En la discusión sobre la representatividad de los legisladores provinciales se sumó un nuevo argumento, esta vez relacionado con la cantidad de parlamentarios que debe tener la Cámara. El constitucionalista Sergio Díaz Ricci defendió la idea de incrementar los escaños de la Legislatura, y pasar de 40 a 60 bancas.
Según un estudio comparativo que elaboró el especialista, Tucumán ocupa el cuarto lugar entre las provincias que más distorsionada tiene la relación votante/legislador. Mientras que el promedio nacional es de 21.446 habitantes por parlamentario, en nuestra provincia cada uno representa a 33.463 personas, lo que implica una distancia superior al 50% a la cifra tomada como referencia. El relevamiento dejó de lado a la provincia de Buenos Aires, ya que por su volumen distorsiona los cálculos finales.
"Tucumán está por encima del coeficiente de representatividad nacional, que resulta de dividir la cantidad de habitantes de cada distrito por el número de legisladores. En términos prácticos, significa que hay una infrarrepresentación, y que cada legislador debe representar a más gente que en otras provincias. Un aumento de 20 bancas nos aproximaría al promedio", dijo.
"Cuando se necesita más gente para tener un representante, se amplía la distancia con el ciudadano, como ocurre con los diputados nacionales, donde es enorme", resaltó Díaz Ricci. "Soy partidario de que se incrementen las bancas en la futura reforma de la Constitución provincial, pese a las críticas que se hagan", aclaró.
El director del Instituto de Derecho Parlamentario de la UNT refutó los cuestionamientos relacionados con la lentitud y con los costos parlamentarios. "Cuestionar una demora es criticar la esencia de la función legisferante, porque las leyes tienen como esencia su perdurabilidad y la dificultad en la sanción y modificación, lo que hace a la seguridad jurídica", sostuvo. "Reclamar una excesiva agilidad va en contra del núcleo de la producción parlamentaria, porque el legislador legisla incluso cuando no aprueba una norma, porque en ese gesto dice que quiere que todo siga igual", agregó.
"El asunto de los costos del sistema parlamentario nada tiene que ver con el proceso de elaboración de las leyes, sino con la modalidad y la idiosincrasia de cada pueblo en su quehacer político. Con 60 escaños puede aumentarse el costo en cuanto a la producción legislativa neta, pero también hay erogaciones en las acciones de control político y en la promoción social que pueden o no variar según cómo se planteen", advirtió Díaz Ricci.
Según un estudio comparativo que elaboró el especialista, Tucumán ocupa el cuarto lugar entre las provincias que más distorsionada tiene la relación votante/legislador. Mientras que el promedio nacional es de 21.446 habitantes por parlamentario, en nuestra provincia cada uno representa a 33.463 personas, lo que implica una distancia superior al 50% a la cifra tomada como referencia. El relevamiento dejó de lado a la provincia de Buenos Aires, ya que por su volumen distorsiona los cálculos finales.
"Tucumán está por encima del coeficiente de representatividad nacional, que resulta de dividir la cantidad de habitantes de cada distrito por el número de legisladores. En términos prácticos, significa que hay una infrarrepresentación, y que cada legislador debe representar a más gente que en otras provincias. Un aumento de 20 bancas nos aproximaría al promedio", dijo.
"Cuando se necesita más gente para tener un representante, se amplía la distancia con el ciudadano, como ocurre con los diputados nacionales, donde es enorme", resaltó Díaz Ricci. "Soy partidario de que se incrementen las bancas en la futura reforma de la Constitución provincial, pese a las críticas que se hagan", aclaró.
El director del Instituto de Derecho Parlamentario de la UNT refutó los cuestionamientos relacionados con la lentitud y con los costos parlamentarios. "Cuestionar una demora es criticar la esencia de la función legisferante, porque las leyes tienen como esencia su perdurabilidad y la dificultad en la sanción y modificación, lo que hace a la seguridad jurídica", sostuvo. "Reclamar una excesiva agilidad va en contra del núcleo de la producción parlamentaria, porque el legislador legisla incluso cuando no aprueba una norma, porque en ese gesto dice que quiere que todo siga igual", agregó.
"El asunto de los costos del sistema parlamentario nada tiene que ver con el proceso de elaboración de las leyes, sino con la modalidad y la idiosincrasia de cada pueblo en su quehacer político. Con 60 escaños puede aumentarse el costo en cuanto a la producción legislativa neta, pero también hay erogaciones en las acciones de control político y en la promoción social que pueden o no variar según cómo se planteen", advirtió Díaz Ricci.
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