El intendente provisorio de la capital, Domingo Amaya, aseguró que el cuerpo de auditores del municipio avanza en la determinación de la deuda con la empresa 9 de Julio (recolectora de residuos). Remarcó que la intención es no llegar a un pleito judicial.
"La fiscalía, la contaduría y los auditores municipales están trabajando en base al contrato original. Ellos van a decir cuánto se debe pagar. En esa suma voy a basarme. Cuando ellos expresen mediante informe escrito cuánto tengo que pagar, pago y nada más", afirmó.
El jefe municipal negó que exista un monto ya establecido de $ 24 millones, como había trascendido en los últimos días. "No tengo ese dato. ¿Quién ha dicho $ 24 millones?", preguntó Amaya a los periodistas que lo entrevistaron ayer en Casa de Gobierno.
"Se hace un cálculo, pero después opina otro auditor y dice si hay que corregir algo. Es así, porque no estamos pagando $ 2.000, se trata de mucha plata", precisó.
El 17 de diciembre de 2004, el Concejo Deliberante de la capital autorizó a Amaya a pagar $ 16 millones a la empresa privada en concepto de deuda.
En aquella sesión, los ediles peronistas Armando Cortalezzi y Juan Carlos Mamaní defendieron ese monto. Ambos habían coincidido en que la deuda con la firma recolectora de residuos era de $ 41 millones y que pagar $ 16 millones era un buen negocio para el municipio. En cambio, la concejala Carolina Vargas Aignasse (PJ) se distanció de los amayistas y votó en contra. En sus fundamentos había advertido que en el futuro se afectaría el erario municipal.
Los radicales Raúl Pellegrini, Gustavo Usandivaras, José Luis Avignone y Federico Romano Norri (UCR) también rechazaron la postura oficialista. A ellos, además, se sumó el concejal Eduardo de Zavalía (Frente Anticorrupción).
Ahora, en el municipio no se descarta que el monto pueda ser mayor a los $ 16 millones que autorizó el Concejo Deliberante. Se estima que en 10 días podrá definirse la cifra.
Apuran la corrección de pliegos licitatorios
Los pliegos para llamar a licitación por el servicio de recolección de residuos figuran en la agenda de prioridades del Concejo Deliberante de la capital. El objetivo, según el titular del cuerpo, Ramón Cano (PJ), es que el tema se defina en abril, como plazo máximo.
Paralelamente, los concejales Miguel Brito (FR), Carlos Assán (PJ) y Gustavo Usandivaras (UCR) regresaron ayer de Buenos Aires. Allí recabaron información sobre las pautas que establece el Banco Mundial para el tratamiento de los residuos sólidos. "Esas recomendaciones serán incorporadas al pliego para que en el futuro no quedemos fuera de foco en caso de requerir financiamiento de ese organismo internacional", dijo Usandivaras.
Además visitaron la Municipalidad de San Isidro, a la que consideran un modelo en cuanto a tratamiento de la basura. "Vamos a modernizar el pliego con recomendaciones lógicas que hasta ahora no figuran en los documentos que presentó el municipio", remarcó.
"La fiscalía, la contaduría y los auditores municipales están trabajando en base al contrato original. Ellos van a decir cuánto se debe pagar. En esa suma voy a basarme. Cuando ellos expresen mediante informe escrito cuánto tengo que pagar, pago y nada más", afirmó.
El jefe municipal negó que exista un monto ya establecido de $ 24 millones, como había trascendido en los últimos días. "No tengo ese dato. ¿Quién ha dicho $ 24 millones?", preguntó Amaya a los periodistas que lo entrevistaron ayer en Casa de Gobierno.
"Se hace un cálculo, pero después opina otro auditor y dice si hay que corregir algo. Es así, porque no estamos pagando $ 2.000, se trata de mucha plata", precisó.
El 17 de diciembre de 2004, el Concejo Deliberante de la capital autorizó a Amaya a pagar $ 16 millones a la empresa privada en concepto de deuda.
En aquella sesión, los ediles peronistas Armando Cortalezzi y Juan Carlos Mamaní defendieron ese monto. Ambos habían coincidido en que la deuda con la firma recolectora de residuos era de $ 41 millones y que pagar $ 16 millones era un buen negocio para el municipio. En cambio, la concejala Carolina Vargas Aignasse (PJ) se distanció de los amayistas y votó en contra. En sus fundamentos había advertido que en el futuro se afectaría el erario municipal.
Los radicales Raúl Pellegrini, Gustavo Usandivaras, José Luis Avignone y Federico Romano Norri (UCR) también rechazaron la postura oficialista. A ellos, además, se sumó el concejal Eduardo de Zavalía (Frente Anticorrupción).
Ahora, en el municipio no se descarta que el monto pueda ser mayor a los $ 16 millones que autorizó el Concejo Deliberante. Se estima que en 10 días podrá definirse la cifra.
Apuran la corrección de pliegos licitatorios
Los pliegos para llamar a licitación por el servicio de recolección de residuos figuran en la agenda de prioridades del Concejo Deliberante de la capital. El objetivo, según el titular del cuerpo, Ramón Cano (PJ), es que el tema se defina en abril, como plazo máximo.
Paralelamente, los concejales Miguel Brito (FR), Carlos Assán (PJ) y Gustavo Usandivaras (UCR) regresaron ayer de Buenos Aires. Allí recabaron información sobre las pautas que establece el Banco Mundial para el tratamiento de los residuos sólidos. "Esas recomendaciones serán incorporadas al pliego para que en el futuro no quedemos fuera de foco en caso de requerir financiamiento de ese organismo internacional", dijo Usandivaras.
Además visitaron la Municipalidad de San Isidro, a la que consideran un modelo en cuanto a tratamiento de la basura. "Vamos a modernizar el pliego con recomendaciones lógicas que hasta ahora no figuran en los documentos que presentó el municipio", remarcó.
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