28 Marzo 2005 Seguir en 
Hemos informado sobre un curioso episodio, constituido por la fuga de seis delincuentes que estaban alojados en la seccional tercera de la Policía. Practicaron un boquete en una de las paredes de la celda, lo que les permitió huir sin inconvenientes. Si bien la humedad que había invadido el muro facilitó el trabajo, se investiga acerca de los medios que usaron para la perforación, realizada en pocas horas, así como las responsabilidades que pudiera tener el personal que en esos momentos se encontraba en el edificio.
Más allá del específico caso, interesa hacer un comentario sobre las realidades que se vienen a poner de manifiesto. En primer lugar, el estado de deterioro que presentan, por regla general, las comisarías de la ciudad y de la provincia. Se trata de inmuebles añosos y sobremanera utilizados, sin que se hayan efectuado en ellos las reparaciones periódicas que serían indispensables. Es evidente que tal falencia también conspira contra la seguridad de los delincuentes allí alojados. Paredes derruidas por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento no constituyen el mejor recaudo para contener a detenidos.
Justamente, la seccional donde se produjo la fuga, es una de las más afectadas, lo que resulta visible por la inclinación del edificio, cuyos cimientos han cedido.
La reparación de los locales policiales, así como las tareas de periódica mantención de los mismos, deben tener su lugar en los objetivos de la administración pública. Como lo expresa nuestra nota, hace más de un año que se presentó un proyecto destinado a esas refacciones. Pero sucede que, hasta el momento, no se liberaron los fondos para que la Dirección de Arquitectura y Urbanismo y el grupo de ingenieros de la Policía puedan dar comienzo a los respectivos trabajos.
Otra cuestión es la vinculada con el alojamiento de los detenidos. Como se sabe, las comisarías no pueden ser sino un sitio transitorio para esto último. Pero como el sistema penitenciario de la provincia está colapsado, terminan convirtiéndose en una suerte de subsede de la cárcel. Además, deben alojar también a contraventores.
Se trata, según resulta obvio, de un tema respecto del cual no solamente existe la urgencia de efectuar tareas de refacción; también hay que pensar, y a la mayor brevedad, en nuevas construcciones.
Puesto que ha crecido enormemente la población de Tucumán, y consecuentemente el número de personas que cometen delitos, ha de existir el ámbito adecuado para que los detenidos permanezcan. De otra manera, vienen a afectarse seriamente los requisitos de seguridad que, en este punto, tienen importancia clave. La problemática respectiva es, como muchas otras, algo que debe encararse por medio de una política integral.
Es decir, que comprenda tanto el problema de la estrechez de los establecimientos penales, como el de las comisarías seccionales, que juegan un rol fundamental para la marcha adecuada del sistema.
Está de más decir que estas decisiones, que debieran integrar la preocupación de los legisladores, requieren inversiones presupuestarias nada pequeñas. Las mismas deben ser planificadas adecuadamente, como manera de dar respuesta a un panorama que, en la actualidad, tiene entidad suficiente como para inquietar.
No puede pensarse que contamos con una estructura eficaz y moderna para todo lo que significa la prevención y la lucha contra el delito, si existen carencias tan evidentes como las que consignamos, aun de modo superficial, en este comentario.
Hay que recordar que esto es algo de extrema trascendencia para la tranquilidad de la población y para la aplicación debida de las leyes penales.
Más allá del específico caso, interesa hacer un comentario sobre las realidades que se vienen a poner de manifiesto. En primer lugar, el estado de deterioro que presentan, por regla general, las comisarías de la ciudad y de la provincia. Se trata de inmuebles añosos y sobremanera utilizados, sin que se hayan efectuado en ellos las reparaciones periódicas que serían indispensables. Es evidente que tal falencia también conspira contra la seguridad de los delincuentes allí alojados. Paredes derruidas por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento no constituyen el mejor recaudo para contener a detenidos.
Justamente, la seccional donde se produjo la fuga, es una de las más afectadas, lo que resulta visible por la inclinación del edificio, cuyos cimientos han cedido.
La reparación de los locales policiales, así como las tareas de periódica mantención de los mismos, deben tener su lugar en los objetivos de la administración pública. Como lo expresa nuestra nota, hace más de un año que se presentó un proyecto destinado a esas refacciones. Pero sucede que, hasta el momento, no se liberaron los fondos para que la Dirección de Arquitectura y Urbanismo y el grupo de ingenieros de la Policía puedan dar comienzo a los respectivos trabajos.
Otra cuestión es la vinculada con el alojamiento de los detenidos. Como se sabe, las comisarías no pueden ser sino un sitio transitorio para esto último. Pero como el sistema penitenciario de la provincia está colapsado, terminan convirtiéndose en una suerte de subsede de la cárcel. Además, deben alojar también a contraventores.
Se trata, según resulta obvio, de un tema respecto del cual no solamente existe la urgencia de efectuar tareas de refacción; también hay que pensar, y a la mayor brevedad, en nuevas construcciones.
Puesto que ha crecido enormemente la población de Tucumán, y consecuentemente el número de personas que cometen delitos, ha de existir el ámbito adecuado para que los detenidos permanezcan. De otra manera, vienen a afectarse seriamente los requisitos de seguridad que, en este punto, tienen importancia clave. La problemática respectiva es, como muchas otras, algo que debe encararse por medio de una política integral.
Es decir, que comprenda tanto el problema de la estrechez de los establecimientos penales, como el de las comisarías seccionales, que juegan un rol fundamental para la marcha adecuada del sistema.
Está de más decir que estas decisiones, que debieran integrar la preocupación de los legisladores, requieren inversiones presupuestarias nada pequeñas. Las mismas deben ser planificadas adecuadamente, como manera de dar respuesta a un panorama que, en la actualidad, tiene entidad suficiente como para inquietar.
No puede pensarse que contamos con una estructura eficaz y moderna para todo lo que significa la prevención y la lucha contra el delito, si existen carencias tan evidentes como las que consignamos, aun de modo superficial, en este comentario.
Hay que recordar que esto es algo de extrema trascendencia para la tranquilidad de la población y para la aplicación debida de las leyes penales.







