Un fiscal pide que se indague a Bussi por el Pozo de Vargas

Horas antes de que se cumplan 29 años del golpe de Estado de 1976, el fiscal federal Emilio Ferrer solicitó ayer al juez federal Felipe Terán que se tomen declaraciones indagatorias a Antonio Bussi y a policías y militares retirados, en el marco de las investigaciones por el Pozo de Vargas.
El pedido de indagatoria alcanzó a Luciano Benjamín Menéndez; Albino Mario Alberto Zimmerman; Roberto Heriberto Albornoz; Félix Arturo González Naya y Antonio Arrechea. Ferrer agregó que, luego de ser indagados, los imputados deben quedar detenidos. Bussi, Menéndez y Albornoz están con prisión domiciliaria por otras causas, por orden del juez federal Jorge Parache.
En el escrito se acusó a Antonio Manuel Vargas, propietario del inmueble, de ser partícipe necesario de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita, al considerar que su participación fue indispensable, ya que los crímenes no se podrían haber concretado sin su cooperación y consentimiento. Aseguró, además, que Vargas personalmente dio las órdenes a principios de los 80 para que el pozo sea rellenado y tapado. Se estima que tiene una profundidad de 80 metros, con un diámetro de unos tres metros.
La excavación se realiza desde hace dos años en un predio ubicado en avenida Francisco de Aguirre al 4.000, donde se sospecha que fueron enterrados cientos de detenidos desaparecidos. En el lugar se encontraron restos óseos humanos a fines del año pasado, sobre los que se pidió la realización de exámenes de ADN. Las tareas están a cargo del Grupo de Antropología y Arqueología de Tucumán, de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNT, que rescató del pozo vidrios, maderas, telas y tejido y líquidos humanos, aparte de sedimentos y de los diferentes elementos que forman parte del suelo.
El fiscal destacó que lo encontrado son fragmentos de huesos adultos jóvenes (de entre 20 a 30 años), excepto una falange de un niño. "Hubo un plan sistemático de eliminación de personas identificadas por su ideología política, militancia o actividad supuestamente contraria a los intereses o seguridad del Estado, lo que constituyó crímenes de lesa humanidad", agregó.
El planteo de Ferrer se sustenta en el resultado positivo a los peritajes realizados sobre los huesos y a testimonios de vecinos que afirmaron que a partir de 1976 circularon en la zona camiones del Ejército.

El PE repudió el golpe militar
"Es necesario llevar estas batallas con mucha alegría". De esta forma finalizó el acto realizado en Casa de Gobierno en repudio al golpe militar de 1976. El dueño de esa expresión fue Luis Aredes, hijo de la recientemente fallecida Olga Márquez de Aredes, luchadora emblemática por los derechos humanos y ambientales.
Organizaciones y personalidades fueron ayer distinguidas por el Poder Ejecutivo con la mención "Olga Márquez de Aredes, la Memoria de las Luchas". Entre ellas, la Asociación Madres Plaza de Mayo, Amnistía Internacional y el grupo de profesionales que trabajó en las investigaciones del Pozo de Vargas. También fueron reconocidas Marta Ceridono de Gómez, Irma Gómez de Holmquist, Aurora Prados de Pisarello, Carlos Soldatti y Juan Masaguer, entre otros. Hubo una mención especial para Susana Trimarco de Verón, madre de "Marita", la joven desaparecida en abril de 2003.
En tanto, familiares de desaparecidos de Tucumán realizarán un acto en el Pozo de Vargas (avenida Francisco de Aguirre al 4.000), hoy a las 11. Por la tarde, distintas organizaciones se concentrarán desde las 19 en la plaza Yrigoyen y marcharán hacia la plaza Independencia, en el acto central de repudio a la dictadura.
En Buenos Aires, a las 16 habrá una marcha desde el Congreso a Plaza de Mayo. De esta forma, se cerrará una semana en la que se multiplicaron los homenajes y las actividades por "justicia y memoria" en todo el país.