El Tribunal de Cuentas (TC) frenó el incremento del monto que mensualmente el Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS) paga al Colegio Médico. El ente de control se opuso al convenio firmado a fines del año pasado y que debía comenzar a regir a partir de enero de 2005, por considerar que la repartición pública no tiene garantizados los recursos suficientes como para afrontar el aumento acordado.
Por medio del acuerdo 489, del lunes pasado, Miguel Chaibén Terraf y Sergio Díaz Ricci observaron el convenio con carácter de formal oposición, lo cual impide la ejecución del acto administrativo. De este modo, el IPSS deberá seguir pagándole la cifra habitual a la institución que reúne a los médicos, y no más.
Hasta el acuerdo, la obra social estatal abonaba $ 1,6 millón por mes. Por el compromiso de diciembre pasado, el interventor Mario Koltan había garantizado un monto mensual de $ 1,8 millón ($ 215.000 más), lo que representaba una mejora del 13%.
La decisión del TC se basó en un informe del departamento de Contadores Fiscales. Este advirtió que el IPSS "mantendría un superávit mensual de $ 750.000 proveniente en su mayor parte del aporte no reintegrable concedido por el Gobierno, por medio del decreto 32/3", que dispuso el otorgamiento de un total de $ 9 millones para todo el año.
Los contadores marcaron que los recursos asignados por el decreto deben asignarse en forma exclusiva a "erogaciones inherentes al Plan Complementario (implementado desde octubre), que incluye prácticas de alta complejidad, transplantes, prótesis, traslados en avión sanitario y oncología". Esto, en consecuencia, impide que el dinero sea asignado a otros fines, como mejoras para los profesionales.
Cambio de contrato
Otro argumento utilizado fue una nota de la propia Gerencia Administrativa del Subsidio de Salud. Esta informó que "no se corresponde el incremento solicitado por el Colegio Médico con las prestaciones consideradas en la cobertura y alcances del Plan Complementario", lo que lo dejó sin fuentes genuinas de financiamiento. Sin considerar el aporte extraordinario de la Provincia, el superávit del IPSS sería de $ 15.000 por mes, según informes oficiales.
Los miembros del TC concluyeron que el acuerdo con el colegio implicaba una modificación de la relación contractual en lo que respecta al precio. "El superávit genuino resulta evidentemente insuficiente y prácticamente sin incidencia para considerarlo como sustento efectivo del financiamiento del gasto", destacaron. En particular, indicaron que los fondos del decreto 32/2 no deben incluirse en estos cálculos.
"Acudir al patrimonio neto positivo del IPSS, como expresamente lo invoca la resolución sometida a control, implica concretamente que el financiamiento del compromiso que se asume estaría sujeto a su realización. Esto resulta objetable jurídica y contablemente en el marco de los principios de la contabilidad pública y, fundamentalmente, en que todo gasto debe tener sustento en recursos genuinos", advirtieron Díaz Ricci y Terraf. Agregaron, asimismo, que no corresponde establecer la retroactividad del convenio.
Ahora, el Gobierno puede insistir en su decisión y poner en vigencia el acuerdo entre el IPSS y los médicos (desoyendo los planteos del ente de control), o reformular el convenio atendiendo observaciones del TC.
Por medio del acuerdo 489, del lunes pasado, Miguel Chaibén Terraf y Sergio Díaz Ricci observaron el convenio con carácter de formal oposición, lo cual impide la ejecución del acto administrativo. De este modo, el IPSS deberá seguir pagándole la cifra habitual a la institución que reúne a los médicos, y no más.
Hasta el acuerdo, la obra social estatal abonaba $ 1,6 millón por mes. Por el compromiso de diciembre pasado, el interventor Mario Koltan había garantizado un monto mensual de $ 1,8 millón ($ 215.000 más), lo que representaba una mejora del 13%.
La decisión del TC se basó en un informe del departamento de Contadores Fiscales. Este advirtió que el IPSS "mantendría un superávit mensual de $ 750.000 proveniente en su mayor parte del aporte no reintegrable concedido por el Gobierno, por medio del decreto 32/3", que dispuso el otorgamiento de un total de $ 9 millones para todo el año.
Los contadores marcaron que los recursos asignados por el decreto deben asignarse en forma exclusiva a "erogaciones inherentes al Plan Complementario (implementado desde octubre), que incluye prácticas de alta complejidad, transplantes, prótesis, traslados en avión sanitario y oncología". Esto, en consecuencia, impide que el dinero sea asignado a otros fines, como mejoras para los profesionales.
Cambio de contrato
Otro argumento utilizado fue una nota de la propia Gerencia Administrativa del Subsidio de Salud. Esta informó que "no se corresponde el incremento solicitado por el Colegio Médico con las prestaciones consideradas en la cobertura y alcances del Plan Complementario", lo que lo dejó sin fuentes genuinas de financiamiento. Sin considerar el aporte extraordinario de la Provincia, el superávit del IPSS sería de $ 15.000 por mes, según informes oficiales.
Los miembros del TC concluyeron que el acuerdo con el colegio implicaba una modificación de la relación contractual en lo que respecta al precio. "El superávit genuino resulta evidentemente insuficiente y prácticamente sin incidencia para considerarlo como sustento efectivo del financiamiento del gasto", destacaron. En particular, indicaron que los fondos del decreto 32/2 no deben incluirse en estos cálculos.
"Acudir al patrimonio neto positivo del IPSS, como expresamente lo invoca la resolución sometida a control, implica concretamente que el financiamiento del compromiso que se asume estaría sujeto a su realización. Esto resulta objetable jurídica y contablemente en el marco de los principios de la contabilidad pública y, fundamentalmente, en que todo gasto debe tener sustento en recursos genuinos", advirtieron Díaz Ricci y Terraf. Agregaron, asimismo, que no corresponde establecer la retroactividad del convenio.
Ahora, el Gobierno puede insistir en su decisión y poner en vigencia el acuerdo entre el IPSS y los médicos (desoyendo los planteos del ente de control), o reformular el convenio atendiendo observaciones del TC.
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