Por Juan Manuel Montero
06 Mayo 2025
La posibilidad de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años comenzó a ser analizada este martes en Diputados, en un proyecto que cuenta con el respaldo de los bloques dialoguistas del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y algunos sectores de Encuentro Federal y el rechazo de Unión por la Patria (UxP), los partidos de izquierda y diversas organizaciones de Derechos Humanos.
La nueva avanzada para modificar la ley está avalada por los ministros Mariano Cúneo Libarona, de Justicia, y Patricia Bullrich, de Seguridad, aunque en el medio además hay rechazos fuertes como el que expresó monseñor Dante Braida, presidente de la Comisión de Pastoral Social y obispo de La Rioja, quien aseguró: "No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”.
Las y los diputados fueron llamadas a labor por la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), con la intención de emitir dictamen que sea tratado por el plenario antes de que termine mayo.
Por un lado se trata de buscar consenso entre el proyecto del Gobierno, que proponía que los menores que delinquen sean responsables penalmente a partir de los 13 años, el del libertario mendocino Alvaro Martínez que impulsa la punibilidad a partir de los 12 años, y los presentados por el PRO, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, Democracia para Siempre, UCR, de Transformación (de la libertaria Lourdes Arrieta) y del massista Ramiro Gutiérrez que proponen reducir la edad de los 16 a los 14 años.
El proyecto del oficialismo establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que el máximo de prisión será de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes. Otro de los puntos de la propuesta es que para la resocialización, el régimen penal de minoridad incluya programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario. También se propone la creación de la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad. Y permite revisar la pena cuando se hayan cumplido los dos tercios de la condena, para que el resto de la pena se pueda cumplir en su domicilio. Además de la cárcel y el domicilio, el proyecto propone otros lugares para el cumplimiento de la pena como un instituto abierto o un instituto especializado de detención de menores. Otras medidas que se podrán completar como sanciones en casos de delitos menores son prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo comunitario, monitoreo electrónico, y reparación del daño.
En un año de elecciones, el Ejecutivo mantiene el tema como prioridad. En la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei reclamó avanzar con la baja de edad de imputabilidad, defendiendo que los menores que cometen delitos graves deben asumir consecuencias como adultos. La última reunión informativa había tenido lugar el 12 de marzo, motivada por la conmoción tras el crimen de Kim Gómez en La Plata, asesinada durante un robo perpetrado por dos menores. Después, el presidente incluso fue más allá y declaró en varias oportunidades el principio “delito de adulto, pena de adulto”, que incentivó a los sectores que rechazan la iniciativa a endurecer sus críticas.
Por eso, uno de los puntos centrales sobre los que hay acuerdo es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, alineándose con la mayoría de los países de América Latina, donde el umbral se sitúa entre los 12 y 14 años. El nuevo régimen se aplicará, entonces, a adolescentes de entre 14 y 18 años, y establece que la edad se considerará al momento del hecho delictivo.
En agosto del año pasado, el Papa Francisco había rechazado la iniciativa del oficialismo para modificar el Régimen Penal Juvenil. En ese sentido, el pontífice había deslizado la importancia de considerar la “educación” y la “reinserción” a la hora de llevar a cabo una reforma penal. Y la pastoral carcelaria, una comisión del episcopado, emitió un comunicado colmado de citas al papa Francisco con el que fijaron su posición de rechazo. “Sí. Consideramos que es necesario un nuevo régimen penal juvenil, que acompañe y promueva integralmente el desarrollo de los menores, pero sin bajar la edad mínima de imputabilidad”, rezaba el texto con el que la Iglesia reclamó una mirada “a fondo” para abordar una problemática cuya resolución, señalaba el documento, radica en la posibilidad de “prevenir la conducta de los niños y jóvenes que transgreden la ley”.
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