Por Gustavo Rodríguez
20 Mayo 2025
El narcotráfico es un monstruo que extiende sus garras en cada lugar que ocupa. Su avance genera numerosos delitos paralelos (homicidios, robos, trata de personas, contrabando y secuestros extorsivos, por sólo citar algunos). También genera millones y millones de dólares que sobran para comprar voluntades. Pero lo más grave es que llega a institucionalizarse. Todo eso pasa en el NOA y Tucumán no está ajeno a estos males.
En total, según los registros a los que tuvo acceso LA GACETA, en lo que va del año, se decomisaron 906 kilos de estupefacientes (641 kilos de cocaína y 265 kilos de marihuana). Ese número representa casi un 50% más que los 623 kilos decomisados en todo 2024 y un 20% más de lo que se incautó a lo largo de 2023 y que fue de 762 kilos.
Los especialistas en materia de seguridad tienen motivos para estar preocupados. A nivel internacional se estima que los estupefacientes que se encuentran representan apenas el 10% del total de lo que se trafica. Haciendo una proyección estadística, creen que en 2025 podrían secuestrarse unos 2.100 kilos de estupefacientes, lo que sería todo un récord y convertiría a la provincia en un punto neurálgico del narcotráfico en el NOA.
Otros índices
En Tucumán ya se superaron los índices del año pasado en delitos que van de la mano del narcotráfico. El contrabando es un ejemplo. En menos de cinco meses, la Policía incautó más mercadería, cigarrillos y hojas de coca ingresadas ilegalmente al país que todo el año pasado. Este no sólo es un problema que afecta a la economía, sino también a la Justicia Federal.
Ese fuero, que está al borde del colapso por la falta de jueces y fiscales, desde el 1 de enero hasta el domingo tuvo que abrir al menos 435 expedientes (87 por mes) por este tipo de ilícito. Semejante cantidad de trabajo les impide a los funcionarios judiciales avanzar con las investigaciones para encarcelar a los narcos.
“Donde hay narcos, hay trata de personas”, aseguró una fuente de tribunales de Las Piedras al 500. En lo que va del año, al menos una veintena de mujeres fueron rescatadas de redes de prostitución. El mecanismo de captación siempre fue el mismo: ofertas laborales en otras provincias y en el exterior que se transformaban en viajes al infierno.
En estos días finalizará el juicio contra otros cinco integrantes de la llamada “Banda de los narcopolicías”, una organización que fue investigada por secuestros extorsivos y robos a narcos. Ya fueron condenados ocho uniformados y falta definir la suerte de otros nueve. En el debate oral que se está desarrollando surgió un detalle que dejó al descubierto hasta dónde pueden llegar los delincuentes.
La víctima, con el apoyo de su abogado, se presentó ante la Defensoría Oficial para firmar un insólito convenio. A cambio de que los colegas de los policías acusados dejaran de perseguirlo y amenazarlo, él se encargó de desmentir la denuncia que había realizado y decir que los imputados no tenían responsabilidad cuando la causa estaba cerrada.
El fiscal federal Agustín Chit, que investigó el caso, denunció ese trámite y su par, Pablo Camuña, lo recalcó ante el tribunal. No sólo es curioso que este “acuerdo” haya quedado registrado en un papel, sino que uno de los firmantes fuera Daniel Alfredo Villardón, un ex policía que se encuentra prófugo por este caso y por el que se ofrece una recompensa de $5 millones para quien aporte datos que ayuden a su detención.
Fracasos
La lucha contra el narcotráfico es responsabilidad de la Nación. Javier Milei, al igual que Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández, sigue sin poder aplicar un plan que realmente sea efectivo para frenar el avance del tráfico de drogas en el NOA. Todos tomaron medidas que tarde o temprano terminaron fracasando.
Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Defensa, Luis Petri, decidieron trabajar juntos para frenar el avance narco, pero no estarían alcanzando los resultados esperados. Hace casi un año, la Nación anunció un nuevo sistema de radarización para evitar los vuelos narcos. Hasta el momento, no logró atrapar a ninguno. Los tres hallazgos de avionetas con cocaína se registraron porque tuvieron que aterrizar de emergencia por haberse quedado sin combustible en distintas localidades del NEA.
Con el Operativo Güemes se saturó de efectivos la zona de frontera con Bolivia. Ahora se reforzará con el Operativo Roca, en el que intervendrán efectivos de las Fuerzas Armadas. Los narcos siempre tienen una solución a los problemas que les generan las autoridades.
En el caso del NOA habrían decidido alejarse de los límites con Bolivia para eludir los controles. Podrían estar trasladando grandes cantidades de drogas por vía terrestre y aérea a depósitos de localidades del centro y sur de Salta para luego distribuirlas a otras provincias. También tendrían elegidas las rutas para trasladarlas y que, obviamente, son las que menos controles tienen.
Hace una semana, en esta columna, se advirtió que la ruta 40, también conocida como la “Ruta de los Valles”, no era controlada por ninguna fuerza federal y que sólo existía un puesto de Policía instalado en el marco del Operativo Lapacho. En una semana, por ese camino, los efectivos de Gendarmería Nacional decomisaron 317 kilos de cocaína, casi el 50% de toda la “merca” secuestrada en lo que va del año en Tucumán.
El ejemplo
En enero se anunció la construcción de un alambrado de 200 metros en Aguas Blancas para organizar el caótico ingreso de mercadería ilegal y de droga desde Bolivia. Hasta la ministra Bullrich se sacó fotos colocando un poste de la obra.
La barrera aún no se inauguró y ya se habla de un fracaso. Ocurre que los bagayeros y los narcos encontraron la manera de esquivarlo. Ahora utilizan una finca ubicada a unos dos kilómetros para pasar de todo desde el vecino país. La maniobra se desarrolla sin ningún tipo de control de las autoridades.
La denuncia fue realizada por el interventor de esa ciudad Adrián Zigarán en una entrevista publicada por el diario “El Tribuno”, de Salta. El funcionario también cometió un “sincericidio”. Reconoció que la existencia de ese paso ilegal pone en peligro las finanzas del municipio.
¿Cómo? Sí, confesó que se recaudan en promedio $15 millones mensuales cobrando estacionamiento y vigilancia, entre otros servicios a las personas que llegan a esa localidad para hacer compras en Bolivia. Esto no es otra cosa más que una prueba de que hay localidades de frontera que sobreviven de las actividades ilícitas. Por esa razón, no alcanza con poblar de uniformados la zona ni colocar “parches” para detener el avance narco en el NOA.
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