Los menores representan sólo un 0,17% de la población carcelaria local

En la Argentina, las denuncias de delitos cometidos por menores de 16 y 17 años representaron un 2,5% de los cometidos por adultos. Es decir que la incidencia de los adolescentes en el marco de la inseguridad es ínfima, en relación a los delitos que cometen los mayores. Los datos vienen a colación del proyecto de ley presentado por el Gobierno, y que ya tiene dictamen de comisión, con el cual se busca bajar la edad de imputabilidad de 16 años, como ocurre ahora, a 14. Esto significa que, si la ley es sancionada, los menores de 14 años en adelante podrán ser juzgados. En el 85% de los casos la detención de adolescentes está relacionada con delitos contra la propiedad: robos.

Pero, ¿cuál es la realidad de Tucumán en un tema tan complejo? Los datos, otra vez, permiten establecer parámetros. De una población carcelaria de más de 3.500 personas, en la provincia hay sólo seis menores, de entre 16 y 17 años, detenidos en el Instituto Roca. Es decir, un 0,17% del total. Esto marca a las claras que la incidencia de los menores en los delitos es casi nula.

Andrea Salinas, subdirectora de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal que depende del Ministerio de Desarrollo Social -que dirige Federico Masso-, explicó que el Roca es el lugar donde van los menores de entre 16 y 17 con medidas coercitivas dispuestas por un juez y que cuando cumplen los 18 son llevados a dependencias penitenciarias. La funcionaria indicó que en el Roca hoy hay seis adolescentes. “Tuvimos un pico de 15 chicos entre junio y julio del año pasado, pero eso luego descendió. De los seis hay cinco por causas de robo y uno por homicidio”, indicó.

Según explicó Salinas, en Tucumán, los jueces de Menores trabajan con una gran perspectiva reparativa. “La incidencia de los menores en el delito no tiene nada que ver con la inseguridad en la provincia. Creo que hay que tener más protección que punitivismo, debemos reforzar la educación”, aseguró. La especialista indicó que trabajan con psicólogos, trabajadores sociales y abogados, y que muchos de los adolescentes ingresan al sistema por casos de violencia familiar. “Hay mucha problemática de consumo de estupefacientes”, dijo. Recordó que, con la ley actual, los menores de entre 14 y 16 años que son aprehendidos son entregados a sus padres, pero que se les hace un seguimiento personalizado. “Se busca reforzar la vinculación de los adolescentes con la escuela, con la familia, poder trabajar con ellos un proyecto de vida”, remarcó. “Hay un acompañamiento tanto a él como a su familia”, aseguró. Y afirmó que “el delito juvenil está relacionado con problemas sociales, hay familias atravesadas por mucha violencia”, al tiempo que remarcó el acompañamiento de otros ministerios como el de Educación, el de Salud y el de Trabajo. “La Policía debe estar capacitada para atender casos de chicos en conflicto con la ley. No es lo mismo que en el caso de los adultos”, explicó. “Hay que pensar en el impacto negativo en el desarrollo punitivo en un adolescente, hay un estigma y una exclusión social. Nosotros tenemos los talleres de panadería, de carpintería, hay un gimnasio”, indicó. Y además de resaltar que no hay mujeres adolescentes detenidas en la provincia, Salinas opinó: “Se puede discutir y hablar sobre la imputabilidad, pero reducir la edad no soluciona el problema. La mirada no debería estar puesta en lo punitivo, sino en lo proteccional. Debemos proteger a los adolescentes, son el futuro”.

Palabras autorizadas: comunicado de magistrados y de jueces

En un comunicado oficial, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) manifestó “su profundo rechazo al proyecto de ley que propone disminuir la edad de responsabilidad penal. Considera que esta iniciativa contraviene principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño, representa una regresión normativa en justicia juvenil. La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial insta a un debate legislativo y social serio, basado en evidencia y con la participación de expertos, para construir políticas públicas eficaces y respetuosas de los derechos humanos”. El comunicado lleva las firmas de la tucumana Marcela Ruiz, presidenta de la FAM y de Christian Fabio, Secretario General.