Ediles avalaron un acuerdo que tenía un dictamen que sugería su rechazo

La cesión directa de 80 cuadras de estacionamiento pago a un centro de jubilados municipales promete transformarse en un nuevo frente de conflicto para el intendente Domingo Amaya.
En sesión, los concejales refrendaron el polémico decreto firmado por el jefe municipal en 2004. El instrumento avala un convenio entre el Departamento Ejecutivo y el Centro de Jubilados y Pensionados Municipales, por el cual el municipio le cede un permiso especial para el cobro del estacionamiento en avenidas y calles, hoy libres de pago.
El 29 de diciembre de 2004, dirigentes gremiales tomaron el Concejo para exigir a los ediles la sanción del proyecto, con el argumento de que daría trabajo a hijos de municipales. Entonces, los concejales pidieron tiempo para realizar correcciones al convenio.
"En el caso de SEA (empresa a cargo del cobro del estacionamiento en el centro) hay dos pícaros que se llevan la plata. Esto debe ser corregido con detenimiento", advirtió en esa oportunidad el presidente del Concejo, Ramón Cano (PJ)
Pero en la segunda sesión de 2005, sin haber realizado cambios y con un dictamen legal que aconsejaba su rechazo, los ediles avalaron la iniciativa. "El convenio adolece de dos vicios. Primero, no satisface el interés público. Y segundo, no respeta el procedimiento licitatorio para la selección del concesionario. No es un acto administrativo válido, porque tiene violaciones de forma y de fondo al ordenamiento jurídico vigente", expresó en su dictamen el asesor legal del Concejo, Julio Picabea.
Según el vicepresidente del cuerpo, José Luis Avignone (UCR), el intendente debería vetar la norma. "La Municipalidad no fija el plazo y sólo les exige un canon mensual de $ 1.000. Amaya está a tiempo de corregir el error", dijo.