En un juicio objetan la legalidad del cobro de Ingresos Brutos

La ilegalidad de la mecánica de cobro de los impuestos a los Ingresos Brutos, implementada desde 2003 y ampliada a mediados del año pasado por la Dirección General de Rentas, fue señalada en dos informes de especialistas universitarios en la materia. Las opiniones están en poder de la fiscal de la VI Nominación, Adriana Reinoso Cuello, quien investiga si el director de la repartición, Pablo Clavarino, incurrió en exacciones ilegales y abuso de autoridad.
Las objeciones al régimen tributario fueron efectuadas por los titulares de las cátedras de Finanzas y Derecho Financiero de la Universidad Nacional de Tucumán, Pedro Rougés (decano de la Facultad de Derecho), y de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, María Elena Marchese de Posleman. Los docentes fueron consultados en el expediente que tramita la denuncia contra Clavarino, que presentaron los legisladores Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes), Juan Roberto Robles (UCR), Ernesto Padilla y Carlos Canevaro (ambos de FR).
Las disposiciones de Rentas contemplan que se abone Ingresos Brutos en todas las cuentas bancarias, se esté o no inscripto en ese rubro, y determina la alícuota. Aparte, obliga a las instituciones bancarias a efectuar los descuentos sobre los movimientos que se efectúen. Estas decisiones fueron criticadas por los legisladores y por los bancos. Señalaron que Clavarino no tiene facultades para determinar la mecánica que se aplica y que debía ser impuesta por ley.
En su pronunciamiento, Rougés destacó: "el régimen creado deviene ilegal porque es de recaudación, no de retención, percepción ni información, y Rentas no tiene facultades para designar otro tipo de agentes que los enumerados en la ley". Consideró incluso que se podría estar afectando el principio de territorialidad, al abarcar a empresas del Convenio Multilateral.

Anomalías
Marchese de Posleman advirtió que en la decisión de Clavarino no se cumplen los requisitos formales y que, además, se deja de lado "la fuente como concepto indicativo de una actividad económica que genera ingresos que resultan imponibles en el origen". "Las entidades financieras designadas por la norma para amputar importes de los depósitos bancarios no tienen ninguna relación con el hecho imponible. Los créditos en las cuentas pueden o no ser el reflejo de ingresos del contribuyente por actividades gravadas, que nunca tienen relación con quienes las administran", puntualizó.
"Una operatoria gravada que puede estar alcanzada por una retención o una percepción en su fuente, luego vuelve a ser víctima de otra amputación en sede bancaria, lo que es irrazonable", resaltó la docente. "Esa desconexión entre el hecho imponible y el sistema retentivo hacen que ingresen importes que no están vinculados con los ingresos brutos. El Estado no puede imponer cargas públicas sin respetar el principio de reserva de ley", se quejó.
La especialista recordó que le corresponde a la Legislatura crear impuestos, y que no puede hacerlo el Poder Ejecutivo. Lamentó que así se lo haga en forma generalizada en todo el país.
La fiscal Reinoso Cuello avanzará ahora con la causa, que no es considerada un hecho de corrupción contra el Estado.