La Constitución en emergencia

La decisión presidencial que acorta el calendario electoral inicialmente anunciado y requiere su consideración por el Congreso, ha generado de inmediato un intenso debate político donde no siempre quedan a salvo los valores institucionales, algo que recurrentemente afecta a nuestra vida pública. Es así que a la discusión sobre el nuevo plazo para las urnas, se agregan las discrepancias acerca de la caducidad de todos los mandatos mediante una declaración de emergencia institucional que eluda lo prescripto por la Constitución Nacional y las provinciales. Esa pretensión de excepcionalidad no es nueva en la República, pues en innumerables ocasiones, desde la crisis del 6 de setiembre de 1930, se recurrió a la invocación de la emergencia cada vez que un proceso autoritario puso fin a sucesivos gobiernos constitucionales. Desde entonces, salvo determinados lapsos, la apelación a lo urgente, en desmedro de lo necesario, se convirtió en un recurso de la política cada vez que los protagonistas de turno fueron desbordados por conflictos provocados por sus insolvencias. La prolongada y profunda crisis actual está demostrando con ese debate que la restauración constitucional de hace dos décadas no ha sido suficiente para poner fin a la politización del orden jurídico entre quienes privilegian sus intereses sectoriales o de partido.
A esa discusión de orden institucional debe agregarse la necesidad ineludible de que el Gobierno de transición, que ha de velar por la transparencia del proceso electoral, cumpla su función de tal manera que el que lo suceda no quede con la peligrosa sobrecarga de problemas ajenos a su compromiso.
Por otra parte, el Presidente de la Nación deberá ser fiel a su promesa de mantenerse alejado de la compleja interna del Partido Justicialista, procurando la conveniente equidad del Gobierno respecto de las restantes agrupaciones participantes de los comicios. Frente a esa responsabilidad inexcusable es justa, sin duda, la pretensión del doctor Eduardo Duhalde en cuanto a que los partidos procuren acordar al margen de sus campañas electorales reglas de juego mínimas para facilitar el difícil trámite político que precede a las urnas, donde la presencia de la autoridad institucional es prioritaria.
La urgencia que plantean los acontecimientos sociales está exigiendo un comportamiento excepcional de la clase política en una circunstancia donde buena parte de las dirigencias no parece capaz de atenuar las rivalidades y descalificaciones del adversario para acceder a los acuerdos. Ejemplo de ello es la pretensión de violentar los recaudos constitucionales olvidando sus responsabilidades públicas bajo la presión circunstancial de las encuestas.
Como se ha señalado aquí en recientes oportunidades, la renovación de las prácticas y dirigencias políticas cuestionadas no tiene en el sistema democrático institucional otra vía que la establecida por la Constitución. Al margen de ella están el desorden y la anarquía, condiciones tras las cuales aguarda -ya bastante impaciente- el autoritarismo de algunas minorías de pensamiento único para invocar la emergencia que las lleve al poder. No se trata de una fantasía, sino de la enriquecedora experiencia que nuestra ciudadanía no debe olvidar.