Causa YMAD: “La UNT no es una verdulería, goza de buena administración”

El contador Luis Sacca, uno de los imputados en el juicio por el destino de las utilidades mineras que durante años llegaron a la Universidad Nacional de Tucumán, se sentó ayer frente a los miembros del Tribunal Oral Federal que llevan adelante las audiencias y aseveró: “Yo sé que no he robado un peso”.

Por intermedio de su abogado, Víctor Taleb, el ex subsecretario Administrativo de la UNT pidió ayer unos minutos al presidente del TOF, el santiagueño Jorge Basbús, para ampliar su testimonio, teniendo en cuenta que ya había declarado el 26 de junio del año pasado, pero la ley le permite hacer uso de la palabra en cualquier momento del debate, con la advertencia de que, como es uno de los imputados, no se le toma juramento y no está obligado a decir la verdad, ni a contestar preguntas. Y Sacca decidió hacerlo, sobre todo tras haber escuchado hace algunas audiencias el testimonio de Daniel Antonio Fontana, contador público y perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien había declarado que, en base a los análisis que él había hecho, “no hubo irregularidades que nosotros pudiéramos constatar”.

“Todos sabían”

Con este testimonio que apoya su perspectiva del caso, Sacca afirmó ayer: “con respecto a los fondos de las colocaciones financieras, todos sabían que no faltaba dinero. Yo sé que no he robado un peso. Yo investigué para que no faltara un peso, siempre estuve a derecho. Yo sabía que en los hechos no faltaba dinero. Los bancos informaron lo mismo. La prensa sabía que no faltaba dinero. Lo sabía la Cámara de Apelaciones. Lo sabían las autoridades de la Universidad. Todos los testigos dijeron que no faltó dinero en las colocaciones financieras. El Consejo Superior aprobó los estados contables. Lo sabía la auditoría interna de la UNT. Lo sabían los decanos. Lo sabían los peritos. Lo sabían la querella y el Ministerio Público Fiscal, porque lo dice la Procelac. Lo sabe usted y lo saben los vocales (en relación a los jueces). No faltó dinero”.

En el juicio que llevan adelante Basbus y los otros jueces subrogantes, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl, están imputados el ex rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, Sacca, Olga Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias-, y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-. Su participación se relaciona con presuntos sobreprecios en la contratación de obra pública, la colocación irregular de dinero de la Universidad en inversiones financieras, realizada con sumas llegadas a la UNT entre 2006 y 2009 por las utilidades de la empresa minera Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). La Universidad es socia de YMAD en virtud de la Ley 14.771, que indica que a la UNT le corresponde un 40% de las utilidades y debe destinarlo a la terminación de la Ciudad Universitaria proyectada a fines de los años 40 en San Javier. Cerisola, que al asumir su rectorado hizo hacer un plan para reparaciones y obras nuevas en la UNT, mediante tres resoluciones hizo pasar el área Construcciones Universitarias a depender del Rectorado y dispuso que los trabajos no se rigiesen por la ley de Obras Públicas sino por una norma propia. También determinó que con ese plan de obras la Ciudad Universitaria quedaba concluida e hizo cambiar, mediante un acta firmada en 2008 en YMAD, el destino de las utilidades: ya no se utilizarían en la Ciudad Universitaria sino que la mitad se repartiría para las otras universidades y la otra mitad quedaba de libre disponibilidad.

Al respecto, ayer Sacca defendió su inocencia. “Con respecto a las inversiones, en la UNT que me tocó participar, hay que aclarar que no es una verdulería, goza de una buena administración. Cada vez que se autoriza un gasto, la autorización de los funcionarios es de forma, hay elementos de control. No existe la obediencia debida, no se puede ir en contra de la ley. Las transferencias son electrónicas. Yo no era el que autorizaba, y si lo hubiese sido hubiese cuidado el dinero como siempre. El informe Procelac habla de más de 60 colocaciones financieras que no tienen firma, pero todo se hizo conforme a derecho”, dijo.

“Daño en lo personal”

Y luego, reflexionó con los ojos llorosos: “en lo personal el daño está hecho. Hoy no me dejan presentarme para ser titular de Cátedra. En el Rectorado me bajaron los adicionales que me correspondían. Y al que hablaba conmigo le iba mal. El ataque es permanente. En mi actividad política me vetaron (fue diputado nacional por la UCR), me cancelaron. En mi actividad profesional tuve que cuadruplicar esfuerzos. Siempre demostré mi inocencia y los que tuvieron que demostrar mi culpabilidad no pusieron ni una prueba”. Y concluyó agradeciendo a su familia, esposa e hijos, por el apoyo durante todos estos años.

Últimos testigos

Según se estipuló, hoy será la última audiencia con testigos en un juicio que comenzó hace casi un año. Se trata de tres inspectores de obra y de un asesor jurídico del área de construcciones. Luego se comenzaría con la incorporación de la prueba.

En cuanto a los alegatos, por el cúmulo de evidencia y por la cantidad de testigos que pasaron frente al estrado, las partes pedirían un tiempo prudencial para preparar sus argumentos. Se espera entonces que comiencen (primero el Ministerio Público Fiscal, representado por Pablo Camuña, Agustín Chit y Lucía Doz Costa; luego lo harán las defensoras de Cerisola, Silvia Peyrachia y Rosa Luz Casen; de Sacca, Víctor Taleb; de Cudmani, Alfredo Falú; y de Venturino, Pamela Tenreyro, y finalmente el representante de la querella, Patricio Esperguín), entre dos y cuatro semanas después de la jornada de hoy.

Tres testigos: declararon Ada Attademo, Ronald Parada Parejas y Graciela Navarro

Ayer declararon Ana Attademo, perito contadora de parte de la defensa de Osvaldo Venturino; Ronald Parada Parejas, empleado de la UNT, quien fue auditor contable e integró la Unidad de Negocios de la Universidad cuando se diseñó el plan de obras; y Graciela Navarro, directora general administrativa de la Secretaría de Bienestar Universitario. La primera se refirió sobre todo a los trabajos hechos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y el segundo, acerca de los análisis contables que se hicieron en la UNT. Navarro, en tanto, aseguró que cuando ella fue consejera superior no docente . en el período 2014-2018- habían pedido que fueran a declarar distintos funcionarios, pero que se lo negaron. “Nos habían dicho que no había faltante de dinero”, aseguró. También aseguró que desde su punto de vista la construcción de una ciudad universitaria en San Javier era “inviable”. “Creo que la ciudad universitaria era lo ya existente, y construir o arreglar lo que ya estaba”, y recordó que según el dictamen jurídico “el rector se había excedido en su competencia” al cambiar el destino de los fondos.