La seguridad del pasajero conduce el debate por las “moto taxis”

“¿Viajarías como pasajero en una moto de las que te ofrecen las aplicaciones?”. Con esa pregunta de tono reflexivo, mas no condenatorio, la asociación civil Luchemos por la vida incluye en el debate de las motos de transporte a la seguridad vial. En San Miguel de Tucumán se encuentra bajo análisis la regulación de la actividad de estos vehículos a través de plataformas digitales y, aunque la discusión avanza lento, las principales voces tienen en claro cuáles son los ejes que se deben tener en cuenta a la hora de otorgar una normativa que asegure la protección del ciudadano.

La oferta de traslados en moto a través de apps se instaló en Argentina en 2022 y gana cada vez más terreno desde entonces. El grupo sin fines de lucro advierte que, aunque es la opción predilecta por su bajo costo y sus “atajos” en el tránsito caótico, el vehículo de dos ruedas supone un riesgo primordial: sufrir un siniestro vial. “La motocicleta es un vehículo de riesgo por su inestabilidad, que depende del equilibrio del conductor y sus movimientos. No ofrece carrocería protectora a sus usuarios y tiene poco volumen, por lo que resulta poco visible para el resto de los conductores”, desarrolla Luchemos por la vida, e indica que, según estadísticas nacionales y propias, el 47% del total de los muertos en el tránsito durante el último año fueron motociclistas.

La asociación civil resalta que también el usuario tiene un rol determinante a la hora de evitar riesgos. “Participa activamente en el equilibrio de la moto durante el viaje: se deben mantener los pies en los estribos, agarrarse de las manijas de la moto, acompañar los movimientos del conductor, evitar movimientos bruscos, entre otros. Si concientizar y educar a los conductores de motos resulta fundamental para una movilidad segura, también los pasajeros lo necesitan”, detalla. Además, ofrece estadísticas para justificar el uso del casco como un parámetro fundamental: los motociclistas que lo usan tienen un 73% menos de mortalidad y pueden sufrir hasta un 85% menos de lesiones graves.

Números en la Capital

Benjamín Nieva, secretario de Transporte y Movilidad Urbana, acompañó las métricas con el panorama local. “Se ve mucha problemática en el tránsito en este sentido, sobre todo por la transgresión de las normas viales. Nosotros tenemos un conteo que ocho de cada diez motos cruzan el semáforo en rojo, y eso explica también la cantidad de actas de infracción que se hacen a diario”, comentó. Según cifras aportadas por el Tribunal de Faltas capitalino, cuya directora es Eliana Orellana, en 2024 se detectaron 10.471 infracciones cometidas por motociclistas, lo que abarca un 14% del total de 76.114 labradas en el año. Además, se registraron 780 casos de reincidencia en los vehículos de dos ruedas.

El funcionario capitalino remarcó que, si la actividad se legisla, sería importante asegurar tres reglas. “Si trasladamos a una persona, esa persona tiene que tener un casco acorde al tamaño de su cabeza, que no es el mismo para un masculino mayor que para una mujer de contextura chica. El segundo tema es el seguro, que es fundamental para la protección. Y en tercer lugar, tenemos que saber quién es la persona que conduce, qué antecedentes tiene y que tenga toda la documentación correspondiente”, enumeró Nieva.

Aportes del Concejo

El debate está en manos del Concejo Deliberante y, en particular, de la comisión de Transporte que dirige José María Franco. El edil Carlos Arnedo (Acción Vecinal) presentó un proyecto que regula el transporte en motocicletas. Según su opinión, lo fundamental es el seguro del transportado, los dos cascos para los viajeros y un buen estado del motovehículo. Asimismo, pide que se solicite un certificado de antecedentes penales y que la plataforma que hace posible el viaje tribute al municipio.

En tanto, el alfarista Carlos Ale, miembro del comité de Transporte, aportó que debe imponerse el uso de una cilindrada capaz de sostener el peso de dos cuerpos y que las motos no tengan más de cinco años de antigüedad, porque se deterioran más rápido que un auto. “Si hablamos desde la perspectiva de cuidar al ciudadano, tenemos que ver todos esos temas sin perder la perspectiva de que queremos que la gente que quiera trabajar, pueda hacerlo”, agregó.

En este sentido, el concejal opositor lanzó una crítica al Estado municipal. “No podemos seguir siendo anárquicos. La ciudad está anárquica en la toma de decisiones de las políticas de transporte y cada uno hace lo que quiere. No hay controles ni tampoco hay decisiones políticas en San Miguel de Tucumán”, lanzó Ale.

Del informe de Luchemos por la vida se plantean distintas preguntas, que aparecen durante el desarrollo del escrito. “¿Cuál es el riesgo de tu seguridad? ¿Qué hacen las empresas de aplicaciones que ofrecen estos traslados? ¿Ofrecen casco a las personas que van a subirse a la moto? ¿Verifican que la persona lo tenga y que sea adecuado? ¿De qué manera garantizan la seguridad de los clientes que se suben a las motos?”. Y una vez más: “¿viajarías como pasajero en una moto de las que te ofrecen las aplicaciones?”. Esos son los cuestionamientos que le corresponde al Concejo Deliberante -con ayuda del Ejecutivo municipal- resolver, poniendo la seguridad del ciudadano como eje.

Proponen la eliminación del Sutrappa

Pese a que el debate sobre las plataformas digitales perdió intensidad en las últimas semanas, el Concejo Deliberante continúa sumando iniciativas para regular la actividad de los autos particulares. Facundo Vargas Aignasse, con el apoyo de otros concejales, presentó un proyecto que dispone la eliminación del Sutrappa y su transformación en un sistema unificado que dependa de la Dirección de Tránsito municipal.
El escrito define el criterio de “regular la prestación del servicio de transporte privado de personas mediante plataformas digitales -en auto y en moto-, así como establecer un régimen unificado para el servicio público de taxis en el ámbito del municipio de San Miguel de Tucumán”. El proyecto es acompañado por los ediles Gonzalo Carrillo Leito y Ernesto Nagle (Peronismo de la Capital) y Ana González (PJS).
En uno de sus capítulos, la propuesta establece la eliminación del sistema de taxis que hace tiempo funciona en la Capital. “Todo el personal del Sutrappa será transferido a la Dirección de Tránsito municipal, respetando su situación laboral, escalafón y funciones compatibles. La Dirección asumirá todas las tareas de control, registro y fiscalización que le eran propias al Sutrappa”, indica.

El proyecto de Vargas Aignasse elimina el canon municipal que abonan los titulares de licencias de taxis. A su vez, impone una alícuota del 2,5% sobre el monto mensual facturado para las plataformas digitales, en concepto del Tributo de Inspección, Registro y Servicios de Contralor. Le atribuye a los taxistas la exclusividad de levantar pasajeros en la calle y se les imponen los mismos requisitos técnicos, de seguridad y documentación que para los vehículos particulares.

Entre ellos, se mencionan: seguro vigente, inspección técnica vehicular aprobada y una antigüedad máxima de 10 años. También se solicita el certificado de antecedentes penales para cada conductor. Los taxis deberán estar ploteados e identificados visiblemente y se suspende el otorgamiento de nuevas licencias. Con respecto a las empresas que dirigen las apps, se piden: constancias de inscripción vigentes en organismos fiscales, constitución de domicilio fiscal legal en la Provincia, contratos y póliza de seguro correspondiente.
El escrito se incorpora a la lista de propuestas en estudio por parte del Concejo Deliberante. En total, habría ocho proyectos: de Leandro Argañaraz (presentó dos), de Carlos Arnedo, del Sindicato de Peones de Taxis, de la bancada oficialista, del Ejecutivo municipal, de la comisión de Transporte (el último borrador en análisis) y de Vargas Aignasse.