Por Redacción Política
13 Marzo 2005
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La sociedad tucumana asiste como espectadora a una discusión política que podría desembocar en la transformación de las instituciones de la Provincia. Marzo despertó con una ebullición que se venía cocinando a fuego lento en la clase política. Conceptos abstractos como poder constituyente, departamentalización y bicameralidad fueron desempolvados por los dirigentes para justificar sus argumentos de poder.
La eliminación de la Ley de Lemas, en setiembre de 2004, y la habilitación de la reforma parcial de la Constitución, en diciembre del mismo año, marcaron hitos políticos y significaron un quiebre en la ingeniería institucional del Estado.
Tras la derogación del sistema de lemas, que permitió la masiva participación de dirigentes zonales, se abre la incógnita sobre el funcionamiento del motorcito electoral del PJ en la etapa postsublemas. Surgió entonces la iniciativa de modificar el cuadro político de la provincia.
Las tres secciones electorales incorporadas con rango constitucional en 1990 están cuestionadas por no garantizar la representación en todo el interior. Se sostiene que un ciudadano de La Cocha que haya votado para legislador a un ciudadano de Tafí Viejo, difícilmente pueda sentirse vinculado a este durante el ejercicio de la función.
Los argumentos parecen razonables en términos políticos, pero la discusión sobre la reforma de la Constitución tiene ribetes jurídicos que suman otros condimentos al debate. La ley de reforma no permite que se modifique el inciso del artículo en el que están contenidas las tres circunscripciones.
La floja base legal de esta idea y el cruce de intereses políticos reflotaron otra iniciativa polémica: el regreso de Tucumán a un sistema bicameral. Es decir, con Senadores y Diputados, como rigió hasta antes de la intervención federal de 1991.
Argumentos válidos
La conveniencia de terminar con la unicameralidad parece seducir a la mayoría de los políticos tucumanos. Encuentran en ella una solución a la representatividad reclamada. También sostienen argumentos que van desde el enriquecimiento del debate legislativo (para evitar decisiones apresuradas) hasta la posibilidad de terminar con la mayoría absoluta que suele ostentar el oficialismo de turno. Quienes objetan esta idea arguyen que la intervención de dos cuerpos hará más lento el proceso de sanción de las leyes y encarecerá el costo de la política. Algo que, tras la crisis de 2001, había sido presentado como uno de los problemas centrales de la Argentina. En aquel entonces, se estableció un acuerdo para reducir el gasto legislativo al 3% de los presupuestos provinciales. Tucumán fue uno de los distritos que firmó ese convenio con la Nación.
Según los especialistas, está claro que la democracia no crece reduciendo el número de representantes populares. También que las sumatorias de un Poder Legislativo unicameral y sin reforma parcial, con un sistema electoral como el de los sublemas, sólo puede dar como resultado una mayoría hegemónica del oficialismo. Tucumán, que cuenta actualmente con 26 legisladores oficialistas sobre los 40 representantes, es un claro ejemplo de ello.
Con la reinstauración de una Cámara de Senadores, entienden sus promotores, los 17 departamentos de la provincia tendrían un representante en la Cámara Alta y la sociedad encontraría su lugar en la Cámara Baja.
Los opiniones coinciden en que la imposición de una instancia revisora mejorará la calidad de las leyes sancionadas. Sin embargo -se responde- podría dilatar la sanción de las normas. Además -afirman- la unicameralidad es más ágil y adecuada con las realidades provinciales.
El tema presupuestario presenta varias aristas. Por un lado, constituir dos cámaras podría aumentar el número de representantes y, por ende, el gasto de funcionamiento del Poder Legislativo.
Pero, el control de los recursos pareciera estar condicionado por otras variables que no necesariamente tienen relación con la cantidad de legisladores. La Legislatura unicameral de Tucumán alcanzará este año el presupuesto más alto de la historia con $ 62,5 millones. El gasto político también es elevado en Formosa ($ 1,5 millón anual por legislador) y en Chaco ($ 1,2 millón) y las tres tienen el esquema unicameral.
La tendencia indica que funcionar con dos cámaras podría disparar el gasto político. Los expertos sostienen que, además de aumentar el número de parlamentarios, sería necesario incrementar el personal para el funcionamiento y el número de asesores, por citar algunos ejemplos. "La línea mayoritaria en el reciente constitucionalismo favoreció la institucionalización de parlamentos unicamerales. Así lo demuestran las últimas reformas", dice el constitucionalista español Alejandro Sainz Arnaiz.
Aunque también se presentan excepciones. Mendoza y San Luis (ambas bicamerales) son las provincias que menos gastan en relación a sus presupuestos. "Sostener que la bicameralidad es más costosa es una falacia. El gran tema es el de la representación", opina el jurista Diego Giuliano, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de Rosario. Significa que la reducción del costo del funcionamiento del sistema político no debería circunscribirse a una decisión sobre la unicameralidad o bicameralidad, sino que debería insertarse en una discusión más madura y amplia sobre la distribución de los recursos.
En la Argentina, 15 provincias optaron por la unicameralidad, mientras que sólo ocho actúan con dos cámaras. Santa Fe atraviesa por un debate inverso al de Tucumán. En pleno proceso de reforma de la Constitución, se pretende retornar a la unicameralidad. La opción por uno u otro régimen es una decisión política que los Estados deberían tomar en función de sus propias realidades. El camino a seguir determinará si el resultado incidirá o no en el fortalecimiento institucional.
El pj siempre tuvo mayoria legislativa
Bajo cualquier sistema electoral y división territorial, el justicialismo nunca perdió, desde la reinstauración de la democracia, la mayoría dentro del Poder Legislativo en la provincia.
El sistema bicameral en rigió en Tucumán hasta antes de la intervención federal de 1991, pero la distribución territorial, dentro del marco electoral, sufrió numerosas transformaciones desde el retorno de la democracia, en 1983.
A partir de 1985, con las elecciones para la renovación parcial del Parlamento, Tucumán se dividió en cinco secciones. A pesar de que la UCR ganó por 10.000 votos, el PJ obtuvo más bancas que el radicalismo. En 1987, la división constó de tres secciones. En los escaños de diputados y de senadores, hubo una marcada paridad producto de los votos del interior.
En 1989, cuando se convocó a renovación parcial del Parlamento y para elegir los convencionales constituyentes, que reformarían la Carta Magna de 1907, la provincia fue dividida en 11 departamentos. Fuerza Republicana ganó los comicios para gobernador, pero obtuvo menos bancas legislativas que el justicialismo.
De todas maneras, los republicanos lograron la mayoría suficiente en la conformación de la Convención Constituyente, que sancionó finalmente la Constitución Provincial de 1990.
En todos los casos, el Partido Justicialista siempre obtuvo mayoría en las elecciones legislativas. En 1991 y bajo el cobijo de la Ley de Lemas, los peronistas suma lograron 20 bancas con la candidatura de Ramón Ortega como gobernador. Cuatro años después sólo perdieron una. En 1995, cuando Antonio Bussi (FR) se consagró como primer mandatario provincial con el 42% de los votos, la composición de la Cámara tuvo una fuerte impronta justicialista.
El PJ logró el 44% de los sufragios con los sublemas y obtuvo 19 bancas. También en 1999, cuando Julio Miranda triunfó por sobre Ricardo Bussi con una pequeña ventaja, el PJ garantizó su mayoría en la Legislatura con los votos del interior, aunque le faltó una banca para tener quórum propio.
PUNTOS DE VISTA
"Las leyes necesitan un tiempo de análisis"
Cuando Tucumán suprimió la Cámara de Senadores con la reforma constitucional de 1990, se presentaron dos problemas graves. Uno, basado en la representatividad de localidades chicas, porque las actuales tres secciones electorales son indefendibles. Y el segundo basado en la figura del vicegobernador. El rol del Poder Legislativo es el de contralor de los actos del Ejecutivo. Pero cómo va a controlar un vicegobernador, que es presidente de la Cámara pero parte del Ejecutivo. Fundamentalmente, la Legislatura debe ser autónoma.
También se presentan problemas con otro de los "logros" de la reforma de 1990. Al terminar con la renovación parcial de la Legislatura, se abre un hueco por la precariedad de su funcionamiento. Bajo este sistema unicameral, la Cámara está compuesta en su mayoría por dirigentes con experiencia parlamentaria y política. Pero hay otros que son novatos y a los que les lleva por lo menos dos años entender cómo es el funcionamiento del sistema. Podríamos decir entonces que algunos lobos cuidan a las ovejas. Un Legislativo unicameral tiene a estimular el autoritarismo, ya que el gobernador quiere mayor rapidez en la sanción de las leyes y no quiere controles. Esto sería imposible con una Cámara revisora. Y las leyes trascendentales necesitan un tiempo prudencial de análisis y debate.
A quienes cuestionan que la sanción de una norma se demore, les digo que esto es fácil de subsanar estableciendo un máximo de tiempo para que el Senado se pronuncie.
Finalmente, también hay que terminar con el mito de que un Poder Legislativo de dos cuerpos gasta más que uno unicameral. Sostengo que, cuando se suprimió el Senado en Tucumán, el presupuesto era inferior al actual, que funciona con una sola Cámara.
Yo propongo entonces lo siguiente. Veamos si con el actual presupuesto de la Legislatura no es posible lograr el funcionamiento de dos cámaras. Ahí nos encontraremos con sorpresas.
Hugo Lazarte
Ex Presidente del Senado y Legislador Provincial
"Cambiar el sistema sería un despropósito"
"Lo que es bueno para el partido es bueno para la Provincia", parece ser el pensamiento que en estos momentos preside la discusión que se ha instalado en la política local.
Sin dudas, esto se hace solamente por la imposibilidad de poder cambiar las actuales tres secciones electorales, establecidas de modo pétreo en el artículo 38 inciso 9 de la Constitución provincial para la elección de legisladores, así como la no viabilidad de reponer la Ley de Lemas derogada.
De esta forma, se instala en el ambiente como "necesario" resucitar la Cámara de Senadores o bicameralidad derogada por los convencionales constituyentes de 1990, que hizo esto como medio para bajar el costo político institucional y paralelamente acelerar el trámite legislativo. Incluso, con la creación, además, del cargo de vicegobernador para suplir la ausencia temporal o permanente del gobernador. Pero se debe entender que este sistema viene funcionando adecuadamente y es aceptado por la población en sus ya trece años que lleva de funcionamiento en la provincia.
Considero que volver a la bicameralidad, además de ser un despropósito político, involucra un aumento presupuestario injustificado, para abonar no sólo veinte o más legisladores, sino también costear todos los accesorios que requiere el funcionamiento de la nueva Cámara de Senadores.
Ello no sólo no beneficiará a la Provincia, ni es verdad la representación de los departamentos que se busca, en menoscabo de la representación de las minorías. La mayoría de las provincias, quince en total y en sólo ocho rige la bicameralidad, han optado por la unicameralidad.
La doctrina constitucional acepta su vigencia y pondera sus beneficios, que no son pocos, lo cual es aceptable institucionalmente, en virtud del ejercicio del poder constituyente y remanente que corresponde a cada Provincia, para darse sus propias instituciones.
Julio Alvarez Suriani
Ex titular de la Constituyente de1990 y Legislador Provincial
"La unicameralidad es mucho más ágil"
Córdoba reformó en setiembre de 2001 por primera vez su quinta Constitución, sancionada en 1987, y restableció el sistema unicameral, que había sido reemplazado por uno bicameral que comenzó a funcionar en 1871. Se pasó de una Legislatura de 133 miembros (66 diputados y 67 senadores), a una sola Cámara de 70 legisladores, donde 26 se elegían uno por cada departamento en que se divide la provincia y los 44 restantes por una lista proporcional, con voto de preferencia, que nunca fue reglamentado.
Con casi la misma población, Santa Fe tiene actualmente 69, en dos cámaras, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 60, en una sola.
Sólo ocho provincias argentinas tienen actualmente dos cámaras, en cambio tienen una las restantes 15, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos los municipios del país. Estados Unidos tiene bicameralidad en todos sus Estados miembro, excepto Nebraska, que tiene una cámara legislativa. En cambio tienen en todos sus Estados unicameralidad las federaciones de México, Brasil y Venezuela (en esta sólo tienen desde siete a 15 miembros). En Europa los landers de Alemania Federal y las Dietas Regionales de la República Federal de Austria, que son sus órganos parlamentarios, son unicamerales.
Los senados provinciales no representan ni a Estados federados, como en el orden nacional, y los Estados federales; ni a una clase social distinta; ni a intereses corporativos, como ocurre con la Legislatura del Chaco y la Constitución de 1954. Allí, sus integrantes son votados en departamentos que no tienen entidad institucional, son meros dibujos en el mapa, ya que tampoco el número de miembros del Senado es proporcional a los habitantes que tienen.
En mi opinión, la experiencia de la provincia de Córdoba, más allá de algún defecto que pueda tener su reglamento, demuestra que es mejor, más ágil y adecuado con las necesidades de nuestras provincias la vigencia de un sistema unicameral.
Jorge Gentile
Abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba
La eliminación de la Ley de Lemas, en setiembre de 2004, y la habilitación de la reforma parcial de la Constitución, en diciembre del mismo año, marcaron hitos políticos y significaron un quiebre en la ingeniería institucional del Estado.
Tras la derogación del sistema de lemas, que permitió la masiva participación de dirigentes zonales, se abre la incógnita sobre el funcionamiento del motorcito electoral del PJ en la etapa postsublemas. Surgió entonces la iniciativa de modificar el cuadro político de la provincia.
Las tres secciones electorales incorporadas con rango constitucional en 1990 están cuestionadas por no garantizar la representación en todo el interior. Se sostiene que un ciudadano de La Cocha que haya votado para legislador a un ciudadano de Tafí Viejo, difícilmente pueda sentirse vinculado a este durante el ejercicio de la función.
Los argumentos parecen razonables en términos políticos, pero la discusión sobre la reforma de la Constitución tiene ribetes jurídicos que suman otros condimentos al debate. La ley de reforma no permite que se modifique el inciso del artículo en el que están contenidas las tres circunscripciones.
La floja base legal de esta idea y el cruce de intereses políticos reflotaron otra iniciativa polémica: el regreso de Tucumán a un sistema bicameral. Es decir, con Senadores y Diputados, como rigió hasta antes de la intervención federal de 1991.
Argumentos válidos
La conveniencia de terminar con la unicameralidad parece seducir a la mayoría de los políticos tucumanos. Encuentran en ella una solución a la representatividad reclamada. También sostienen argumentos que van desde el enriquecimiento del debate legislativo (para evitar decisiones apresuradas) hasta la posibilidad de terminar con la mayoría absoluta que suele ostentar el oficialismo de turno. Quienes objetan esta idea arguyen que la intervención de dos cuerpos hará más lento el proceso de sanción de las leyes y encarecerá el costo de la política. Algo que, tras la crisis de 2001, había sido presentado como uno de los problemas centrales de la Argentina. En aquel entonces, se estableció un acuerdo para reducir el gasto legislativo al 3% de los presupuestos provinciales. Tucumán fue uno de los distritos que firmó ese convenio con la Nación.
Según los especialistas, está claro que la democracia no crece reduciendo el número de representantes populares. También que las sumatorias de un Poder Legislativo unicameral y sin reforma parcial, con un sistema electoral como el de los sublemas, sólo puede dar como resultado una mayoría hegemónica del oficialismo. Tucumán, que cuenta actualmente con 26 legisladores oficialistas sobre los 40 representantes, es un claro ejemplo de ello.
Con la reinstauración de una Cámara de Senadores, entienden sus promotores, los 17 departamentos de la provincia tendrían un representante en la Cámara Alta y la sociedad encontraría su lugar en la Cámara Baja.
Los opiniones coinciden en que la imposición de una instancia revisora mejorará la calidad de las leyes sancionadas. Sin embargo -se responde- podría dilatar la sanción de las normas. Además -afirman- la unicameralidad es más ágil y adecuada con las realidades provinciales.
El tema presupuestario presenta varias aristas. Por un lado, constituir dos cámaras podría aumentar el número de representantes y, por ende, el gasto de funcionamiento del Poder Legislativo.
Pero, el control de los recursos pareciera estar condicionado por otras variables que no necesariamente tienen relación con la cantidad de legisladores. La Legislatura unicameral de Tucumán alcanzará este año el presupuesto más alto de la historia con $ 62,5 millones. El gasto político también es elevado en Formosa ($ 1,5 millón anual por legislador) y en Chaco ($ 1,2 millón) y las tres tienen el esquema unicameral.
La tendencia indica que funcionar con dos cámaras podría disparar el gasto político. Los expertos sostienen que, además de aumentar el número de parlamentarios, sería necesario incrementar el personal para el funcionamiento y el número de asesores, por citar algunos ejemplos. "La línea mayoritaria en el reciente constitucionalismo favoreció la institucionalización de parlamentos unicamerales. Así lo demuestran las últimas reformas", dice el constitucionalista español Alejandro Sainz Arnaiz.
Aunque también se presentan excepciones. Mendoza y San Luis (ambas bicamerales) son las provincias que menos gastan en relación a sus presupuestos. "Sostener que la bicameralidad es más costosa es una falacia. El gran tema es el de la representación", opina el jurista Diego Giuliano, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de Rosario. Significa que la reducción del costo del funcionamiento del sistema político no debería circunscribirse a una decisión sobre la unicameralidad o bicameralidad, sino que debería insertarse en una discusión más madura y amplia sobre la distribución de los recursos.
En la Argentina, 15 provincias optaron por la unicameralidad, mientras que sólo ocho actúan con dos cámaras. Santa Fe atraviesa por un debate inverso al de Tucumán. En pleno proceso de reforma de la Constitución, se pretende retornar a la unicameralidad. La opción por uno u otro régimen es una decisión política que los Estados deberían tomar en función de sus propias realidades. El camino a seguir determinará si el resultado incidirá o no en el fortalecimiento institucional.
El pj siempre tuvo mayoria legislativa
Bajo cualquier sistema electoral y división territorial, el justicialismo nunca perdió, desde la reinstauración de la democracia, la mayoría dentro del Poder Legislativo en la provincia.
El sistema bicameral en rigió en Tucumán hasta antes de la intervención federal de 1991, pero la distribución territorial, dentro del marco electoral, sufrió numerosas transformaciones desde el retorno de la democracia, en 1983.
A partir de 1985, con las elecciones para la renovación parcial del Parlamento, Tucumán se dividió en cinco secciones. A pesar de que la UCR ganó por 10.000 votos, el PJ obtuvo más bancas que el radicalismo. En 1987, la división constó de tres secciones. En los escaños de diputados y de senadores, hubo una marcada paridad producto de los votos del interior.
En 1989, cuando se convocó a renovación parcial del Parlamento y para elegir los convencionales constituyentes, que reformarían la Carta Magna de 1907, la provincia fue dividida en 11 departamentos. Fuerza Republicana ganó los comicios para gobernador, pero obtuvo menos bancas legislativas que el justicialismo.
De todas maneras, los republicanos lograron la mayoría suficiente en la conformación de la Convención Constituyente, que sancionó finalmente la Constitución Provincial de 1990.
En todos los casos, el Partido Justicialista siempre obtuvo mayoría en las elecciones legislativas. En 1991 y bajo el cobijo de la Ley de Lemas, los peronistas suma lograron 20 bancas con la candidatura de Ramón Ortega como gobernador. Cuatro años después sólo perdieron una. En 1995, cuando Antonio Bussi (FR) se consagró como primer mandatario provincial con el 42% de los votos, la composición de la Cámara tuvo una fuerte impronta justicialista.
El PJ logró el 44% de los sufragios con los sublemas y obtuvo 19 bancas. También en 1999, cuando Julio Miranda triunfó por sobre Ricardo Bussi con una pequeña ventaja, el PJ garantizó su mayoría en la Legislatura con los votos del interior, aunque le faltó una banca para tener quórum propio.
"Las leyes necesitan un tiempo de análisis"
Cuando Tucumán suprimió la Cámara de Senadores con la reforma constitucional de 1990, se presentaron dos problemas graves. Uno, basado en la representatividad de localidades chicas, porque las actuales tres secciones electorales son indefendibles. Y el segundo basado en la figura del vicegobernador. El rol del Poder Legislativo es el de contralor de los actos del Ejecutivo. Pero cómo va a controlar un vicegobernador, que es presidente de la Cámara pero parte del Ejecutivo. Fundamentalmente, la Legislatura debe ser autónoma.
También se presentan problemas con otro de los "logros" de la reforma de 1990. Al terminar con la renovación parcial de la Legislatura, se abre un hueco por la precariedad de su funcionamiento. Bajo este sistema unicameral, la Cámara está compuesta en su mayoría por dirigentes con experiencia parlamentaria y política. Pero hay otros que son novatos y a los que les lleva por lo menos dos años entender cómo es el funcionamiento del sistema. Podríamos decir entonces que algunos lobos cuidan a las ovejas. Un Legislativo unicameral tiene a estimular el autoritarismo, ya que el gobernador quiere mayor rapidez en la sanción de las leyes y no quiere controles. Esto sería imposible con una Cámara revisora. Y las leyes trascendentales necesitan un tiempo prudencial de análisis y debate.
A quienes cuestionan que la sanción de una norma se demore, les digo que esto es fácil de subsanar estableciendo un máximo de tiempo para que el Senado se pronuncie.
Finalmente, también hay que terminar con el mito de que un Poder Legislativo de dos cuerpos gasta más que uno unicameral. Sostengo que, cuando se suprimió el Senado en Tucumán, el presupuesto era inferior al actual, que funciona con una sola Cámara.
Yo propongo entonces lo siguiente. Veamos si con el actual presupuesto de la Legislatura no es posible lograr el funcionamiento de dos cámaras. Ahí nos encontraremos con sorpresas.
Hugo Lazarte
Ex Presidente del Senado y Legislador Provincial
"Cambiar el sistema sería un despropósito"
"Lo que es bueno para el partido es bueno para la Provincia", parece ser el pensamiento que en estos momentos preside la discusión que se ha instalado en la política local.
Sin dudas, esto se hace solamente por la imposibilidad de poder cambiar las actuales tres secciones electorales, establecidas de modo pétreo en el artículo 38 inciso 9 de la Constitución provincial para la elección de legisladores, así como la no viabilidad de reponer la Ley de Lemas derogada.
De esta forma, se instala en el ambiente como "necesario" resucitar la Cámara de Senadores o bicameralidad derogada por los convencionales constituyentes de 1990, que hizo esto como medio para bajar el costo político institucional y paralelamente acelerar el trámite legislativo. Incluso, con la creación, además, del cargo de vicegobernador para suplir la ausencia temporal o permanente del gobernador. Pero se debe entender que este sistema viene funcionando adecuadamente y es aceptado por la población en sus ya trece años que lleva de funcionamiento en la provincia.
Considero que volver a la bicameralidad, además de ser un despropósito político, involucra un aumento presupuestario injustificado, para abonar no sólo veinte o más legisladores, sino también costear todos los accesorios que requiere el funcionamiento de la nueva Cámara de Senadores.
Ello no sólo no beneficiará a la Provincia, ni es verdad la representación de los departamentos que se busca, en menoscabo de la representación de las minorías. La mayoría de las provincias, quince en total y en sólo ocho rige la bicameralidad, han optado por la unicameralidad.
La doctrina constitucional acepta su vigencia y pondera sus beneficios, que no son pocos, lo cual es aceptable institucionalmente, en virtud del ejercicio del poder constituyente y remanente que corresponde a cada Provincia, para darse sus propias instituciones.
Julio Alvarez Suriani
Ex titular de la Constituyente de1990 y Legislador Provincial
"La unicameralidad es mucho más ágil"
Córdoba reformó en setiembre de 2001 por primera vez su quinta Constitución, sancionada en 1987, y restableció el sistema unicameral, que había sido reemplazado por uno bicameral que comenzó a funcionar en 1871. Se pasó de una Legislatura de 133 miembros (66 diputados y 67 senadores), a una sola Cámara de 70 legisladores, donde 26 se elegían uno por cada departamento en que se divide la provincia y los 44 restantes por una lista proporcional, con voto de preferencia, que nunca fue reglamentado.
Con casi la misma población, Santa Fe tiene actualmente 69, en dos cámaras, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 60, en una sola.
Sólo ocho provincias argentinas tienen actualmente dos cámaras, en cambio tienen una las restantes 15, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos los municipios del país. Estados Unidos tiene bicameralidad en todos sus Estados miembro, excepto Nebraska, que tiene una cámara legislativa. En cambio tienen en todos sus Estados unicameralidad las federaciones de México, Brasil y Venezuela (en esta sólo tienen desde siete a 15 miembros). En Europa los landers de Alemania Federal y las Dietas Regionales de la República Federal de Austria, que son sus órganos parlamentarios, son unicamerales.
Los senados provinciales no representan ni a Estados federados, como en el orden nacional, y los Estados federales; ni a una clase social distinta; ni a intereses corporativos, como ocurre con la Legislatura del Chaco y la Constitución de 1954. Allí, sus integrantes son votados en departamentos que no tienen entidad institucional, son meros dibujos en el mapa, ya que tampoco el número de miembros del Senado es proporcional a los habitantes que tienen.
En mi opinión, la experiencia de la provincia de Córdoba, más allá de algún defecto que pueda tener su reglamento, demuestra que es mejor, más ágil y adecuado con las necesidades de nuestras provincias la vigencia de un sistema unicameral.
Jorge Gentile
Abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba
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