El suero de la verdad

Si el conflicto que arrastra la escuela Díaz Vélez sugería que ni los padres, ni los maestros, ni la dirigencia política y gremial saben qué hacer con los llamados "chicos especiales", eso se confirma ante datos como este: en ese establecimiento hay alumnos de 15 años que llegaron a séptimo grado sin saber leer ni escribir su nombre. Pero otros casos, como una denuncia sobre presunta discriminación de chicos con Déficit Atencional en un colegio privado tucumano, muestran que no sólo los maestros de la escuela pública tienen dificultad para trabajar con chicos especiales. En cambio, sí es responsabilidad del Estado controlar el sistema educativo, sea este estatal o de gestión privada. En el caso del chico hiperquinético, intervino el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), cuya titular, Graciela Cárdenas, afirmó que la discriminación en escuelas engruesa el 70% de las denuncias recibidas en ese organismo.

La escuela Díaz Vélez
El 21 de marzo, la secretaria de Educación, Susana Montaldo, y la responsable de Educación Especial, "Gali" Dato, se reunieron en la Legislatura con los responsables de las comisiones de Educación y de Familia, Minoridad y Discapacidad, para discutir el destino de la escuela Díaz Vélez, a la que hasta el año pasado concurrían más de 100 chicos considerados "de bajo rendimiento". En esa reunión, Montaldo insistió en su postura de integrar a esos alumnos a escuelas comunes o de nivel especial, según el diagnóstico trazado para cada caso por el Gabinete Psicopedagógico de la Provincia, a cargo de la tarea. En cambio, desde la Legislatura, Jorge Mendía y José Constanzo, entre otros parlamentarios, defendieron la continuidad temporaria de la escuela Díaz Vélez "hasta que los alumnos sean incorporados al resto del sistema". Hasta aquí, el relato de los hechos más o menos conocidos.
Lo novedoso es lo que se dijo en esa reunión. Allí se recordó, por ejemplo, que la escuela Díaz Vélez nació en 1973 como un establecimiento "de aprendizaje lento", que sólo debería haber ofrecido tres niveles (hasta el antiguo tercer grado). Sin embargo, 30 años después, las propias autoridades -algunas de las cuales ya tuvieron responsabilidad jerárquica en la política educativa de la última década en Tucumán- admiten que "las maestras (de esa escuela) fueron creando nuevos grados para no quedarse sin trabajo". Entre otros "sinceramientos", en esa reunión se agregó que la escuela fue creciendo al amparo de la complicidad "del gremio docente". Todo ello ameritaría, por lo menos, una investigación administrativa sobre docentes y directivas involucradas.
Como si una dosis del suero de la verdad hubiera caído sobre los presentes en esa sala de reunión de la Legislatura, también se dijo que el ausentismo docente en la escuela Díaz Vélez fue una constante en el tiempo. Y que las maestras y las directivas de la escuela -que el año pasado habrían fogoneado la protesta de los padres para mantener su fuente laboral- se quedaron calladas desde que en febrero de este año la Legislatura les prometió la titularización.
De confirmarse todos los dichos vertidos en esa reunión, tanta inyección de verdad obliga a unas cuantas preguntas: 1) ¿cómo es posible que las autoridades educativas no hayan sido capaces de tomar por las astas un problema que lleva 30 años?; 2) ¿por qué la Legislatura accedió a titularizar a las docentes?; 3) si las autoridades "no vieron" el ausentismo reiterado en ese establecimiento, ¿qué garantiza que en otras escuelas no pase lo mismo? Aunque en este debate aparece con insistencia la apelación a "respetar los derechos de los chicos", lo que mostró hasta ahora este suero de la verdad es que el Estado provincial no ha cumplido con su responsabilidad de controlar la eficiencia y la ética en la gestión educativa, sea esta privada o estatal.