Antonio Bussi será indagado en abril sobre más de 400 casos de detenidos desaparecidos en Tucumán, ocurridos mientras estuvo al frente del Operativo Independencia (1975-1977) y era gobernador de facto, entre marzo de 1976 y diciembre de 1977.
La declaración será tomada en el Hospital Militar de la Capital Federal, donde Bussi es tratado de distintas afecciones que lo beneficiaron con la detención domiciliaria en la causa por el secuestro del desaparecido senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse. El ex mandatario tiene autorizado vivir en Buenos Aires, alternando entre las casas de sus hijas Claudia y Fernanda.
El próximo mes, el juez federal Jorge Parache y el fiscal federal Emilio Ferrer se presentarán en el hospital para formalizar la declaración indagatoria. Allí presentarán las pruebas documentales y testimoniales reunidas en los expedientes y se interrogará a Bussi sobre cada episodio.
Mientras avanzan los trámites, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán debe resolver varios planteos. Entre ellos, la presentación del fiscal Ferrer para que cese el beneficio de prisión domiciliaria a Bussi y se ordene su regreso a la provincia. El mismo pedido fue formulado contra el ex comisario de la Policía, Heriberto Albornoz. El está alojado en su casa en Banda del Río Salí, acusado de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Del interrogatorio sólo quedarán excluidos los casos de Vargas Aignasse (ya fue indagado por el tema) y del Pozo de Vargas, que es investigado por el juez federal Felipe Terán. Allí se encontraron restos óseos humanos a varias decenas de metros bajo tierra, y siguen desarrollándose pesquisas por la causa.
Por distintas causas en análisis, Parache solicitó la captura internacional del ex jefe de la Policía tucumana, Antonio Arrechea. Ahora, el ex militar está siendo buscado por Interpol para que preste declaración como imputado, con independencia de las versiones que indican que habría fallecido hace años.
La declaración será tomada en el Hospital Militar de la Capital Federal, donde Bussi es tratado de distintas afecciones que lo beneficiaron con la detención domiciliaria en la causa por el secuestro del desaparecido senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse. El ex mandatario tiene autorizado vivir en Buenos Aires, alternando entre las casas de sus hijas Claudia y Fernanda.
El próximo mes, el juez federal Jorge Parache y el fiscal federal Emilio Ferrer se presentarán en el hospital para formalizar la declaración indagatoria. Allí presentarán las pruebas documentales y testimoniales reunidas en los expedientes y se interrogará a Bussi sobre cada episodio.
Mientras avanzan los trámites, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán debe resolver varios planteos. Entre ellos, la presentación del fiscal Ferrer para que cese el beneficio de prisión domiciliaria a Bussi y se ordene su regreso a la provincia. El mismo pedido fue formulado contra el ex comisario de la Policía, Heriberto Albornoz. El está alojado en su casa en Banda del Río Salí, acusado de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Del interrogatorio sólo quedarán excluidos los casos de Vargas Aignasse (ya fue indagado por el tema) y del Pozo de Vargas, que es investigado por el juez federal Felipe Terán. Allí se encontraron restos óseos humanos a varias decenas de metros bajo tierra, y siguen desarrollándose pesquisas por la causa.
Por distintas causas en análisis, Parache solicitó la captura internacional del ex jefe de la Policía tucumana, Antonio Arrechea. Ahora, el ex militar está siendo buscado por Interpol para que preste declaración como imputado, con independencia de las versiones que indican que habría fallecido hace años.
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