Reclaman al PE que respete a la Justicia

La Federación Ambiental de Tucumán cuestionó a los empresarios y a los funcionarios del Poder Ejecutivo que defendieron el proyecto para construir un centro de entretenimientos con 1.000 tragamonedas en el predio del Hipódromo. Según los dirigentes Juan Prado Irachet y Pedro Otonello, es necesario aplicar prudencia y mesura ante una orden judicial que ordenó no avanzar con la polémica iniciativa.
La entidad, que agrupa a las organizaciones ambientalistas no gubernamentales, había presentado una acción de amparo para frenar la instalación de la megasala de juegos. La Justicia hizo lugar al planteo y requirió a los funcionarios que se abstengan de agravar la situación existente o, en su caso, que suspendan los efectos del acto impugnado. La Federación Ambiental había reclamado que el proyecto, que también prevé la construcción de un centro de convenciones, no afecte uno de los principales pulmones verdes de la capital.
La semana pasada, en una reunión realizada en la sede de la FET de la que participó el interventor de la Caja Popular, Osvaldo Jaldo, los empresarios defendieron el proyecto oficial. Calificaron la orden judicial como un obstáculo y como un elemento pendiente que debería ser superado rápidamente.
Prado Irachet y Otonello rechazaron esos dichos y advirtieron que las supuestas ventajas económicas sólo beneficiarán a un grupo reducido de personas. Según los ambientalistas, los funcionarios deberían entender que la comunidad seguirá resistiendo los emprendimientos.