Poder ciudadano

La antigua forma constitucional, según la cual se reconocen tres poderes independientes, ha sido superada por los acontecimientos. Si algo está en claro es que cuando un sector político ocupa el gobierno, su principal y casi único objetivo es colonizar los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Los actuales preceptos constitucionales fueron una respuesta aceptable para otra circunstancia y para otra sociedad. La masificación, la fragmentación, la exclusión social y la pérdida de credibilidad en lo político obligan a abandonar posiciones dogmáticas a la hora de repensar nuestro régimen político.La existencia de intereses de grupo entre quienes ocupan los máximos puestos en la conducción del Estado, es una consecuencia lógica del actual sistema de distribución de esas magistraturas.
El pueblo está cansado de que lo usen para ungir con privilegios a quienes deberían servirlo y que, al final, terminen explotando sus necesidades y frustrando sus esperanzas. El sociólogo Alain Tournaire ("¿Podremos Vivir Juntos?") observaba que el punto central del reproche a los partidos políticos es su tendencia a actuar más preocupados por las condiciones de su propia subsistencia que por las relaciones que deben mantener con la sociedad.
Si realmente el proceso de reforma constitucional pretende trascender y no ser una mera reproducción de lo existente, debe lograr pasar de una democracia de baja intensidad a una democracia de participación, consagrando constitucionalmente con un rango de tal al poder ciudadano.
No sería realista una reforma, tal como se discutió hasta aquí, que sólo contemple el funcionamiento de los mecanismos partidarios electorales y la incidencia de estos en la estructura más amplia de los tres poderes convencionales.
El nuevo marco constitucional debería crear un órgano que refuerce la participación de los agentes económicos, laborales, educativos, culturales, profesionales y sociales. Será consultivo en todas las cuestiones de trascendencia para la comunidad, adoptando sus dictámenes las notas de vinculante y obligatoria para los otros poderes en materias tales como: presupuesto provincial, endeudamiento público, privatizaciones, materia impositiva, sistema electoral, reforma o enmienda constitucional, educación y cultura.
Será de contralor porque podrá solicitar informes a cualquier órgano de gobierno, teniendo activa participación en los procesos de selección de miembros del Poder Judicial (CAM), del Tribunal de Cuentas y del defensor del pueblo.