Por Redacción Política
14 Marzo 2005
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El actual legislador y ex intendente Antonio Alvarez (PJ), un ex concejal y miembros de su gabinete deberían devolver al municipio de la capital casi $ 39.000, en concepto de anticipos de haberes mal otorgados, según una resolución refrendada por abogados de la fiscalía municipal.
Por medio de un decreto firmado por el intendente Domingo Amaya, se inició una instrucción sumarial que concluyó con la detección de una serie de presuntas irregularidades que habrían acontecido entre enero y mayo de 2003, cuando el actual parlamentario era intendente interino.
Según la investigación, Alvarez le adeudaría al municipio una suma de $ 7.100. Pero la resolución firmada por el abogado Ricardo Von Büren y por la contadora Silvia Otero incluye también en la lista de supuestos deudores al ex director de Relaciones Laborales, Miguel Angel Díaz ($ 2.000); al ex secretario de Hacienda, Francisco Martínez ($ 14.400); al ex titular de Gobierno y actual secretario del Concejo Deliberante, Néstor Varela ($ 2.900) y al ex concejal del PJ y ahora secretario de Obras Públicas de Tafí Viejo, Juan Carlos Saravia ($ 12.400). En total, la suma reclamada por la fiscalía asciende a $ 38.800.
Se recomienda, también, formular cargos contra siete empleados. (Ver "Aconsejan...")
Actuaciones
El sumario realizado sostiene que hubo un procedimiento administrativo y contable realizado en forma irregular con el objetivo de transferir fondos a las cuentas personales de los ex funcionarios involucrados. "Ha quedado taxativamente probada la existencia de un circuito administrativo irregular, desplegado en el seno de la Tesorería General del que es responsable directa su ex titular, Cristina Armentano, y del que fueron partícipes necesarios empleados y funcionarios de esa repartición. También contó con la eficaz colaboración de funcionarios y empleados de Contaduría General. En virtud de estos procedimientos anormales, ex funcionarios han percibido sumas de dinero como anticipos y adelantos que no han sido restituidos al municipio", expresan las conclusiones del dictamen.
También aporta el testimonio de empleados municipales, que afirman que recibían instrucciones precisas para confeccionar las notas de transferencias de "manera no habitual". El sumario realizado cuenta con declaraciones de la cuestionada ex tesorera. Allí, Armentano niega haber dado la orden de confeccionar irregularmente las notas en cuestión. "No se trata de un caso aislado donde es posible que se deslicen errores, sino que se trata de una operatoria irregular que recorre varios meses", agregan en su dictamen los sumariantes.
El dictamen manifiesta, además, que sólo seis ex funcionarios formaban parte de esta operatoria. "Sin dudas que integraban un círculo de privilegio al que ningún otro concejal, funcionario o agente pudo acceder, al punto de sufrir estos últimos la mora de entre tres y cinco meses en el pago de sus haberes. Esto no hace más que presumir la existencia de una relación de connivencia entre Armentano y los beneficiarios de las irregularidades", argumentan Von Büren y Otero.
La resolución pone de manifiesto que Alvarez, Varela, Martínez, Díaz y Saravia fueron intimados a pagar la presunta deuda mediante carta documento, sin que hayan respondido hasta el momento. Por eso, aconsejan al intendente Amaya que reitere la intimación de pago. "En caso de negativa, evasivas o silencio, se proceda al recupero de los montos por la vía del apremio, formulando el pertinente cargo patrimonial y la denuncia penal por la supuesta comisión de delitos, toda vez que se tratan de sumas percibidas sin causa legítima que lo justifique", finaliza el expediente.
Aconsejan sancionar a empleados
La resolución de la Fiscalía de Estado de la Municipalidad de la capital incluye la recomendación a la intendencia de que sancione a siete empleados públicos, a raíz de las presuntas irregularidades en anticipos de haberes, entre enero y mayo de 2003.
En primer lugar, se indica que correspondería formular cargos contra las contadoras Cristina Cadau de Armentano (fue tesorera) y Contra Graciela Aída Abdo de Cervantes (fue subtesorera), por supuesto incumplimiento de los deberes inherentes a sus cargos, así como de los impone la ordenanza de Contabilidad. En idéntico sentido se pronuncia contra el ex contador general, Gustavo Desjardins.
En la instrucción sumarial también se aconseja formular cargos contra la actual subtesorera general, Yolanda Tello de Candussi. Se indica que supuestas acciones suyas, cuando era subcontadora general, podrían ameritar una suspensión de hasta 30 días. Lo mismo se indica respecto de otros tres trabajadores. Son la contadora Susana Contreras (ex jefa del departamento de Contabilidad), Ramón Néstor Ramos (jefe del departamento de Registros de Tesorería General) y Karina Paz de Alderete (dependiente de la Tesorería General). En todos los casos, los trabajadores tienen un plazo de cinco días para formular sus descargos.
Por medio de un decreto firmado por el intendente Domingo Amaya, se inició una instrucción sumarial que concluyó con la detección de una serie de presuntas irregularidades que habrían acontecido entre enero y mayo de 2003, cuando el actual parlamentario era intendente interino.
Según la investigación, Alvarez le adeudaría al municipio una suma de $ 7.100. Pero la resolución firmada por el abogado Ricardo Von Büren y por la contadora Silvia Otero incluye también en la lista de supuestos deudores al ex director de Relaciones Laborales, Miguel Angel Díaz ($ 2.000); al ex secretario de Hacienda, Francisco Martínez ($ 14.400); al ex titular de Gobierno y actual secretario del Concejo Deliberante, Néstor Varela ($ 2.900) y al ex concejal del PJ y ahora secretario de Obras Públicas de Tafí Viejo, Juan Carlos Saravia ($ 12.400). En total, la suma reclamada por la fiscalía asciende a $ 38.800.
Se recomienda, también, formular cargos contra siete empleados. (Ver "Aconsejan...")
Actuaciones
El sumario realizado sostiene que hubo un procedimiento administrativo y contable realizado en forma irregular con el objetivo de transferir fondos a las cuentas personales de los ex funcionarios involucrados. "Ha quedado taxativamente probada la existencia de un circuito administrativo irregular, desplegado en el seno de la Tesorería General del que es responsable directa su ex titular, Cristina Armentano, y del que fueron partícipes necesarios empleados y funcionarios de esa repartición. También contó con la eficaz colaboración de funcionarios y empleados de Contaduría General. En virtud de estos procedimientos anormales, ex funcionarios han percibido sumas de dinero como anticipos y adelantos que no han sido restituidos al municipio", expresan las conclusiones del dictamen.
También aporta el testimonio de empleados municipales, que afirman que recibían instrucciones precisas para confeccionar las notas de transferencias de "manera no habitual". El sumario realizado cuenta con declaraciones de la cuestionada ex tesorera. Allí, Armentano niega haber dado la orden de confeccionar irregularmente las notas en cuestión. "No se trata de un caso aislado donde es posible que se deslicen errores, sino que se trata de una operatoria irregular que recorre varios meses", agregan en su dictamen los sumariantes.
El dictamen manifiesta, además, que sólo seis ex funcionarios formaban parte de esta operatoria. "Sin dudas que integraban un círculo de privilegio al que ningún otro concejal, funcionario o agente pudo acceder, al punto de sufrir estos últimos la mora de entre tres y cinco meses en el pago de sus haberes. Esto no hace más que presumir la existencia de una relación de connivencia entre Armentano y los beneficiarios de las irregularidades", argumentan Von Büren y Otero.
La resolución pone de manifiesto que Alvarez, Varela, Martínez, Díaz y Saravia fueron intimados a pagar la presunta deuda mediante carta documento, sin que hayan respondido hasta el momento. Por eso, aconsejan al intendente Amaya que reitere la intimación de pago. "En caso de negativa, evasivas o silencio, se proceda al recupero de los montos por la vía del apremio, formulando el pertinente cargo patrimonial y la denuncia penal por la supuesta comisión de delitos, toda vez que se tratan de sumas percibidas sin causa legítima que lo justifique", finaliza el expediente.
Aconsejan sancionar a empleados
La resolución de la Fiscalía de Estado de la Municipalidad de la capital incluye la recomendación a la intendencia de que sancione a siete empleados públicos, a raíz de las presuntas irregularidades en anticipos de haberes, entre enero y mayo de 2003.
En primer lugar, se indica que correspondería formular cargos contra las contadoras Cristina Cadau de Armentano (fue tesorera) y Contra Graciela Aída Abdo de Cervantes (fue subtesorera), por supuesto incumplimiento de los deberes inherentes a sus cargos, así como de los impone la ordenanza de Contabilidad. En idéntico sentido se pronuncia contra el ex contador general, Gustavo Desjardins.
En la instrucción sumarial también se aconseja formular cargos contra la actual subtesorera general, Yolanda Tello de Candussi. Se indica que supuestas acciones suyas, cuando era subcontadora general, podrían ameritar una suspensión de hasta 30 días. Lo mismo se indica respecto de otros tres trabajadores. Son la contadora Susana Contreras (ex jefa del departamento de Contabilidad), Ramón Néstor Ramos (jefe del departamento de Registros de Tesorería General) y Karina Paz de Alderete (dependiente de la Tesorería General). En todos los casos, los trabajadores tienen un plazo de cinco días para formular sus descargos.
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