan del paradero de Hayden Davis
La justicia estadounidense dio un golpe contundente al congelar U$S280 millones en activos presuntamente generados por la criptomoneda $Libra, promovida en su momento por el presidente argentino Javier Milei. La medida busca salvaguardar las ganancias obtenidas a través de este negocio mientras se investiga si se trató de un esquema fraudulento que afectó a unos 75.000 inversores.
La decisión, emitida por la jueza Jennifer L. Rochon del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, respondió a una demanda colectiva presentada por el estudio de abogados Treanor, que representa a los inversores damnificados. El estudio Treanor calificó la medida cautelar como "una victoria crucial para las víctimas del fraude de criptomonedas $Libra".
Según Timothy J. Treanor, director ejecutivo de Treanor Law, la orden de congelamiento contra Circle es la más grande jamás obtenida contra un emisor de criptomonedas en un caso particular, impidiendo a los acusados acceder a los fondos mientras se desarrolla el proceso judicial. Una audiencia preliminar fue programada para el 9 de junio de 2025 para evaluar posibles impugnaciones a la orden de restricción.
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