La democracia frente a la violencia

Desde hace seis años, cuando se produjo el virtual alzamiento social de Cutral Có -provocado por la crisis del empleo en el sector petrolero-, repetidas movilizaciones en numerosos lugares del país con parecido carácter, aunque por causas muy diversas, han instalado la modalidad conflictiva de los piquetes que, según informes oficiales, alcanzan actualmente a cinco por día.
A cargo de un número excepcional de organizaciones "ad hoc", ese activismo, cuyas motivaciones específicas guardan proporción con el desarrollo de la crisis política y económica, ha tenido hasta el momento un elevado costo en vidas humanas y bienes públicos y privados, en cuya responsabilidad participa el Estado por su incapacidad para mantener el orden y responder a las legítimas demandas sociales.
Consecuentemente, el país y sus comunidades están conviviendo bajo los efectos de tres violencias: contra las personas, los bienes y los derechos. Es así que el patrimonio mayor en peligro para la sociedad argentina es la sociedad democrática, donde mejor se conjugan el ejercicio de los derechos humanos y de las libertades públicas, de acuerdo con la experiencia histórica universal.
Una de las dificultades mayores para la comprensión adecuada de ese fenómeno contestatario ante las insuficiencias políticas de los poderes públicos, es poder distinguir entre el derecho a peticionar por bienes esenciales a los que no se puede acceder por los cauces normales del orden jurídico, y las acciones delictivas por abuso de la fuerza.
En el caso de las organizaciones piqueteras, si bien sus invocaciones a la movilización son generalmente legítimas, dejan de serlo cuando el desconocimiento de los derechos de terceros forma parte de los recursos para ejercer presión.
La respuesta del Estado no puede ser otra que la oferta de diálogo que, si no es atendida, lo habilita para la preservación del bien común en el estricto marco de los derechos esenciales.
Los episodios presentes han evidenciado que ambas partes no han cumplido con las exigencias del bien común, pues a la violencia contribu- yeron no sólo minorías notoriamente autoritarias que tratan de obtener mediante la acción directa lo que las urnas repetidamente les niegan, sino también integrantes de la Policía Bonaerense que representan al pasado más ominoso del poder encapuchado.
La proliferación de los piquetes y sus organizaciones, así como del discurso de la terminología violenta, y la incapacidad de los poderes públicos para dar respuesta a las demandas legítimas y a los actos delictivos, han terminado por afectar gravemente la paz de los argentinos.
El interrogante más urgido de la sociedad no es otro, al fin, que preguntarse hasta dónde puede profundizarse esa crisis de responsabilidad que padecen sus dirigentes, formales e informales.
Pero es muy difícil llegar a conclusiones aceptables sin asumir la propia determinación de cada uno, de aislar a los violentos e incapaces, desoyendo las promesas fáciles que proponen los reiterativos mensajeros del pasado.
Esa acción protagónica de la comunidad para asegurar la paz y la solidaridad, afectadas por la dialéctica y los gestos de intolerancia, no debe perder de vista que el sistema democrático tiene múltiples formas eficaces de expresión sin vulnerar derechos, tanto o más legítimos que los invocados por la violencia.