Estatales cobraban subsidio por desempleo

Más de cien empleados públicos provinciales, que revisten en la Policía y en la Secretaría de Educación, serían investigados en la Justicia Federal como presuntos autores del delito de defraudación en perjuicio del Estado Nacional. La acusación fue formulada por el fiscal federal Carlos Brito al detectar que los trabajadores cobraron el sueldo y eran beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar Desempleados, durante varios meses.
Brito solicitó al juez federal Felipe Terán que cite a los identificados a que presten declaración indagatoria para definir su situación procesal. Los distintos casos fueron divididos en una decena de expedientes, cada uno con un grupo de aproximadamente 10 personas para su mejor tratamiento burocrático.
Esta primera etapa involucra a 86 policías incorporados como contratados por este Gobierno a partir de diciembre de 2003, que siguieron como beneficiarios del plan Jefes y Jefas según los recibos del Banco del Tucumán. Además, hay 12 agentes de planta permanente (no contratados) de la Policía y otros 60 casos en los que aún falta sustanciar pruebas. Mientras tanto, en la Secretaría de Educación se detectaron 18 empleados en idéntica situación irregular.
El fiscal cuenta con un padrón completo de los empleados estatales activos, contratados, de planta temporaria o en cualquier otra modalidad de labor, junto con los datos de sus cónyuges. Asimismo, tiene otro de todos los beneficiarios del plan Jefes y Jefas. El principal inconveniente es que en muchos casos se provee el número de DNI, cuando es necesario el CUIL para precisar la identidad administrativa.
En este momento, se avanza en las reparticiones que tienen información más completa. Después será el turno de las oficinas con menos cantidad de personal hasta llegar a las más numerosas; entre ellas, la administración centralizada. En una primera proyección, más de mil casos podrían presentar anomalías.
El plan asistencial de $ 150 mensuales sólo podía ser otorgado por el Ministerio de Trabajo de la Nación a hogares donde los padres estén desocupados y tengan hijos menores de edad o discapacitados. Quienes consiguen un empleo (público o privado), deben renunciar este hecho ante el subsidio para evitar caer en un delito penal.

En la Cámara Federal
La Cámara Federal de Apelaciones debe resolver los planteos de las defensas de cinco políticos o de sus cónyuges, procesados por haber cobrado sueldos por sus cargos públicos y planes sociales al mismo tiempo. La primera causa fue la de la comisionada de San Andrés, Carla Martín, en la que el juez federal Felipe Terán determinó que hubo una doble percepción de haberes del Estado entre noviembre de 2003 y enero de 2004. Martín apeló esa conclusión.
En octubre pasado, el juez federal Jorge Parache procesó también por defraudación al Estado a los comisionados rurales de El Chañar, Enrique Ignacio Robles, y de Monte Bello, Juan Carlos Ramírez; a Noemí Alicia Vega, esposa del comisionado de Delfín Gallo, Rolando Gustavo Carrizo; y a Estela Clementina Acosta, cónyuge del concejal de Concepción, Edgardo Ibarra. Todos cuestionaron la decisión ante la Cámara Federal.
El magistrado aún está sustanciando las pruebas en otros cuatro expedientes en los que se menciona a dirigentes políticos, sobre quienes se dictó la falta de mérito hasta establecer el sobreseimiento o el procesamiento de cada uno. En este estado se encuentran las causas del comisionado rural de Los Pereyra, Dardo René Rojas; del edil de Burruyacu José Luis Robledo; de Silvana de los Angeles Abaca (esposa del edil bussista de Concepción, Horacio Esterman); y de Delia Beatriz Avalos, mencionada como cónyuge del concejal de Banda del Río Salí, Juan Manuel Jiménez, pero que estaría casada con Ramón Medina.