Danesi desafía al ministro Jiménez

El enfrentamiento entre el legislador Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) y el ministro de Economía, Jorge Jiménez, subió otro grado en su intensidad, y se enmarca en la polémica por la instalación de 1.000 nuevas máquinas tragamonedas en la provincia.
El dirigente opositor rechazó una carta documento del funcionario (remitida el martes pasado), mediante la cual le exigía que rectifique opiniones remitidas en su contra bajo la advertencia de que le iniciará acciones por calumnias e injurias en caso de silencio o ratificación. Danesi se mantuvo en sus dichos y lo desafió a debatir las posiciones de cada uno en la Justicia.
"La actuación extrajudicial de Jiménez es improcedente, porque todos los argumentos y defensas que el ministro entienda oportunos deben sustanciarse en el proceso penal ya impulsado con mi denuncia penal por la posible comisión del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", resaltó.
La causa está relacionada con la habilitación dada por el titular de Economía a la empresa Casino Club para que instale las tragamonedas, cuando ofició de interventor transitorio en la Caja Popular de Ahorros.
El referente de CI le sugirió a Jiménez que evacue todas sus dudas consultando las actuaciones judiciales que se realizan por la presentación penal, y cuya investigación competería a la Fiscalía de Instrucción IV.
"En forma alguna este tipo de intimaciones extrajudiciales va a debilitar mi firme convicción de controlar la actuación del Poder Ejecutivo y de formular denuncias penales cuando entienda que existe la posibilidad de una lesión al patrimonio público. Rechazo por improcedente y carente de fundamento jurídico la intimación del ministro, que quiere accionar en defensa de su honor y su derecho: se ha iniciado un proceso penal, y es allí donde deberá hacer valer su debida defensa y donde se determinará o no su culpabilidad penal", aseveró Danesi.
"De ningún modo el estrépito público que una acción procesal puede llegar a tener puede ocasionarle a un funcionario un perjuicio susceptible de ser castigado penalmente", añadió.