Desde el Poder Ejecutivo pretenden que, en el futuro acuerdo con la empresa minera, se establezca que se trata de un "resarcimiento económico" la entrega de $ 22 millones al Estado provincial. Sin embargo, desde la vereda de enfrente, los directivos de la firma privada se mantienen firmes en rechazar esa condición, ya que -según dijeron- la explotación de Bajo La Alumbrera no genera contaminación, ni daños al medio ambiente.
La Casa de Gobierno será hoy el escenario del encuentro que comenzará a las 18. Sentados de un lado de la mesa, estarán el gobernador José Alperovich; el ministro de la Producción, José Manuel Paz; el fiscal de Estado, Antonio Estofán, y la directora de Medio Ambiente, Patricia Jalil de Arriazu. Del otro lado, el gerente general de Recursos Humanos, Alberto Olivera, y el gerente de Seguridad Industrial y Asuntos Provinciales de Minera Alumbrera Limitada, Jorge Montaldi.
En el debate también se incluirá un planteo del Estado para que antes de firmar cualquier convenio se realice un estudio ambiental de las operaciones de la Alumbrera. Ese relevamiento sería supervisado por la Secretaría de Minería de la Nación, que actuaría en carácter de veedor; tardaría al menos unos 90 días.
Sobre este punto, Montaldi aseguró que esperan con ansiedad ese trabajo para desmitificar -dijo- el tema de la contaminación. Por otra parte, el vocero de la empresa minera salió al cruce de quienes denunciaron un daño ambiental. "Ese estudio será una buena oportunidad para que los tucumanos y los catamarqueños sepan claramente cómo trabaja la empresa", afirmó Montaldi.
Critican la inspección que hizo el juez Terán
La comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Legislatura cuestionó la inspección ocular realizada por el juez federal Felipe Terán en el canal artificial (DP2). Ese curso de agua desemboca en el dique Frontal, en Las Termas de Río Hondo y, según una pericia de Gendarmería Nacional, habría sido contaminado por los efluentes arrojados por la empresa Minera Alumbrera Limitada.
Según el presidente de ese órgano parlamentario, el legislador Alejandro Sangenis, no tiene ningún sentido realizar una inspección ocular invitado por la firma a la que se está investigando. "En el expediente judicial, los fiscales federales han probado que la empresa contamina y en altísimos niveles. Ellos fueron sorpresivamente al lugar y recogieron muestras sin que la empresa se entere. Ahora, si están sobre aviso, seguramente el agua que deseche el mineralducto será casi mineral", afirmó Sangenis.
