Hasta la reforma de 1994, la Constitución nacional no establecía norma alguna sobre el sufragio, ni invocaba sistema electoral alguno. Con el tiempo, el Congreso Nacional se abocó a un sistema electoral (Ley Sáenz Peña de 1912). La base debe buscarse en los artículos de la Constitución que definen el principio representativo y republicano y la base práctica y orgánica del sistema, los que convierten a la Carta Magna de 1853/60 en fuente del Derecho Electoral.
Sin embargo, los antecedentes en la historia se remontan a la Revolución de 1810, cuando el Cabildo del 22 de mayo destituyó al virrey y designó a la Primera Junta en nombre del pueblo.
El Ejecutivo del 23 de setiembre de 1811 fue elegido indirectamente, al igual que la Asamblea Constituyente del 13, formada por electores populares de todos los Cabildos que había.
También fue elección indirecta la establecida por el estatuto de 1815 para la elección de diputados, que luego se adoptó en el reglamento de 1817.La primera ley que establece la elección directa y el sufragio universal es del 14 de agosto de 1821. Rigió en la provincia de Buenos Aires, donde el voto era público y oral.
Para dar cumplimiento a la Constitución, en 1857 se dicta la primera Ley Regulatoria de Elecciones Nacionales (fue luego reformada seis veces), que configura el Derecho Electoral en la Argentina del siglo XIX.
Entonces el voto era voluntario, público y limitado a los varones de más de 18 años de edad. La gran transformación del sistema llega con la sanción de la Ley Sáenz Peña, que fijó el voto obligatorio, universal y secreto para los varones. La aparición de esta ley hizo saltar el caudal electoral: en 1910 era el 22% de la población, y pasó al 81% en 1928. Dos tercios de los escaños eran para la mayoría; y el otro tercio, para la minoría.
La otra gran modificación llegó en 1947, con el voto femenino, que fue ejercido por primera vez en 1951, impulsado por la inmortal Evita. A partir de 1955 se introduce el sistema proporcional D?Hont para la distribución de las bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. En 1973, por decreto del Gobierno de facto, se aplica el sistema de elección directa con doble vuelta para el Presidente.
En 1983 se aplica la Constitución de 1853/60, y se adopta para diputados el sistema D?Hont , con un piso del 3% de los votos para acceder a una banca. En 1986, se sanciona y se promulga la ley 23.476, que se constituye en el Código Electoral nacional que regula la materia actualmente, con los cambios y reglamentaciones posteriores.
La Constitución debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos; establecer que el sufragio es un derecho y un deber de todos los ciudadanos; y que debe ser igual, lo que quiere decir un voto-un ciudadano, sin ninguna clase de discriminación. Debe seguir siendo obligatorio y secreto, y debe regir la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a los cargos electivos partidarios.
La participación igualitaria de las mujeres tiene que estar garantizada por la acción positiva en la regulación de los partidos políticos y del régimen electoral. No podemos retroceder, por cuanto no podrá ser inferior a la vigente.
El peronismo, en sus 60 años de historia, sostuvo que el voto debe ser universal, igual, secreto y obligatorio, con el derecho de elegir y ser elegido y reelegido, con una representación territorial que consagre el reparto proporcional, y con garantías a la representación pluralista de las minorías.
