22 Abril 2025
El Gobierno provincial apunta al segundo semestre para reactivar la obra del Procrear II, el “gigante dormido” de casi 3.000 viviendas situado en la zona sur de San Miguel de Tucumán. Pero completar el proyecto lanzado en 2023 por la Nación no será fácil, entre otras razones, por el alto costo que implicará su ejecución.
El titular de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), Jorge Garber, advirtió que, según las estimaciones, sostener el diseño original representa unos $170.000 millones, una cifra que “para el erario provincial es muchísima plata”. “Por eso, la idea de etapizar es muy buena, porque si esto se ejecuta en cuatro etapas, se puede ir vendiendo las casas de la primera (fase) para ejecutar la segunda, y así sucesivamente”, indicó el ingeniero ante una consulta de LA GACETA durante su visita a la Legislatura.
Con este esquema, detalló el referente del sector de la construcción, en unos tres años y medio o cuatro “se puede tener todo el Procrear II listo”. “Estamos hablando de más de 1.6 unidades habitacionales y 1.491 lotes con servicio”, destacó Garber respecto a la iniciativa, que incluye además 50 locales comerciales y toda la infraestructura necesaria para los futuros habitantes del “megabarrio” lindante a Manantial Sur.
Antes de reunirse con los miembros de la comisión de Obras Públicas de la Legislatura, el titular de la CTC había estado en la Casa de Gobierno junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur, y el equipo de abogados encargado de revisar el proyecto del Procrear II. Según detalló Garber, en esta fase están abocados a revisar los distintos contratos de las empresas con el Banco Hipotecario, agente fiduciario original del Plan Procrear (disuelto por decisión del presidente Javier Milei). Y como son una veintena de constructoras distribuidas en 40 sectores del emprendimiento habitacional (algunas afectadas a viviendas, otras, a tareas de infraestructura), la labor gira entorno a definir los lineamientos para trasladar los convenios de la normativa nacional (donde se fija la UVI como unidad de valor) a la legislación provincial (donde los presupuestos se fijan en pesos, entre otras diferencias). “(Se está revisando) el saldo de obra; es decir, tomando el último certificado, si una empresa ha ejecutado un 10% y le queda un 90%, que es lo que se va a pasar a la Provincia, se debe firmar un contrato con el nuevo comitente”, añadió Garber.
Nazur, en tanto, advirtió que las reuniones con la CTC por el proyecto del Procrear II se mantienen con una frecuencia semanal, y recordó que la instrucción del gobernador Osvaldo Jaldo fue tratar de agilizar al máximo posible el reinicio de esta obra, que está suspendida hace más de un año por el cese en el envío de los fondos por parte de la Nación. “Son distintas cuestiones técnicas que hay que resolver. La idea es cambiar lo menos posible el proyecto original, mantener el espíritu del Procrear II. Y en eso estamos trabajando, porque ponemos en la balanza costos y calidad; es una ecuación que tenemos que hacer cerrar para poder cumplirla y que sea de la mejor forma”, señaló el ministro.
En paralelo a las cuestiones legales y técnicas del barrio, el Gobierno provincial deberá resolver la cuestión del financiamiento, considerando el importante costo estimado para finalizar los trabajos. En este caso, la tarea está a cargo del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, quien ya rubricó los acuerdos con la Nación para la toma de posesión del inmueble de 100 hectáreas.
Si se avanza con la idea de concretar el Procrear II por etapas, el Gobierno provincial no necesitará contar de inmediato con los $170.000 millones que estima la Cámara Tucumana de la Construcción para ponerle punto final a todo el proyecto. Pero sí harán falta recursos que permitan reactivar las tareas -están contemplados al menos 6.000 empleos directos- y completar al menos los primeros sectores del barrio, a fin de que se puedan generar ingresos mediante el recupero de las viviendas, más allá de que todavía no se resolvió cuál será el sistema de adjudicación que se aplicará en la versión local del Procrear.
En comisión
Legisladores y empresarios se reúnen para revisar la ley que regula la obra pública
La comisión de Obras Públicas de la Legislatura, que preside Tulio Caponio (PJ), recibió a los referentes de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), que encabeza Jorge Garber, en el marco de las ruedas de trabajo para replantear la Ley de Obras Públicas. “Nosotros tenemos una norma de 1987, y hay muchos puntos que hay que modificarlos, actualizarlos”, explicó Caponio. Y destacó que la idea es avanzar con charlas con otros actores del sector -ya dialogaron con arquitectos e ingenieros- para elaborar un proyecto que esté en condiciones de ser debatido en un mes y medio o dos meses. Garber valoró la convocatoria, y destacó que sería clave incluir en la nueva norma el principio de “Compre Tucumán”, que apoyaría a las firmas locales en caso de paridad de ofertas con empresas foráneas.
Propuesta del PJ
Proponen un mínimo en cada Presupuesto para el desarrollo de infraestructura
Legisladores del PJ impulsan un proyecto que apunta a fijar un mínimo obligatorio del 9% del Presupuesto General de la Provincia -a partir de 2026- para “ser destinado exclusivamente a la realización, terminación y desarrollo de obras públicas” en Tucumán. “La iniciativa parte del principio de que la inversión en obra pública es una política estratégica del Estado, con múltiples beneficios que trascienden lo inmediato. No solo mejora la infraestructura física y social, sino que activa la economía, genera empleo directo e indirecto, y fortalece el tejido productivo y comercial local”, dijeron los oficialistas Tulio Caponio, Carlos Gallia, Sandra Figueroa, Leopoldo Rodríguez y Roberto Moreno. ? “La obra pública es esencial para el progreso de cualquier sociedad”, fundamentaron
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