El Cadillal: una villa turística repartida por la política

Hace seis años una movida fuerte del Gobierno pareció ser el comienzo de un operativo fuerte para recuperar tierras fiscales usurpadas. Se había descubierto un loteo en la zona de Aguas Chiquitas que abarcaba unos 200 terrenos. A fin de ese año se demolerían tres viviendas en el área. Se inició una causa judicial. El acusado, Freddy Leal, dijo que él había comprado los terrenos a personas que “tenían derecho de posesión por haber abonado sus impuestos por más de 30 años”. En esa causa la Fiscalía de Estado, que llevaba adelante el caso, le ordenó al entonces comisionado de El Cadillal, Carlos Bonano, que él y su personal se abstuvieran de realizar cualquier acto administrativo que facilitase las situaciones anómalas, que no cobrasen tasas o servicios, no pidiesen a EDET instalar medidores de luz en esos terrenos ni entregasen documentación.

La estrategia de la prescripción

Entonces eran 200 terrenos. Hoy se habla de 300 hectáreas usurpadas, con 3.000 viviendas, y de 18 barrios ubicados en tierras fiscales, de los cuales 16 son irregulares. Ya Bonano no está, aunque entre los desarrolladores inmobiliarios de esos loteos en los 18 barrios de la zona figuran una tal Paula Bonano, así como Rodríguez, Torres Espeche y Venturelli.

Uno de los carteles de construcción habla de regularización dominial por prescripción adquisitiva. Antes figuró Luis Daniel Olivera, que comercializó la Villa de Lago, la cual tiene 100 viviendas en una zona roja, donde sólo debería haber bosque.Casualmente, hace seis años, cuando estallaba el escándalo de Aguas Chiquitas, el entonces delegado de San Javier informaba que tenían muchos problemas con ocupaciones en la zona del cerro, que la gente recurría a la estrategia de reclamar posesión por prescripción adquisitiva y que ellos no podían evitar que se les den servicios a los ocupantes. “Nadie ha querido poner el dedo en el ventilador. Eso ha hecho que la gente se sienta dueña”.

En ese entonces se conocía, por otra parte, que en el predio del Parque Sierra de San Javier de la UNT se estaban comercializando terrenos del barrio privado llamado Las Pirámides, que entonces tenía una treintena de casas. Hoy, después de denuncias contra el administrador del barrio por parte de la UNT y de intenso seguimiento judicial, ese vecindario tiene más de 70 viviendas, si bien EDET y el Ersept se han comprometido a no dar servicios de luz y agua a nuevas construcciones.

Antes de estas revelaciones hubo otras esporádicas. Un editorial de LA GACETA de 2018 daba cuenta de que en 2012 se habían producido alrededor de 400 apropiaciones ilegales en El Cadillal y que en los entretelones judiciales se habían visto envueltos conocidos políticos y sindicalistas.

En 2002 el entonces fiscal de Estado les había pedido a los comisionados que denunciaran ocupaciones y había solicitado al Ministerio de Gobierno que accionara legalmente contra la comisionada de El Cadillal, con el argumento de que durante su gestión se habían registrado irregularidades graves en la tenencia de lotes. Fue acusada además ante la Fiscalía Anticorrupción de haber donado o vendido las tierras.

Esa Fiscalía fue disuelta cuando asumió José Alperovich como gobernador (2003) y la mayoría de sus causas quedaron archivadas.

“Ensalada dominial”

Ahora se ha formado un área específica bajo las órdenes de la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, para investigar las usurpaciones de tierras fiscales y va avanzando por distintas áreas. Comenzó en El Mollar y logró la restitución de 11 terrenos en la zona de la Reserva La Angostura. Siguió por algunos lugares de Tafí del Valle, de Ibatín y del mismo El Cadillal, donde se restituyeron dos predios, y ahora sigue por Ticucho, donde, según se ha calificado, hay una “ensalada dominial” de tierras de la Nación, la Provincia, particulares y reclamantes de predios ancestrales.

Además se ha logrado el movimiento de las causas judiciales que estaban estancadas; también ahora funcionan las fiscalías contra usurpaciones. En estos días se ha sabido de intimaciones para devolver dos predios usurpados hace poco en El Cadillal. El fiscal Carlos Saltor, que tiene unas 2.000 causas por investigar en la Provincia, dice que hay unas 10 inmediatas y que es más sencillo resolver las recientes porque el delito por usurpación -art. 181- prescribe a los tres años. Después es más difícil sacar a la gente.

¿Hay un cambio general de actitud? ¿Hasta dónde llegará el Estado con esto, siendo que incluso hay gente que trabaja en el mismo Gobierno que está vinculada por lo menos afectivamente con El Cadillal? La verdad es que, así como Tafí del Valle es el sitio local de veraneo predilecto de la gente pudiente y El Mollar tiene un perfil vinculado con veraneantes de Monteros, en El Cadillal, por cómo se ha ido desarrollando su ocupación, hay una fuerte injerencia del sindicalismo y de la política, sobre todo desde tiempos del gobierno de Julio Miranda, a fines de los 90, cuando se dieron concesiones a los sindicatos para montar allí clubes. Por detrás de todo esto, en los últimos años, arreciaron los loteos.

Al mismo tiempo, en la última década se fue desarrollando la política turística que le fue cambiando el perfil al sitio y lo posicionó como un destino más atractivo... mientras arreciaban los loteos hechos sin objeciones, a pesar de que Catastro dice que ha hecho 800 denuncias. Cuando surgió la inquietud por las fisuras en la presa 3 del embalase, se descubrió que, abajo de ese dique, donde no debería haber viviendas, había barrios enteros que no existían en 2011.

En todas las comunas hay problemas de presión de la gente por ocupar terrenos fiscales, como había mencionado en 2018 el comisionado de San Javier. Las normas laxas, el abandono estatal, las oficinas creadas para normalizar situaciones, como la de Regularización Dominial, que fue cerrada por el gobernador pero que estuvo trabajando en los últimos 20 años, y la misma política ha sido más bien contemplativa de las situaciones irregulares.

De hecho, las normas que se hicieron fueron para normalizar esas irregularidades. Es decir, entregar a los ocupantes las tierras usurpadas porque ya dicen tener derechos adquiridos. ¿Alguien se ocupará de ver qué intereses hubo por detrás de los comercializadores de tierras fiscales, que acaso han de excusarse como hizo en su momento el de Aguas Chiquitas? Lo llamativo, al menos en este nuevo escándalo de El Cadillal, es que de las 3.000 viviendas construidas en predios fiscales, sólo en 400 casos hubo pedidos para normalizar. Los propietarios de las otras ni siquiera se acercaron para hablar con el Estado. ¿Hay presunción de impunidad? ¿Les harán una ley para entregarles esos lotes?