La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) comenzó a intervenir formalmente en la causa conocida como “Vialidad”, donde está en juego la posible confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados por irregularidades en la asignación de obras públicas durante su gobierno. Este martes, el máximo tribunal resolvió trasladar el recurso del fiscal ante Casación, Mario Villar, al procurador general interino, Eduardo Casal.
Aunque la opinión del Procurador no es vinculante, representa un primer movimiento de la Corte en un expediente de alto impacto político e institucional. Casal, como jefe de los fiscales y fiscal ante el máximo Tribunal, deberá pronunciarse sobre el planteo de Villar, quien reclama que la expresidenta sea condenada no solo por administración fraudulenta sino también por asociación ilícita, lo que elevaría la pena de seis a 12 años de prisión.
Actualmente, la ex mandataria enfrenta una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 y ratificada por la Cámara de Casación. Sin embargo, Villar insiste en que durante el juicio oral se probó la existencia de una asociación ilícita, y por eso presentó un recurso de queja ante la Corte tras el rechazo de su apelación.
La confirmación o rechazo de esa condena tiene efectos concretos: si la Corte Suprema desestima el recurso de Cristina Kirchner -presentado por su abogado Carlos Beraldi-, la sentencia quedará firme. En ese escenario, la ex presidenta, que ya supera los 70 años, podría solicitar prisión domiciliaria. Pero la inhabilitación para ocupar cargos públicos se activaría de inmediato, lo que impactaría directamente en su eventual participación en las próximas elecciones.
Con los plazos judiciales superpuestos al calendario político -en un año marcado por el cierre de listas y los comicios legislativos de octubre-, cualquier decisión de la Corte puede alterar el tablero electoral.
Recursos múltiples y tiempos inciertos
La causa Vialidad acumula actualmente 17 recursos de queja pendientes de resolución por parte de la Corte Suprema, que deberá analizarlos con sus actuales jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Además del planteo de la defensa de Cristina Kirchner, también presentaron recursos otros acusados como el ex secretario de Obras Públicas José López, el empresario Lázaro Báez, y exfuncionarios de Vialidad de Santa Cruz.
La Corte ya resolvió 24 recursos de queja en esta causa desde 2017. Los primeros fueron firmados por los cinco jueces de aquel momento (incluyendo a Elena Highton de Nolasco), y los últimos, en junio de 2022, por los cuatro magistrados que integran hoy el tribunal.
Además, permanece pendiente un recurso de recusación contra el exjuez Manuel García Mansilla, que quedó abstracto tras su renuncia.
La definición de Eduardo Casal será clave en esta etapa. Si bien su dictamen no obliga a la Corte, se espera que respalde el pedido del fiscal Villar, lo que dejaría al máximo tribunal en condiciones de avanzar hacia una resolución definitiva, consignó el sitio Infobae.
En su presentación de 10 páginas, Villar también cuestionó la absolución de varios exfuncionarios, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsubsecretario Abel Fatala y el exdirector de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro.
El fiscal criticó duramente el rechazo de su recurso por parte de Casación, al sostener que se hizo “con tratamiento aparente de los agravios planteados, fundamentos dogmáticos y un análisis fragmentado de las pruebas”, lo que, según él, impidió valorar correctamente las imputaciones de asociación ilícita.