Causa Cerisola: los alegatos comenzarán el 17 de junio

Con la declaración de tres inspectores de obra y de un asesor jurídico de la Universidad Nacional de Tucumán ayer terminó, a casi un año de haber comenzado el debate, la ronda de testigos en el marco del juicio que se le sigue al ex rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, y a los ex funcionarios universitarios Luis Sacca -ex subsecretario Administrativo de la UNT-, Olga Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias-, y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-.

Pasaron así frente a los miembros del Tribunal Oral Federal, los jueces subrogantes Jorge Basbús y Ana Carina Farías (ambos de Santiago del Estero) y Enrique Lilljedahl (de Catamarca), más de 100 testigos citados en el marco de la causa en la que se investiga el dinero que recibió la Casa de Altos Estudios como parte de utilidades mineras entre 2006 y 2009. Cerisola está acusado de administración fraudulenta del dinero recibido de la minería por la UNT entre 2006 y 2009 respecto de la realización y/o refacción de 13 obras públicas.

Detalles de obras

Ayer fue el turno de los inspectores Gustavo Rodríguez, quien tuvo a su cargo acciones con respecto a la facultad de Psicología; Jorge Varela, quien realizó el mismo trabajo en lo que se conoce como Casa 8, en San Javier; y Ángel Vilca, quien se desempeñó en las labores que se realizaron en la Casa de Estudiante, en calle General Paz al 800. En general dieron detalles de las obras que se le habían encargado, pero no pudieron aportar demasiado a la causa en sí.

Sin manual

Luego fue el turno del abogado Juan Carlos López Márquez, asesor jurídico de la UNT, quien aseguró que mientras él estuvo trabajando para la UNT se hacían controles permanentes con auditorías. Sin embargo, admitió que “no teníamos un manual de procedimientos para seguir las obras que se solicitaban o los llamados a licitación”. Recordó además que “con la llegada de los fondos de YMAD se potenció el incremento de obras, en relación con las que había antes”. Con respecto a los pedidos que se realizaban, advirtió que a veces había falencias, pero que eran corregidas. Y afirmó que a su modo de ver “lo que es obra pública se tiene que regir por la ley de obras públicas; ese régimen particular que se había formado como procedimiento era para los fondos de YMAD, pero ese régimen no fue adecuado para esto”. Esto en relación a que uno de los puntos que se investigan era por qué se cambió la ley (se usaba la de Obras Públicas y se modificó por una propia) para el destino de los fondos mineros. López Márquez también aseguró que “todo lo que se hacía tenía un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos”.

La Universidad es socia de YMAD en virtud de la Ley 14.771, que indica que a la UNT le corresponde un 40% de las utilidades y debía destinarlo a la terminación de la Ciudad Universitaria proyectada a fines de los años 40 en San Javier. Cerisola, que al asumir su rectorado hizo hacer un plan para reparaciones y obras nuevas en la UNT, mediante tres resoluciones hizo pasar el área Construcciones Universitarias a depender del Rectorado y dispuso que los trabajos no se rigiesen por la ley de Obras Públicas sino por una norma propia. También determinó que con ese plan de obras la Ciudad Universitaria quedaba concluida e hizo cambiar, mediante un acta firmada en 2008 en YMAD, el destino de las utilidades: ya no se utilizarían en la Ciudad Universitaria sino que la mitad se repartiría para las otras universidades y la otra mitad quedaba de libre disponibilidad.

La investigación fue elevada a juicio en 2018 por el entonces juez federal Fernando Poviña, que hoy integra la Cámara Federal de Apelaciones. La causa se relaciona con el manejo de $ 353 millones (alrededor de U$S 85 millones al cambio de entonces) recibidos por la UNT en concepto de utilidades de la minería.

En 2010 el arquitecto Ramón Eudal (ya fallecido) denunció irregularidades en las obras y comenzó la investigación judicial, que llevaría a cabo el fiscal federal Carlos Brito. Hubo otra denuncia, del abogado Oscar López, ante la Procuración General de la Nación; se hizo una auditoría interna con la Sindicatura General de la Nación (Sigen); allanamientos para que Gendarmería inspeccione 20 obras y también intervino la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavados de Activos (Procelac).

Cuando terminó la ronda de testigos se inició una reunión entre los jueces, los representantes del Ministerio Público Fiscal, Pablo Camuña, Agustín Chit y Lucía Doz Costa, el querellante Patricio Esperguín y los defensores de Cerisola, Silvia Peyrachia y Rosa Luz Casen; de Sacca, Víctor Taleb; de Cudmani, Alfredo Falú; y de Venturino, Pamela Tenreyro. Entre todos se pusieron de acuerdo en que los días 9 y 10 de junio se hará la incorporación de prueba. Y que los alegatos comenzarán con la fiscalía que, en principio, tomará los días 17, 18 y 19 de junio. Dependiendo de la extensión de cada uno luego se asignarán días para que el resto de las partes brinde sus alegatos. Así, el veredicto podría conocerse entre julio y agosto.