Por Gustavo Rodríguez
22 Abril 2025
“Estamos avanzando gradualmente. El trabajo es arduo y debe ser prolijo. Pero vamos a avanzar en todos lados donde detectemos irregularidades”, aseguró la fiscala de Estado, Gilda Pedicone, al analizar la situación dominial que se vive en Ticucho, localidad ubicada a unos 40 kilómetros de San Miguel de Tucumán y que limita con la comuna de El Cadillal.
Ayer fue un día de reuniones en la Casa de Gobierno. La situación que se vive en ese paraje de la comuna de Tapia fue analizada por los funcionarios de la Unidad Ejecutora, de la Secretaría de Medio Ambiente, de las Direcciones de Catastro, Flora y Fauna y Agua, y del Ente Tucumán Turismo. En el encuentro definieron el camino a seguir: tener toda la documentación en mano para avanzar con la intervención en el territorio.
La situación de Ticucho es bastante particular. Los especialistas del ámbito estatal y privado coinciden que allí existe una “ensalada dominial”. Las tierras pertenecen a la Nación, a la Provincia, a Adolfo López, a una persona de apellido González y a una familia Torres, que asegura que tienen derechos ancestrales sobre los terrenos que están ubicados en las proximidades del río Tapia, límite natural que divide la comuna que lleva ese nombre con la de El Cadillal.
Pero aquí surgen dos inconvenientes: el primero es que no está claro hasta dónde llegan sus dominios y, el segundo, que gran parte de esos dominios están en medio de una reserva, por lo que no es sencillo conseguir autorización para la venta de terrenos.
Un vuelo
Tal como lo había anticipado LA GACETA en su edición del domingo, la semana pasada personal de Catastro realizó una inspección en la zona. Los agentes hicieron volar un dron por la zona de Ticucho -en especial, sobre la ruta 312, también conocida como el “Camino del Perilago”-. Los técnicos de la repartición explicaron que la aeronave toma millares de fotografías que se comparan con la base de datos de puntos de geolocalización y ese proceso lleva sus días. Se estima que entre hoy y mañana podrán contar con un informe que les permitirá actuar en los lugares donde puede haber irregularidades dominiales.
Las otras reparticiones también salieron del encuentro con tarea asignada. Por ejemplo, los responsables del área de Producción deberán reunir toda la información sobre las dos granjas avícolas que están a la vera de la ruta y de la “chanchería” ubicada a la entrada del lugar donde se encuentran ubicados los clubes. Además de confirmar si están habilitadas o no, tendrán que constatar si fueron edificadas en terrenos de particulares o fiscales. Por último, averiguar si cuentan con los certificados ambientales para poder funcionar.
Pese a que había anunciado que realizaría declaraciones después del fin de semana largo, Pedro Acosta, comisionado de Tapia que tiene jurisdicción en Ticucho, no respondió los mensajes y las llamadas realizadas por LA GACETA para consultarlo sobre diferentes cuestiones, especialmente, sobre las habilitaciones de esos centros productivos.
El jueves pasado, mediante un intercambio de mensajes de WhatsApp, el funcionario había dicho que no sabía de casos de usurpaciones. Tampoco pudo aclarar sobre la edificación sobre su supuesta casa construida en la cima de una loma. Sus allegados dijeron que la había erigido en un terreno que le compró a López.
Por último, los responsables de Turismo deberán informar cuáles son las concesiones que otorgaron y que se encuentran en regla. También deberán informar qué ocurre con aquellos que se quedaron fuera del convenio.
Comprometidos
Pese a que hasta el momento no hay nada definido, ya hay un borrador sobre las presuntas situaciones irregulares. Ellas serían:
- La existencia de una treintena de casas. La mayor cantidad son viviendas construidas en terrenos fiscales, especialmente en la zona del río Tapia, que habrían sido vendidas por la familia Torres. También está sujeta a observación la propiedad del comisionado Acosta, que se mantiene en silencio.
- El club El Cardumen tendría la concesión vencida y es muy probable que la provincia decida recuperarla.
- El funcionamiento de dos granjas avícolas, que de alguna manera podría estar vinculadas al comisionado Acosta y el criadero de cerdos, que pertenecería a un particular.
- La demarcación con alambrados de lotes que son tapados por el agua del lago, especialmente en la zona de India Muerta.
La Provincia podría actuar utilizando la figura de la “autotutela”, es decir que puede actuar sin requerir a una orden judicial cuando el patrimonio del Estado corre peligro de ser usurpado o dañado.
Reunión clave: los 93 comisionados serán instruidos sobre el control de los bienes del Estado
“Está muy en claro que el gobernador (Osvaldo) Jaldo tomó la decisión política de proteger el bien de todos los tucumanos y debemos acompañarlo”, aseguró el comisionado de León Rougés, Oscar Vega, que está acompañando a la Fiscalía de Estado en la recuperación de los predios tomados del museo abierto de Ibatín.
El funcionario presentó en Casa de Gobierno ayer el informe final del relevamiento que hizo el personal de esa comuna en el sitio fundacional de Tucumán. “Hicimos un trabajo sobre las personas que se encuentran viviendo en el lugar y planteamos una asistencia porque muchas de las personas que están ahí no tienen dónde marcharse. Distinta es la situación de los productores que ocuparon 12 hectáreas para la instalación de una quinta de limones y una plantación de caña de azúcar”, señaló el funcionario en una entrevista con LA GACETA. “Nuestra tarea será articulada por el Ministerio de Desarrollo Social”, añadió.
Por otra parte, Vega confirmó que los 93 comisionados de la provincia fueron convocados por el Ministerio del Interior y la Fiscalía de Estado a una reunión que se desarrollará en la sala Orestes Caviglia. “Allí se nos capacitará sobre la resolución que emitió la Unidad Ejecutora sobre la misión que tendremos para realizar tareas de controles en nuestras jurisdicciones. Es importante no sólo tener una herramienta para poder actuar, sino que se nos instruya sobre cómo debemos actuar”, finalizó Vega.
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